A 30 años de la Reforma Electoral que benefició a partidos, no a ciudadanos
A tres décadas de la reforma zedillista, revisaremos los baches que enfrentó entre discordias partidistas y por qué terminó de posicionarse como una ayuda a los partidos y no a los votantes
Texto: Liza Luna
En su toma de protesta como presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León dijo: “los mexicanos queremos una vida democrática a la altura de nuestra historia [...] sin embargo, los avances democráticos son aún insuficientes”.
A punto de cerrar el siglo XX y con una de las peores crisis económicas apretando el cuello de todos, los mexicanos acumularon 70 años bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional.
Robo de elecciones, gastos desmedidos, uso de instituciones para beneficio partidista, amenazas y mentiras destrozaron la esperanza democrática del electorado, pero para 1996 ya no podían hacerse de la vista gorda.
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Desde que llegó al poder, Zedillo convocó a todos los partidos políticos a “participar con espíritu franco y resuelto en la democratización integral de nuestra nación” y así inició la preparación para la reforma electoral, un ejercicio que legitimó aspectos de las votaciones mexicanas, pero que también perpetuó mañas políticas para que algunos se mantuvieran en el poder.
Las principales fuerzas políticas encabezaron la reforma
El reto estaba sobre la mesa: reformar el modelo electoral mexicano para que, por fin, se considerara democrático y legítimo.
Como presidente, Ernesto Zedillo podía enviar su propia propuesta de reforma al congreso para su evaluación y aprobación. El PRI, como partido en el poder, también pudo imponer las modificaciones constitucionales que mejor le acomodaran, pero el objetivo era que la mayoría de las facciones políticas del país crearan un proyecto en conjunto y así restaurar la confianza popular en los procesos de votación.
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El 17 de enero de 1995 se firmó el Acuerdo Político Nacional por la reforma electoral en Los Pinos, un trato convenido entre dirigentes de los cuatro partidos con representación en la Cámara de Diputados: del PRI, María de los Ángeles Moreno; por el PAN, Carlos Castillo Pedraza; PRD, Porfirio Muñoz Ledo; y del PT, Alberto Anaya.
Todos prometieron diálogo por la democracia y prontitud para tener lista una propuesta constitucional completa, pero “del dicho al hecho hay mucho trecho” y en diferentes etapas del proceso, tanto PRI, PAN, PRD y PT tuvieron fuertes desacuerdos. Su forma de expresar alguna inconformidad era abandonando la discusión.
Para mediados de 1995 se instauró el Seminario del Castillo de Chapultepec, un espacio de discusión entre consejeros ciudadanos del entonces Instituto Federal Electoral, representantes de los partidos políticos, académicos y especialistas.
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Su organización corrió a cargo de Santiago Creel, José Agustín Ortiz Pinchetti y Jaime González Graf, entonces consejeros civiles del IFE. A su consideración, cualquier proyecto democrático para México debía cumplir 10 conceptos fundamentales:
- Dar total autonomía e independencia al IFE del Poder Ejecutivo
- Control constitucional en materia electoral
- Fiscalización en el financiamiento de partidos, dando prioridad al dinero público sobre el privado e igualdad en topes de gastos de campaña
- Equidad en el acceso a medios de comunicación
- Prohibición del uso de colores y símbolos patrios
- Desaparecer el registro condicionado y permitir sólo registro definitivo
- Facilidad para coaliciones y candidaturas comunes o independientes
- Establecer una Cédula de Identidad Ciudadana
- No identificar programas públicos y partidarios
- Prohibir la afiliación colectiva a partidos
Este Seminario del Castillo de Chapultepec trabajó durante meses para facilitar la redacción de la reforma y para enero de 1996, entregó un detallado listado de 60 puntos por la democracia, aunque no todos llegaron a su aprobación en las cámaras.
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Otra sede de discusiones estuvo en la calle Barcelona número 32, organizada por la Secretaría de Gobernación, bajo el nombre “Mesa de Barcelona”. Ahí se reunieron representantes de la dependencia como el entonces secretario Emilio Chuayffet y legisladores de los partidos preponderantes, sin presencia ciudadana o académica.
El debate no estuvo libre de baches y el principal caso de descontento que permeó las negociaciones ocurrió cuando el PAN retiró a sus representantes de la Mesa de Barcelona por un conflicto en Huejotzingo, Puebla.
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En febrero de 1996, el Tribunal Electoral poblano revocó la victoria del candidato panista Juan Meneses Pérez a la presidencia municipal de Huejotzingo y en su lugar puso al priísta Miguel Ángel Martínez Escobar. En ese entonces, Puebla tenía como gobernador al “duro priísta”, Manuel Barlett, y según decían las malas lenguas, fue él quien inclinó la balanza “democrática” en favor de su partido.
Tras la resolución del Tribunal Electoral Estatal, el entonces dirigente del PRI en Puebla, Ignacio Mier Velazco, aseguró que los panistas y en especial su lideresa local, Ana Teresa Aranda de Orea, “se aprovechan del ambiente de democracia y de su condición de mujer; yo no le puedo contestar como se merece, porque es mujer".
Ante tales acciones antidemocráticas, pobladores y militantes del PAN tomaron el Palacio Municipal de Huejotzingo, acusaron a Barlett de ser “el mayor obstáculo para la democracia” y orillaron a Martínez Escobar a pedir licencia al cargo.
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Después de un tenso diálogo entre Acción Nacional y PRI, se estableció un “cabildo de negociación”, conformado en su mayoría por panistas y, meses después, quedó su militante Heriberto Ramírez Cerón como presidente municipal. A pesar de salir victoriosos en el municipio poblano, el PAN no regresó a las mesas de negociación para la reforma electoral y mejor esperó al debate en cámaras legislativas.
La primera en tener tanto apoyo entre bancadas
A 16 meses de firmar el Acuerdo Político Nacional, PRI, PRD y SEGOB por fin terminaron la redacción de un proyecto de reforma electoral. Para el 25 de julio de 1996, el presidente Ernesto Zedillo y todos los líderes parlamentarios de las Cámaras de Diputados y Senadores la firmaron y respaldaron para su aprobación.
“La iniciativa que hoy se suscribe es un paso decisivo para que nuestros procesos electorales se realicen bajo normas e instituciones que aseguren la legalidad y transparencia”, declaró el entonces mandatario.
Fue el 31 de julio que se dio la histórica votación en la Cámara de Diputados, dando como resultado una aprobación por unanimidad con 455 legisladores presentes. Ese rotundo “sí” a la reforma fue la primera ocasión que una propuesta no realizada por el Ejecutivo, sino por unión entre partidos, se aprobaba con tal celeridad; para el 2 de agosto, también tuvo aceptación unánime en el Senado.
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A grandes rasgos, la reforma electoral aprobada en 1996 trajo los siguientes cambios: el Instituto Federal Electoral quedó fuera de la jurisdicción del Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación perdió la dirigencia del organismo. El Tribunal Electoral se integró al Poder Judicial de la Federación y pudo calificar elecciones presidenciales, responsabilidad –hasta entonces– de la Cámara de Diputados.
Se redujo el máximo de diputados para un solo partido, de 315 a 300. En la Cámara de Senadores, se modificó el número de legisladores: los elegidos por mayoría pasaron de tres a dos por estado, uno más por minoría y 32 de representación proporcional.
Se fijó tope de financiamiento, además de priorizar los fondos por vía pública en lugar de fuentes privadas, “a fin de disminuir el riesgo de que intereses ilegítimos puedan comprometer los verdaderos fines de los partidos, enturbiar el origen de los recursos y hacer menos equitativa la contienda”, según indicó EL UNIVERSAL tras su aprobación.
La afiliación a partidos ya sólo sería individual, pues para entonces todavía se engrosaban las filas partidistas con sindicatos y trabajadores en colectivo. Se podía votar desde el extranjero o fuera del distrito donde se residía.
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Y por primera vez, se estableció la elección por voto popular para el puesto de regente del Distrito Federal, que hasta ese momento se obtenía por designación presidencial.
Reforma de 1996: “más de lo que se esperaba, menos de lo que se necesitaba”
Después de décadas bajo un sistema cuestionable de votaciones, cualquier cosa fue ganancia para México, pero la reforma electoral del sexenio zedillista tampoco fue el ejercicio ejemplar de apertura democrática que se prometió. Tal como dijo Carlos Ramírez en su editorial del 29 de julio de 1996, “fue más de lo que se esperaba, menos de lo que se necesitaba. Ni una transición pactada, ni el regreso a la ortodoxia”.
El columnista de EL UNIVERSAL afirmó el primero de agosto del 96 que las modificaciones electorales avanzaron sólo porque “el PRI no tenía de otra” y de alguna forma tenía que soltar las riendas del país, pero el partido oficialista no se dejó derrotar tan fácil y se aseguró de dejar tres “vetos con dedicatoria política”.
Primer veto: prohibir la reelección de regentes del Distrito Federal, dedicatoria que parecía hecha a la medida para Manuel Camacho Solís, encargado de la capital durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
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El secreto a voces en la Cámara de Diputados fue que Ernesto Zedillo empujó ese “candado” a última hora para ahogar las aspiraciones presidenciales del ex emisario de la reconciliación en Chiapas, pues Camacho Solís podría usar al DF como trampolín y colarse a la “grande”.
Manuel Camacho aseguró ser víctima de “represalia política” y de un “acto de apartheid” al impedirle ser gobernante de la capital por segunda ocasión, además de acusar a Zedillo y Chuayffet de tener una “obsesión” contra él, comparándolo con el rechazo que Salinas de Gortari tenía frente a Cuauhtémoc Cárdenas.
Segundo veto: no a la reelección de consejeros del IFE. Presunta tirada zedillista contra Santiago Creel y José Ortíz Pinchetti, pues estos dos personajes “incomodaron al PRI” y su plan fue “sacarlos del gobierno del IFE para que no quedaran importantes figuras promotoras de la democracia”, según describió Carlos Ramírez en su columna.
Tercer veto (y tal vez el más doloroso): bloqueo a las candidaturas independientes. A pesar de estar dentro del proyecto inicial para la reforma, se desechó la propuesta de que ciudadanos no afiliados a partidos políticos contendieran por puestos de elección popular; así se protegieron los intereses partidistas.
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Según indicó nuestro columnista, “las agrupaciones ciudadanas fuera de los partidos eran las más interesadas en una reforma electoral para la transición; ahora esa transición sólo estará en manos de partidos políticos registrados, no de ciudadanos”.
Parecería que la reforma electoral le salió bien a Ernesto Zedillo, uno de los pocos priístas que encabezó certeros cambios por la democracia y que, de paso, se deshizo de algunos indeseables, pero el karma le regresó rápido y por su propio partido.
En su editorial del 26 de septiembre de 1996 para EL UNIVERSAL, Macario Schettino reportó que dos fuerzas se disputaban el alma del PRI: los tecnócratas en el gabinete económico de Zedillo y “la vieja guardia o dinosaurios”, miembros bien anclados a los principios revolucionarios y añejos del partido en el poder.
Esa facción de “duros priístas hueso colorado” fue responsable de entorpecer algunas discusiones por la reforma electoral, renuentes a soltar el poder. Según comentó Alberto Anaya, entonces líder del Partido del Trabajo, los “dinosaurios” bloquearon pactos de la Mesa de Barcelona y parecían dispuestos a “utilizar presupuestos y el aparato del Estado para sacar adelante las elecciones en favor del PRI”.
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El golpe contra Zedillo se dio en la XVII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en septiembre de 1996, donde se pusieron candados para las futuras candidaturas priístas a presidente, gobernador o senador.
Según sus parámetros democráticos y para dejar atrás el “dedazo”, la “vieja guardia” exigió a sus futuros aspirantes: tener al menos 10 años de militancia, ser dirigente de algún sector del priísmo y, sobre todo, haber ocupado cargos de elección popular.
Con estas simples condiciones, las mejores cartas de Ernesto Zedillo para su sucesor fueron inservibles, pues ninguno participó antes en elecciones ni habían sido líderes priístas. Fue como recibir una cucharada de su propia medicina por permitir que el PRI perdiera terreno en la política nacional.
El año de 1996 fue un parteaguas para lo que México asimiló como democracia. La reforma electoral dejó grandes cambios y garantías, como la autonomía del IFE o el voto popular para elegir Jefe de Gobierno, pero también fue evidente la egoísta lucha entre partidos y la protección del status quo en la cúpula de poder.
La reforma electoral de 1996 no fue hecha para los ciudadanos, sino para los partidos políticos. Puede que nuestro voto ahora sí contara, pero lo haría para perpetuar la alternancia entre los mismos nombres de siempre.
- Fuentes:
- Hemeroteca EL UNIVERSAL
- 1996 Reforma político electoral - Memoria Política de México
- 1996 Propuestas electorales del Seminario del Castillo de Chapultepec - Memoria Política de México
- 1996 La reforma política, Ernesto Zedillo - Memoria Política de México
- Aguilar, H. (4 mayo 2020). ¿Qué fue el Seminario del Castillo de Chapultepec y por qué cambió la vida política de México? En Intolerancia.
- Decreto Reforma Electoral - Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Guerrero, S. (17 julio 1996). Gobernación: la reforma estará lista para las elecciones de 97. En La Jornada.
- Terrazas, R. (2022). Evolución histórica de las instituciones de la justicia electoral en México. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.