Hace unos días, jueces federales de Estados Unidos pidieron al Congreso retirar al Poder Ejecutivo la administración de los edificios donde trabajan. La solicitud no surgió por una disputa presupuestal ni por desacuerdos políticos sino porque, durante años, diversos tribunales han enfrentado filtraciones, moho, sistemas de aire acondicionado averiados e incluso agua potencialmente contaminada sin que las reparaciones llegaran con la rapidez necesaria. Para los jueces, el problema no es únicamente el deterioro de los inmuebles, es que un poder del Estado dependa de otro incluso para mantener en funcionamiento los espacios donde se imparte justicia.
Parece una discusión sobre mantenimiento, pero realidad es una discusión sobre separación de poderes. Cuando hablamos de independencia judicial solemos concentrarnos en los grandes temas constitucionales: quién nombra a los jueces, cuánto dura su encargo, cómo pueden ser removidos o cuál es el alcance de sus facultades. Si bien son preguntas indispensables, no son las únicas. El caso estadounidense recuerda que existe otra dimensión, mucho menos visible, que rara vez forma parte del debate público: las condiciones materiales que hacen posible impartir justicia.
Un tribunal no funciona únicamente gracias a las normas, también necesita edificios seguros, salas de audiencia, archivos, sistemas informáticos, tecnología y espacios adecuados para atender a quienes acuden en busca de una respuesta del Estado. Todo eso parece secundario hasta que deja de funcionar. Entonces descubrimos que la justicia también depende de cuestiones tan aparentemente mundanas como una instalación eléctrica, un elevador, o una fotocopiadora o impresora con toner.
No es casualidad que estas preguntas hayan comenzado a estudiarse desde disciplinas distintas al derecho. El diseñador colombiano Santiago de Francisco Vela, desde el Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes, ha mostrado que el acceso a la justicia también depende del espacio construido. La manera en que una persona entra a un edificio judicial, encuentra una ventanilla, espera una audiencia o recorre un tribunal influye en la percepción que tiene del sistema de justicia. Los edificios también comunican y pueden transmitir apertura o intimidación, cercanía o exclusión. La arquitectura no sólo alberga a las instituciones; también expresa la forma en que éstas entienden su relación con la ciudadanía.
El caso estadounidense añade una dimensión distinta a esa reflexión. No sólo importa cómo experimentan la justicia quienes acuden a los tribunales. También importa que quienes la imparten cuenten con las condiciones materiales para hacerlo con verdadera autonomía. Un edificio deteriorado deja de ser únicamente un problema de mantenimiento cuando el tribunal depende de otro poder para repararlo. La discusión también invita a mirar hacia adentro. En México hemos dedicado meses a debatir la integración de la Suprema Corte, y sus resoluciones. Son temas fundamentales, pero corremos el riesgo de concentrarnos exclusivamente en la cúspide del sistema e ignorar el lugar donde la mayoría de las personas realmente entra en contacto con la justicia: los tribunales locales.
Para millones de mexicanos, la justicia no empieza en la Suprema Corte. Empieza en un juzgado familiar donde se disputa la custodia de un hijo, donde se reclama una pensión alimenticia, en un tribunal laboral, en un juzgado penal o incluso en una oficina del Registro Civil. Es ahí donde se construye o se rompe la confianza en el sistema de justicia. Es ahí donde las personas descubren si el Estado es capaz de resolver sus conflictos con dignidad, oportunidad y respeto.
Vale la pena preguntarnos entonces en qué condiciones funcionan esos espacios. ¿Qué comunica un juzgado saturado, con expedientes apilados en el piso, salas de espera insuficientes o instalaciones deterioradas? No se trata de una cuestión estética; se trata de entender que la forma en que el Estado organiza y cuida los lugares donde imparte justicia también influye en la confianza que las personas depositan en sus instituciones. La arquitectura judicial no sólo comunica una idea de justicia; también condiciona la posibilidad de ejercerla.
La historia que hoy se discute en Estados Unidos tiene en el centro temas como con una tubería rota. Sin embargo, la pregunta que plantea trasciende ese caso: ¿qué dicen los edificios donde impartimos justicia sobre la importancia que realmente le damos a la justicia?
Quizá ha llegado el momento de mirar con más atención nuestros propios tribunales. No sólo la Suprema Corte, sino también los juzgados familiares, civiles, laborales y penales donde transcurre la vida cotidiana del sistema judicial.
Al final, los edificios judiciales nunca son simples edificios. Son una expresión de cómo un Estado entiende la justicia y del lugar que está dispuesto a darle entre sus prioridades. Quizá la próxima gran conversación sobre el sistema judicial mexicano no deba limitarse a quiénes imparten justicia, sino también a los espacios y las condiciones desde los que la imparten. Vale la pena mirar con atención nuestros juzgados familiares, civiles, laborales y penales para preguntarnos si las condiciones en las que trabajan jueces y servidores públicos son compatibles con la justicia cotidiana que se busca ofrecer a la ciudadanía.
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