Rocha Moya: 142 días y Trump exige detener a los “narcopolíticos”

Han pasado 142 días desde que Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La petición llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 28 de abril y fue turnada a la FGR. México no ha detenido al gobernador ni a los otros imputados, mientras que dos de los acusados que cruzaron la frontera ya están bajo custodia estadounidense.

La fecha cobra relevancia por dos temas que se cruzaron durante los festejos patrios. La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su segundo Grito con una arenga que sintetizó la posición de su gobierno frente a Estados Unidos. “¡Viva México libre, independiente y soberano!”, exclamó en el Zócalo. La soberanía ha sido su principal argumento para rechazar cualquier intento de intervención y exigir pruebas contra los funcionarios mexicanos señalados.

Ese mismo 15 de septiembre, Donald Trump presentó al Congreso estadounidense su determinación anual sobre los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas. El documento, difundido al día siguiente por el Departamento de Estado, colocó sobre la mesa una nueva exigencia. México debe “identificar, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que se han coludido con los cárteles”, escribió el presidente. Esos servidores públicos, agregó, han traicionado “la seguridad y la soberanía de su propio país”. Es la primera vez que lo plantea expresamente en una determinación sobre México.

La coincidencia expuso las dos posiciones que chocan y sacan chispas en la relación bilateral. Sheinbaum reivindica la soberanía para que cualquier acusación se investigue y juzgue en México. Trump sostiene que los funcionarios coludidos con los cárteles son quienes la han vulnerado. Estados Unidos no quiere sólo laboratorios destruidos, decomisos y capos detenidos. El objetivo también son las redes políticas y gubernamentales que permiten operar al narcotráfico.

El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntamente conspirar con Los Chapitos para introducir drogas a Estados Unidos. En la lista aparecen el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el vicefiscal Dámaso Castro y antiguos mandos de seguridad. La acusación sostiene que recibieron sobornos, filtraron operativos y pusieron estructuras gubernamentales al servicio del Cártel de Sinaloa.

Juan Valenzuela, exmando de la policía de Culiacán, está acusado además de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y uno de sus familiares. Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona y Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregó voluntariamente. Ambos comparecieron ante una corte federal en Manhattan.

Rocha Moya pidió licencia, intentó regresar a la gubernatura en agosto y volvió a separarse después de que Sheinbaum consideró inapropiada su decisión. La UIF congeló preventivamente cuentas de algunos señalados, pero la investigación mexicana no ha producido consignaciones. La FGR sostiene que Estados Unidos no acreditó los elementos ni la urgencia necesarios para ejecutar las detenciones.

El expediente se nutre de testimonios de colaboradores, información financiera y datos obtenidos en las negociaciones judiciales contra Los Chapitos. La preocupación en Morena es que se utilicen para reconstruir no sólo las rutas del fentanilo, sino las redes políticas que hicieron posible su operación.

La presión comenzó antes. Desde febrero de 2025, Marco Rubio y su equipo pidieron en al menos tres reuniones que México investigara y procesara a políticos relacionados con el crimen organizado, incluso si pertenecían a Morena, y plantearon su extradición si existían cargos en Estados Unidos. Reuters reveló que fueron mencionados cinco funcionarios en activo y un exsenador. La Cancillería negó haber recibido una lista, pero el Departamento de Estado no desmintió la exigencia contra los “actores corruptos” que facilitan a los cárteles.

El gobierno de Trump también ha utilizado las visas. Más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría relacionados con Morena, perdieron el documento, según funcionarios estadounidenses citados por Reuters. El director de la DEA, Terrance Cole, habló además de una “conexión mortal” entre los cárteles y el gobierno mexicano. Sheinbaum rechazó la declaración por carecer de pruebas.

Trump ya convirtió la detención y el procesamiento de funcionarios mexicanos en uno de los parámetros con los que evaluará la cooperación de México. Sheinbaum celebró la Independencia con un llamado a defender la soberanía y el presidente estadounidense sostuvo que esa soberanía también ha sido traicionada desde dentro. Entre ambas posiciones permanece el expediente de Rocha Moya, inmóvil desde hace 142 días en los escritorios de la FGR.

Posdata 1

Hablando de la FGR, de no creerse lo que su titular, Ernestina Godoy, dijo en su llegada al Zócalo para presenciar el desfile militar. La fiscal negó que existan órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán, el amigo y exsocio de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. “No, no hay nada”, respondió. Ante la misma pregunta sobre el hijo del expresidente López Obrador contestó: “Tampoco”. La precisión es importante: Godoy habló de órdenes de captura; no dijo que las investigaciones estuvieran cerradas ni que existiera una resolución exculpatoria.

Trascendió que la Secretaría de Hacienda presentó en marzo una declaratoria de perjuicio ante la FGR y solicitó proceder penalmente por presuntos delitos fiscales relacionados con Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada a Olán. La acusación sostiene que en 139 operaciones de importación de combustibles se reportaron cantidades inferiores a las que realmente ingresaron al país, con un daño calculado en más de 834 millones de pesos al erario. La compañía es administrada por Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza de Olán.

En el caso de Andy López Beltrán no existe, hasta ahora, una acusación formal ni una orden judicial. Su nombre aparece por la cercanía personal y empresarial de Olán con los hijos del expresidente, no porque la FGR haya informado que esté imputado en el expediente.

La fiscal tampoco respondió cuando se le preguntó por el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Todo indica que la FGR ya tomó su rumbo hacia la justicia selectiva; la que no afecte a Morena ni al movimiento.

Posdata 2

La mini reforma fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum ya empezó a generar ruido entre los empresarios. Bloomberg publicó que los cambios incluidos en el Paquete Económico 2027 podrían aportar hasta 140 mil millones de pesos adicionales a la recaudación, pero también afectar a compañías que operan con márgenes reducidos. Es el mismo riesgo que advertí aquí la semana pasada al explicar el nuevo límite a las deducciones.

La fórmula de Hacienda es no subir la tasa de ISR ni tocar el IVA, pero sí cambiar la manera en que algunas empresas podrán deducir sus gastos y calcular su base gravable. El problema es que el mecanismo puede alcanzar no sólo a empresas que simulan operaciones o acumulan pérdidas fiscales, sino también a negocios legítimos con altos ingresos y márgenes de 3, 4 o 5%.

La discusión de fondo es que Hacienda necesita más ingresos para 2027 y decidió evitar una reforma fiscal abierta. En su lugar está armando una mini reforma por partes, con límites a deducciones, controles sobre pérdidas fiscales, mayor fiscalización y medidas contra la evasión y el contrabando.

Como adelanté en esta columna, la reforma fiscal sí llegó, sólo que, por obvias razones electorales, el gobierno decidió no llamarla así.

Posdata 3

TV Azteca dio un paso relevante en la reorganización de sus pasivos. La televisora presentó ante una corte del Distrito Sur de Nueva York una solicitud bajo el Capítulo 15 de la legislación estadounidense para que el concurso mercantil que ya se desarrolla en México sea reconocido formalmente en Estados Unidos. El movimiento busca concentrar la reestructura en un solo procedimiento y evitar procesos paralelos en distintas jurisdicciones.

El punto es importante porque el Chapter 15 no significa que TV Azteca haya iniciado otro concurso o una segunda reorganización en Estados Unidos. Es un procedimiento auxiliar que, de ser reconocido por la corte, permitirá que el proceso mexicano tenga efectos legales del otro lado de la frontera y que los acreedores con intereses en ese país hagan valer sus derechos dentro del concurso mercantil en México.

Entre esos acreedores están The Bank of New York Mellon, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management. La solicitud también busca proteger los activos de TV Azteca en Estados Unidos mientras avanza la reorganización y ordenar la negociación con los distintos grupos de acreedores bajo un mismo procedimiento.

La batalla financiera de la televisora entra así en una nueva etapa, pero el centro de gravedad seguirá estando en México. Si la corte estadounidense concede el reconocimiento, no habrá dos concursos, sino un solo proceso mexicano con efectos en Estados Unidos. Para TV Azteca, el objetivo ahora es ordenar sus obligaciones, alcanzar acuerdos con sus acreedores y avanzar en una reestructura que le permita preservar la operación y fortalecer su posición financiera.

@MarioMal

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