La batalla en Morena y Palacio por las candidaturas de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó el control de las 17 candidaturas de Morena para 2027. Revisa las encuestas y mantiene comunicación permanente con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, para evaluar perfiles y definir quiénes encabezarán las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación.

La presidenta del partido, Ariadna Montiel, no está muy contenta con el escaso margen de maniobra que ha tenido en la selección de candidatos. Su dirigencia se ha reducido a la operación política interna, mientras Citlalli concentra las alianzas y la revisión de los aspirantes. La última palabra está en Palacio Nacional.

Fuentes de la Presidencia y Morena aseguran que Sheinbaum ha recibido personalmente a buena parte de quienes aspiran a competir. Los encuentros se realizan con un grupo reducido de colaboradores y van más allá de medir capacidades electorales. La Presidenta quiere conocer directamente a quienes gobernarán durante la segunda mitad de su sexenio y participarán en la sucesión de 2030.

Los futuros gobernadores llegarán con su aval y, si ganan, le deberán la candidatura. Sheinbaum busca evitar que las administraciones estatales se conviertan en territorios autónomos o cuotas heredadas y reducir la influencia de los mandatarios salientes, varios de los cuales pretenden imponer sucesores para conservar negocios, posiciones y protección política.

El control de las encuestas es una pieza central. Ahí aparece Iván Silva Yanome, fundador de Heurística Comunicación, consultora que participó en las campañas presidenciales de 2018 y 2024 y desde hace años opera para Morena. Silva trabaja cerca de la oficina presidencial y analiza mediciones, escenarios y perfiles. Ese acceso lo convirtió en uno de los operadores más influyentes del círculo de Sheinbaum. Sin embargo, comienza a ser tóxico por las investigaciones que enfrenta en Estados Unidos y porque empresarios que aportaron a las campañas lo tienen en la mira ante el incumplimiento de compromisos que, aseguran, asumió con ellos.

Junto a Silva se encuentra Carlos Augusto Morales, secretario particular de la Presidenta y colaborador suyo desde el gobierno de la Ciudad de México. Ambos procesan información, contienen presiones y comunican decisiones delicadas. Esa función los enfrentó recientemente con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia y cabeza de uno de los grupos más activos del ala radical de la 4T.

Según fuentes de Palacio Nacional, Ramírez Cuevas ha gestionado el ingreso al recinto de personajes interesados en acercarse al gobierno y al proceso electoral. Entre ellos habría perfiles cuestionados y algunos con investigaciones abiertas. Cuando Sheinbaum fue informada, envió a Carlos Augusto e Iván Silva para advertirle que no podía continuar actuando por su cuenta y que, si pretendía hacerlo, debía presentar su renuncia.

El encuentro subió de tono. Ramírez exigió escuchar la instrucción directamente de la Presidenta y pidió hablar con ella. El episodio no terminó en una salida, pero dejó expuesta la disputa por los accesos a Palacio y la interlocución con los aspirantes.

Ramírez Cuevas y Carlos Augusto mantienen influencia sobre distintos grupos, pero ya no operan bajo la misma lógica. El primero conserva vínculos con cuadros políticos, medios y sectores del obradorismo más duro. El secretario particular responde directamente a Sheinbaum y funciona como filtro de su oficina. Silva, aunque sobrado y soberbio, según lo describen sus compañeros, aporta la información electoral con la que se toman varias decisiones.

En el Congreso también se mueven intereses. Ricardo Monreal y Adán Augusto López buscan colocar aliados en las listas legislativas, alcaldías y gobiernos estatales. Ambos tienen estructuras y compromisos acumulados, pero su margen para intervenir en las gubernaturas será menor. Los gobernadores también presionan, mientras el Verde y el PT buscan reservar posiciones para mantener la alianza.

Morena presentará las encuestas como el método para elegir candidatos, pero Sheinbaum no necesariamente postulará a quienes aparezcan en primer lugar. La decisión dependerá también de la lealtad, los antecedentes, el reparto entre mujeres y hombres, los acuerdos con los aliados y el riesgo de entregar un estado a un grupo con agenda propia.

Lo más preocupante para Palacio no está en las gubernaturas. Las encuestas encargadas por la Presidencia y Morena revelan una pérdida acelerada de apoyo entre las clases medias que votaron por Sheinbaum en 2024. En algunas capitales y grandes ciudades, el giro de ese electorado es descrito como escandaloso.

Morena puede conservar gubernaturas como Sinaloa, pese a dos años de violencia y los señalamientos contra Rocha Moya y su grupo. El problema está en las grandes ciudades, donde podría perder distritos federales decisivos. La dirigencia prácticamente da por perdida la mayoría calificada y concentra sus cálculos en conservar, con sus aliados, el control de la Cámara de Diputados. Esa es otra razón por la que Sheinbaum decidió tomar el control del proceso de 2027.

Posdata 1

La reforma constitucional de Claudia Sheinbaum sobre la doble nacionalidad encontró un destinatario que no figuraba en la explicación oficial. Ricardo Salinas Pliego reveló que posee otra ciudadanía y acusó a Morena de modificar las reglas para impedirle competir por la Presidencia en 2030. La iniciativa obligaría a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro.

El detonante público fue Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con ciudadanía estadounidense y aspiraciones presidenciales. Sin embargo, Salinas Pliego convirtió la reforma en un nuevo capítulo de su confrontación con el gobierno. Sostuvo que Morena está dispuesto a afectar políticamente a millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos para cerrarle el paso a un adversario que, según dijo, les provoca “miedo y odio”.

El empresario es hoy el outsider político más visible frente a la 4T y uno de los pocos perfiles opositores con capacidad financiera, exposición mediática y una narrativa propia. Algunas encuestas ya lo colocan al frente de los posibles candidatos de oposición. Territorial le otorgó en julio 32.5% de las preferencias ante una eventual alianza PAN-PRI-MC, más del doble que su competidora más cercana. Todavía no ha confirmado que competirá, pero tiene reconocimiento, una base electoral identificable y margen para crecer. Si la reforma buscaba neutralizarlo, por ahora le permitió asumirse como el adversario presidencial al que Morena pretende detener antes de 2030.

Posdata 2

Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera comenzarán a cruzar información financiera, contable y operativa sobre el robo y contrabando de combustibles. El convenio firmado esta semana exhibe el vacío que existió durante años entre las instituciones responsables de vigilar el mercado. Pemex conocía el volumen de hidrocarburos sustraídos; el SAT y Aduanas registraban las importaciones; la Procuraduría Fiscal recibía los reportes de evasión, y la UIF tenía facultades para seguir cuentas y transferencias. Los datos existían, pero no estaban integrados. Ahora el nuevo titular, Óscar Reyes, lo está haciendo.

Cuando dirigía Pemex, Víctor Rodríguez Padilla reconoció en privado que a la empresa le robaban alrededor de 16 mil barriles diarios de crudo y que las pérdidas por la sustracción de crudo, gasolina, diésel y gas LP rondaban 45 mil millones de pesos anuales. También admitió que la petrolera carecía de sistemas modernos de medición y trazabilidad. El dato contradijo la versión sostenida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que el huachicol había sido prácticamente erradicado.

La dimensión fiscal fue expuesta en octubre de 2025 por Grisel Galeano García, entonces procuradora fiscal de la Federación. La funcionaria declaró que existían 600 mil millones de pesos reportados por huachicol fiscal, pero únicamente 16 mil millones incorporados a querellas. Claudia Sheinbaum aclaró después que los 600 mil millones no constituían una estimación oficial de Hacienda. Aun con esa precisión, la diferencia muestra que sólo 2.7% del daño potencial reportado había llegado a una acción formal.

El acuerdo permitirá que la UIF de Omar Reyes Colmenares cruce los registros de Pemex con empresas, cuentas bancarias, transferencias y beneficiarios finales. Falta conocer si el primer paquete incluirá operaciones del sexenio anterior y nombres de funcionarios, agentes aduanales, importadores y comercializadoras. Ahí se sabrá si el convenio servirá para desmantelar las redes financieras del huachicol o únicamente para coordinar información que el gobierno ya tenía.

Posdata 3

El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suavizaron el recorte a las cuotas que reciben los bancos por los pagos con tarjeta. El nuevo anteproyecto fija para crédito un máximo de 1.30% por operación, más del doble del 0.60% planteado originalmente, aunque por debajo del nivel actual de hasta 1.91%. También establece que, en un periodo de 12 meses, el cobro promedio de cada emisor no podrá superar 1% del monto operado.

La modificación confirma el peso que tuvieron las objeciones de la industria financiera y la presión del gobierno de Estados Unidos. El proyecto original fue suspendido en febrero después de que la oficina del representante comercial estadounidense advirtiera sobre posibles afectaciones a empresas de servicios de pagos de ese país. El asunto se cruzó con la compra de Prosa por parte de Visa y llegó a la agenda bilateral en vísperas de la revisión del T-MEC. Banxico y la CNBV mantuvieron el recorte, pero dieron a bancos y fintech un plazo de tres años para absorberlo gradualmente.

Para débito se conserva el límite de 0.30%, acompañado de un máximo de 10.80 pesos por operación. El golpe para los emisores será menor al calculado con la propuesta anterior, que podía reducir entre 7% y 8% la utilidad antes de impuestos de BBVA y hasta 40% la de Banamex, además de afectar a Nu, Stori y Klar.

Posdata 4

El gobierno federal y la administración de Salomón Jara desplegaron este jueves un operativo contra una presunta red dedicada al cobro de piso, extorsión, despojo y narcomenudeo en la capital de Oaxaca. Las acciones dejaron nueve integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca detenidos, entre ellos su dirigente, Sharon Curiel.

El despliegue fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y contó con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y personal del C5i. Las detenciones derivaron de investigaciones abiertas previamente sobre las actividades atribuidas a miembros de la organización sindical.

Jara aseguró que en Oaxaca nadie está por encima de la ley y que su gobierno no permitirá que grupos o intereses particulares se impongan sobre la tranquilidad de la población o el Estado de derecho. El operativo será relevante en la medida en que las autoridades acrediten las acusaciones ante los tribunales y determinen el alcance de la red, sus fuentes de financiamiento y las posibles conexiones políticas o institucionales que le permitieron operar.

@MarioMal

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