El nuevo apretón fiscal de Hacienda

El Paquete Económico 2027 contiene una especie de mini reforma fiscal. El gobierno de Claudia Sheinbaum no aumenta el IVA ni modifica la tasa general de 30% del Impuesto Sobre la Renta, pero sí cambia las reglas para que algunas empresas terminen pagando más. El objetivo conjunto es elevar la recaudación, combatir la evasión y reducir el déficit. El problema es que algunas de las medidas pueden alcanzar también a compañías que cumplen con el fisco y realizan operaciones legítimas.

Una de las modificaciones más relevantes está en las deducciones. La propuesta aplicará a personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. Para estos contribuyentes, si sus deducciones autorizadas son iguales o inferiores a 96.67% de sus ingresos acumulables, el monto deducible durante el ejercicio quedará limitado a 99% de esas deducciones. Cuando superen ese umbral, el límite será equivalente a 96.67% de los ingresos.

Parece un ajuste pequeño. Para algunas empresas no lo será. Tomemos un negocio que obtiene ingresos por 100 pesos y tiene deducciones autorizadas por 95. Con las reglas actuales tendría una utilidad fiscal de cinco pesos y pagaría 1.50 pesos de ISR. Con la nueva fórmula podrá deducir 94.05 pesos, por lo que su utilidad gravable aumentará a 5.95 pesos y el ISR causado en ese ejercicio subiría a alrededor de 1.79 pesos.

La tasa del ISR seguirá siendo de 30%, pero en ese ejemplo el impuesto causado durante el ejercicio aumenta 19%. El impacto puede ser particularmente importante para empresas que operan con márgenes estrechos. Ahí entran grandes cadenas de autoservicio y retailers como Walmart y Chedraui, pero también distribuidores, mayoristas, comercializadoras como Sanborns y otros negocios donde el costo de la mercancía representa una proporción elevada de los ingresos.

Entre menor sea el margen, mayor puede ser proporcionalmente el efecto de perder un punto de deducibilidad.

Eso ayuda a entender por qué la propuesta encendió alertas durante la elaboración del Paquete Económico. Como contamos la semana pasada, en los primeros borradores hubo gestiones de grandes empresarios ante el gobierno para advertir que algunos de los cambios que se analizaban podían afectar de manera desproporcionada a compañías intensivas en costos y con márgenes reducidos.

Es cierto que Hacienda tiene argumentos para endurecer las reglas. La autoridad identificó 129 mil empresas que reportaron pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales y 54 mil que acumularon al menos cinco años consecutivos en números rojos. En contraste, entre 2021 y 2024 los ingresos acumulables de las personas morales crecieron 9.8% en términos reales.

El gobierno considera que detrás de una parte de esa discrepancia existen deducciones improcedentes, operaciones simuladas y estructuras utilizadas para disminuir artificialmente la base gravable. Combatir esas prácticas no sólo es justificable, sino necesario.

El punto controversial está en el mecanismo elegido. La propia justificación de la reforma señala que Hacienda encontró que, entre determinados contribuyentes, los gastos realizados con empresas que presentan características de factureras representan en promedio alrededor de 1% de sus deducciones. De ahí surge el factor de 99% que ahora pretende aplicar.

Pero una cosa es perseguir una factura falsa y otra reducir de manera general el monto que una empresa puede deducir. La nueva regla no se limita a desconocer una operación simulada previamente identificada, sino que aplica una fórmula a los contribuyentes que entren en el supuesto. Eso significa que una empresa que pueda acreditar que sus compras y gastos son legítimos también podría enfrentar una mayor base gravable y pagar más ISR durante el ejercicio.

Ahí está la discusión de fondo. El SAT quiere cobrar más a quienes evaden, pero el diseño elegido puede terminar cobrando más también a quienes no lo hacen.

Hay otra pieza relevante. El Paquete Económico proyecta un aumento importante en la recaudación del IEPS a combustibles automotrices. Ese incremento, por sí solo, no permite concluir que Hacienda vaya a eliminar los estímulos fiscales ni a liberar el precio de las gasolinas. Parte de la estrategia pasa por aumentar los controles y la fiscalización en la cadena de combustibles para combatir evasión, contrabando y operaciones simuladas.

El gobierno de Sheinbaum necesita más recursos para reducir el déficit y quiere conseguirlos sin pagar el costo político de elevar las principales tasas impositivas. Por eso está buscando dinero en las deducciones, las pérdidas fiscales, una fiscalización más agresiva y otros ajustes al sistema.

Los alrededor de 300 mil millones de pesos adicionales que se buscaban comienzan a tomar forma. La reforma fiscal, al final, llegó por otra vía. No aumentaron las principales tasas de impuestos, pero cambiaron las reglas para recaudar más.

Posdata 1

Hay novedades sobre el caso de Vladimir Sklarov, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en abril pasado de defraudar por al menos 450 millones de dólares al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. La operación se habría realizado mediante préstamos garantizados con acciones de Grupo Elektra que, según la acusación, fueron vendidas sin autorización. Sklarov está preso y en espera de juicio.

Pero hay una pieza de esta historia que merece atención: Tavira Monaco SAM. La firma fue uno de los dos custodios a los que fueron transferidas acciones de Grupo Elektra por más de 400 millones de dólares como garantía de los préstamos y que, según la demanda de Salinas Pliego, no debían venderse salvo que ocurriera un incumplimiento. Tavira Monaco es hoy uno de los seis demandados en el litigio civil que se sigue en Reino Unido, aunque hasta ahora no existe una resolución definitiva que establezca su responsabilidad. El caso comienza además a llamar la atención de medios europeos. Esta semana, EU Reporter puso el foco precisamente sobre Tavira y sus antecedentes.

Las empresas vinculadas al grupo también han enfrentado acciones regulatorias. En septiembre de 2024, la Dubai Financial Services Authority (DFSA) impuso restricciones a la sucursal en Dubái de Tavira Financial Limited, entre ellas la prohibición de captar determinados nuevos clientes. En febrero de este año, la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) de Mónaco ordenó retirar la autorización de Tavira Monaco SAM tras determinar cuatro incumplimientos regulatorios; sin embargo, la medida fue suspendida en mayo mientras se resuelve la impugnación presentada por la firma.

Hay otro dato que llama la atención. Eliot Goodfellow, fundador de Tavira y accionista controlador de Tavira Financial Limited, dejó su cargo como director de esa compañía el 13 de septiembre de 2024, tres días después de que el regulador de Dubái impusiera las restricciones. No existe, hasta ahora, evidencia pública que establezca que su salida estuvo relacionada con esas medidas o con el litigio de Salinas Pliego. EU Reporter buscó a Tavira Financial, Tavira Monaco y al propio Goodfellow para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. También consultó a Morgan Stanley, BBVA y Bank of America, matriz de Merrill Lynch, por las operaciones reportadas con las acciones de Elektra: Morgan Stanley respondió que no haría comentarios y los otros dos no contestaron.

Habrá que estar atentos al juicio contra Sklarov, programado para principios del próximo año en Estados Unidos, y al litigio civil que continúa en Reino Unido. Ahí deberá esclarecerse no sólo qué ocurrió con las acciones valuadas en alrededor de 450 millones de dólares, sino cómo títulos que, según Salinas Pliego, debían permanecer bajo custodia terminaron vendidos, quién autorizó esos movimientos y hasta dónde llegó la participación de cada uno de los intermediarios financieros involucrados en la operación.

Posdata 2

El nuevo presidente del Senado, Higinio Martínez, junto con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador del PAN en la Cámara Baja, Enrique Vargas, acompañaron en Ixtapaluca a Pedro Haces justo cuando el dirigente de CATEM anunció que su organización buscará espacios de representación política en 2027 y reivindicó su autonomía frente a los partidos: “en CATEM no tenemos colores”.

La fotografía por sí sola no acredita una alianza, pero sí exhibe una mesa política transversal ahora que Haces busca convertir la estructura sindical en candidaturas. La CATEM aporta organización y músculo territorial; Haces, la interlocución; y los políticos que lo acompañaron, reconocimiento y eventuales vías de acceso a las boletas.

El asunto se volvió de interés político después de la posición fijada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria dijo que un legislador de Morena no puede promover a otro partido y Morena tendría qué definir las “sanciones”.

Vargas puede argumentar que actúa conforme a los intereses del PAN. Para Monreal e Higinio la explicación es políticamente más delicada. ¿Su presencia fue una cortesía institucional o un respaldo a una operación que busca negociar espacios electorales más allá de las fronteras partidistas?

Posdata 3

Hablando de sindicatos, Noé Jara Cruz, hermano del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, acudió voluntariamente este miércoles a la delegación estatal de la FGR para ponerse a disposición de las autoridades, luego de que distintas versiones lo vincularan con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización cuyos dirigentes e integrantes han sido detenidos en una serie de operativos por investigaciones relacionadas con delitos como extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio. Jara entregó por escrito sus datos personales, domicilio y lugares de trabajo para ser localizado y comparecer si es requerido, y negó pertenecer a la organización; aseguró que su relación con algunos de sus integrantes se limitó al trato institucional que mantuvo con ellos como funcionario del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Jara sostiene que los señalamientos forman parte de un “fuego político” que busca golpearlo a él y a su hermano, el gobernador Salomón Jara. De ahí la relevancia de que haya decidido ponerse a disposición de la autoridad en medio de las investigaciones contra la ASAEO y de los nuevos operativos realizados esta semana. El movimiento busca deslindarlo públicamente de la organización, pero será finalmente el avance de las investigaciones —encabezadas por la Fiscalía de Oaxaca con participación de fuerzas federales— el que determine si existió alguna relación más allá de los contactos políticos e institucionales que el propio Noé Jara reconoce.

@MarioMal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.