El reto del Paquete Económico 2027: consolidar sin hipotecar el futuro

El Paquete Económico 2027 llega en un momento delicado: el riesgo de perder el grado de inversión en los próximos dos años es real. Las calificadoras Moody’s y Fitch nos ubican en el último peldaño y S&P mantiene una perspectiva negativa. Una rebaja encarecería el financiamiento público y privado y terminaría frenando el crecimiento.

El desafío es reducir el déficit sin debilitar más la economía. La Secretaría de Hacienda, en sus Pre-Criterios 2027 planteó bajar el déficit medido en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Su meta es llegar a 3.5% del producto interno bruto (PIB) en 2027, cuando en 2026 será de 4.1%. Para lograrlo, se apoyará en un aumento del superávit primario de 0.5% a 1.1% del PIB y una reducción del gasto programable de 18.6% a 17.0%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera insuficiente ese esfuerzo y propone llevar los RFSP a alrededor de 2.5% para colocar la deuda en una trayectoria descendente y reconstruir el espacio fiscal. No es una recomendación sin fundamento. Entre 20 08 y 2018, los ingresos públicos promediaron 21.9% del PIB y el déficit 2.7%. En el periodo de 2019 a 2026, los ingresos apenas aumentaron sólo 0.4 puntos del PIB, mientras que el déficit subió hasta 4.1% del PIB, casi un punto y medio más.

Mejorar respecto a 2026 no basta

México necesita fortalecer la credibilidad de la consolidación a mediano plazo. La ruta exige ampliar el horizonte de planeación de las finanzas públicas. Ello requiere una arquitectura fiscal con metas vinculantes que trasciendan el año fiscal y consideren el ciclo económico. Las metas fiscales no deberían limitarse al indicador del Saldo Histórico de los RFSP (SHRFSP) —al cual se le descuentan ciertos activos y no es incorrecto hacerlo—. Incluso, el Gobierno debería tomar en cuenta otros indicadores de endeudamiento. Los que siguen los mercados y las agencias calificadoras se fijan en medidas de endeudamiento bruto o con un descuento de activos más acotado. Seguir estos nuevos índices no significa necesariamente reducir la percepción de riesgo fiscal que considera el mercado y las calificadoras, pero permitiría detectar a tiempo cuándo no se va a cumplir una meta interna.

Otra recomendación para reducir el sesgo, a veces optimista en los supuestos: el marco macroeconómico podría tomar como referencia las estimaciones del Banco de México. Alternativamente, puede establecerse un comité fiscal con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión que evalúe los supuestos macroeconómicos y el desempeño fiscal.

La debilidad estructural y cómo atajarla

El problema no es sólo el tamaño y costo de la deuda. La debilidad de los ingresos es cada vez más estructural. La economía creció apenas 0.9% anual en promedio entre 2019 y 2025. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026 se perdieron 776 mil empleos formales mientras se crearon 1.15 millones los informales. Esta debilidad ya alcanzó a la recaudación: durante el primer semestre el impuesto sobre la renta (ISR) cayó 6.2% real y el ISR empresarial 11.3%. Incluso los ingresos por fiscalización disminuyeron 4.9%, pese a que las acciones fiscalizadoras aumentaron 24%.

Por ello, aumentar la recaudación requiere ampliar la base contributiva mediante crecimiento y formalización, no seguir aumentando la presión sobre quienes ya cumplen. La agenda se puede enfocar en tres aspectos: 1) revisar críticamente los regímenes que incentivan a las empresas a permanecer pequeñas, 2) acelerar los pagos digitales y 3) fortalecer impuestos subnacionales como el predial.

No obstante, la oportunidad fiscal más inmediata está en Pemex. En 2025 entregó al Gobierno alrededor de 240 mil millones de pesos, pero recibió cerca de 396 mil millones en transferencias. El apoyo dejó de ser un riesgo contingente para convertirse en un costo fiscal recurrente que compite con inversión, salud, educación y seguridad. Cualquier apoyo debería condicionarse a indicadores públicos de rentabilidad y creación de valor.

Al mismo tiempo, Pemex ofrece una de las pocas palancas de liquidez fiscal en el corto plazo: exportar más crudo cuando resulte más rentable que refinarlo internamente y revisar el derecho que paga al Gobierno. Una modificación calibrada de su régimen fiscal podría recuperar una contribución neta razonable y reducir los riesgos sobre la calificación crediticia.

El otro peligro está en dónde recaiga el ajuste. Con pensiones, participaciones e intereses difíciles de reducir, la inversión física —hoy alrededor de 1.6% del PIB— vuelve a ser el blanco más fácil. Consolidar recortando inversión puede resolver el déficit de hoy sacrificando el crecimiento y la recaudación de mañana. México debería establecer pisos presupuestales plurianuales para inversión, salud, justicia y cuidados, revisar el gasto que crece automáticamente y eliminar programas que no demuestren retornos sociales.

La ventana es estrecha

La estrategia que persiga el Paquete Económico 2027 debe combinar menor déficit, recuperación de los ingresos petroleros, protección de la inversión y el capital humano, protección de la base contributiva y una nueva arquitectura fiscal que alinee las metas nacionales con las métricas que determinan nuestra percepción de riesgo. Este paquete debe tener como objetivo preservar el grado de inversión. Es una prioridad macroeconómica. La sostenibilidad fiscal no tiene que competir con el crecimiento ni con la política social; es una condición para preservarlos.

Directora general de México Evalúa. @mariana_c_v

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