La nueva frontera política 

Durante mucho tiempo nos acostumbramos a entender la política a partir de una división que parecía suficiente: izquierda y derecha. Nunca fue una clasificación exacta y sus significados han cambiado según el momento histórico y el país, pero servía para identificar posiciones más o menos reconocibles sobre la igualdad, la distribución de la riqueza, el papel del Estado, la propiedad, los derechos sociales o la conservación de determinadas instituciones y valores.

La pregunta es si hoy esa división sigue siendo suficiente para entender lo que está ocurriendo.

No creo que izquierda y derecha hayan desaparecido, ni que sus diferencias sean irrelevantes. Siguen existiendo discusiones de fondo sobre política económica, impuestos, programas sociales, derechos laborales, seguridad, migración, igualdad o intervención del Estado que pueden ubicarse razonablemente en ese eje. Sin embargo, cada vez resulta más difícil explicar sólo a partir de él algunos de los fenómenos políticos más importantes de nuestro tiempo.

Parte del problema es que muchas políticas que históricamente identificábamos con una determinada ideología se mantienen en el discurso, pero han perdido en la práctica buena parte de los principios que las justificaban. Una política social destinada a disminuir desigualdades, ampliar oportunidades o garantizar condiciones mínimas de vida responde a una concepción del Estado tradicionalmente asociada con la izquierda. Utilizar programas sociales para construir lealtades políticas, condicionar conciencias o convertir derechos en favores que deben agradecerse electoralmente es algo muy distinto. No se es más de izquierda por repartir más dinero si el propósito deja de ser construir ciudadanía y se convierte en construir clientelas.

También la derecha puede utilizar sus banderas de manera profundamente antidemocrática. La defensa de la libertad, la propiedad, la seguridad o el orden pierde contenido cuando sirve para justificar exclusiones, negar derechos o tolerar abusos de poder porque los cometen quienes consideramos “de los nuestros”.

Quizá por eso necesitamos agregar otra dimensión al análisis. No para sustituir izquierda y derecha, sino para preguntarnos por la relación que cada proyecto político mantiene con la democracia, el pluralismo y los límites al poder.

Aquí aparece el populismo, aunque conviene no convertir la palabra en un nuevo insulto político. Hay populismos de izquierda y de derecha y no toda política que apela al pueblo es populista. El problema comienza cuando alguien se atribuye la representación exclusiva del “verdadero pueblo” y, desde ahí, divide el espacio público entre quienes forman parte de él y quienes supuestamente lo traicionan, obstaculizan o conspiran en su contra.

Jan-Werner Müller ha señalado el antipluralismo como uno de los rasgos centrales del populismo. Criticar a las élites puede ser perfectamente democrático y muchas veces necesario. Lo que resulta incompatible con una democracia pluralista es sostener que sólo una parte de la sociedad representa legítimamente al pueblo.

El discurso no es inocuo. Repetir durante años que la sociedad se divide entre buenos y malos, pueblo y enemigos del pueblo, patriotas y traidores, conservadores y transformadores termina por modificar la manera en que entendemos la discrepancia. Quien piensa distinto deja de ser un adversario con el que se compite dentro de las mismas reglas y se convierte en alguien cuya legitimidad puede ponerse en duda. La polarización deja entonces de ser una consecuencia del debate político para convertirse en un instrumento de poder.

Y cuando enfrente ya no vemos adversarios políticos sino enemigos, estamos mucho más dispuestos a justificar lo que jamás aceptaríamos si lo hicieran los otros.

Así, el juez que declara inconstitucional una decisión puede ser presentado como alguien que se opone al pueblo; el periodista que investiga al gobierno, como adversario; la organización civil que cuestiona una política pública debe explicar quién la financia, y los órganos creados para controlar al poder terminan descritos como obstáculos para gobernar.

Detrás de todo ello hay una confusión fundamental: ganar una elección otorga el derecho a gobernar, pero no el derecho a controlarlo todo.

La democracia constitucional nunca ha consistido solamente en contar votos. Requiere elecciones libres y auténticas, pero también derechos que no dependen de la voluntad de una mayoría, oposición política, libertad de expresión, división de poderes y jueces independientes. Sobre todo, requiere aceptar límites cuando se tiene el poder suficiente para intentar eliminarlos.

México tiene una fecha que obliga a pensar en esto. El 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al Poder Judicial. Decir que fue aprobada mediante el procedimiento previsto para reformar la Constitución cuenta sólo una parte de la historia.

Su aprobación estuvo rodeada de cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo y sobre las condiciones en las que se consiguió la mayoría calificada. En el Senado se necesitaban 86 votos y hubo exactamente 86. El voto que permitió alcanzarlos fue el de Miguel Ángel Yunes Márquez, elegido por el PAN y hasta entonces integrante del bloque opositor. Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano, no participó en la votación mientras se encontraba en Campeche atendiendo una situación relacionada con su padre; días después explicó que había recibido la noticia de que éste sería llevado ante una autoridad y que podía ser procesado. Su partido denunció presiones y una supuesta retención, mientras las autoridades negaron que hubiera ocurrido.

No pretendo resolver aquí lo que ocurrió en esos episodios ni atribuir responsabilidades que tendrían que ser investigadas y probadas. La pregunta es otra y, a mi juicio, bastante más preocupante: ¿qué autoridad verdaderamente independiente estaba en condiciones de investigarlo?

La reforma estuvo plagada de cuestionamientos formales, procesales y constitucionales que dieron lugar a distintos intentos de control jurisdiccional. Sin embargo, el proceso siguió adelante y terminó produciendo una transformación completa del Poder Judicial: el cese masivo de todas las personas juzgadoras para ser sustituidas por electas popularmente, la terminación anticipada de cargos constitucionales y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para sustituirlo por dos nuevos órganos de administración y disciplina.

No hubo tanques frente a la Suprema Corte. No hubo bombas ni militares tomando el Congreso. Tampoco sostengo que una reforma constitucional y un golpe de Estado sean jurídicamente lo mismo. No lo son.

Pero quizá seguimos buscando las rupturas democráticas en las imágenes del siglo pasado.

Hoy no se necesitan tanques ni bombas para conseguir algunos de los efectos que antes requerían una ruptura abierta del orden constitucional. También pueden debilitarse contrapesos, alterarse los equilibrios entre poderes y disminuir los límites efectivos al gobierno utilizando mayorías legislativas, procedimientos formalmente jurídicos e incluso reformas a la propia Constitución.

Por eso la legalidad formal no puede ser el único parámetro para evaluar la calidad democrática de una decisión. El constitucionalismo surgió precisamente para limitar el poder. Si una mayoría puede utilizar la Constitución para debilitar los controles que la propia Constitución estableció frente a las mayorías, el problema merece algo más que la respuesta de que se reunieron los votos necesarios.

Esta discusión tampoco es exclusivamente mexicana. En distintos países vemos gobiernos de izquierda y de derecha que descalifican a los jueces cuando sus resoluciones les resultan incómodas, atacan a la prensa, utilizan el miedo o el resentimiento como herramienta política, convierten a determinados grupos sociales en enemigos y presentan cualquier límite institucional como una conspiración contra la voluntad popular.

En México hay, además, una paradoja difícil de ignorar. Durante décadas la defensa de los derechos humanos, la crítica a la militarización, la protección de las minorías, la autonomía de los movimientos sociales y la desconfianza frente a la concentración del poder fueron causas asociadas fundamentalmente con la izquierda. Hoy defender algunas de ellas puede bastar para recibir la etiqueta de conservador.

Cuando nuestra ubicación ideológica depende menos de aquello que defendemos que de si apoyamos o criticamos al gobierno, izquierda y derecha dejan de explicar demasiado.

Por eso tampoco creo que debamos sustituirlas sin más por una nueva clasificación entre populistas y demócratas. Sería simplificar nuevamente una realidad mucho más compleja. Pero sí creo que hoy existe una frontera política que importa tanto como aquella: la relación que tenemos con los límites al poder.

Un demócrata puede ser de izquierda o de derecha. Puede querer más Estado o menos Estado, defender políticas redistributivas o mayor libertad económica. Puede estar profundamente en desacuerdo conmigo en casi todo. Lo que no puede hacer es considerar que ganar una elección vuelve ilegítimo a quien piensa diferente, que una mayoría hace innecesarios los contrapesos o que los derechos y las instituciones sólo merecen respeto cuando favorecen su proyecto.

Tal vez ésa sea una de las preguntas que deberíamos empezar a hacer antes de decidir de qué lado está cada quien: no sólo qué propone cuando busca llegar al poder, sino qué está dispuesto a hacer para obtenerlo, ejercerlo y conservarlo.

Porque ser demócrata desde la oposición es relativamente fácil. La verdadera prueba comienza cuando se tiene la mayoría y se acepta que haber ganado no borra a quienes votaron distinto, no vuelve prescindibles los contrapesos ni convierte al proyecto vencedor en la única voz legítima de la sociedad.

Izquierda y derecha seguirán importando. Pero quizá la frontera política decisiva de nuestro tiempo empiece a estar en otro lugar: entre quienes entienden que ganar una elección les da el mandato de gobernar una sociedad plural y quienes utilizan esa victoria para apropiarse de su representación, reducir al disidente a enemigo y confundir a una mayoría electoral con el pueblo entero.

Elegimos gobiernos para que nos representen, no para que nos sustituyan. Y quizá una de las batallas democráticas más urgentes de nuestro tiempo sea volver a dejar claro algo que creímos aprendido: ninguna mayoría, por amplia que sea, puede apropiarse de la sociedad, borrar su pluralidad ni utilizar la democracia para acabar con los límites que hacen posible seguir llamándola democracia.

Doctora en Derecho y Magistrada de Circuito en retiro.

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