¿Quién manda aquí?

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo esta semana algo que es incómodo escuchar sobre todo cuando viene del extranjero: hay extensos territorios de México controlados por organizaciones criminales. También reconoció que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha combatido a los cárteles, pero añadió que no es suficiente. La Presidenta respondió que las declaraciones forman parte de la campaña electoral estadounidense y sentenció: “México no es piñata de nadie. A México se le respeta”. Tiene razón en exigir respeto, pero no responde lo importante, ¿hay o no lugares de México donde quienes deciden quién puede circular, abrir un negocio, ser candidato o seguir viviendo ahí son los criminales?

No necesitamos que Rubio nos lo diga. Lo saben quienes pagan derecho de piso, las familias desplazadas, las madres buscadoras, los jóvenes reclutados, los periodistas y defensores amenazados. Para ellos no se trata de una discusión diplomática, sino de saber quién manda, quién los protege y, sobre todo, cómo pueden ser detenidos.

Casos hay demasiados, pero mencionaré dos. Paola Gárate, diputada local de Sinaloa, ha recibido amenazas y, después de que una corona fúnebre apareció frente a su casa, obtuvo protección de la Guardia Nacional. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad federal pidió revocar ese resguardo y dejar su seguridad en manos de Sinaloa. Menos mal que la jueza rechazó la petición.

Y ahí aparece el contraste. Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Rocha sigue libre y Enrique Inzunza conserva su fuero, mientras la FGR dice que investiga. En cambio, para una mujer amenazada sí hubo prisa, no para protegerla sino para decidir a quién no le tocaba hacerlo. En Guerrero la paradoja es aún más dolorosa. Jesús Plácido Galindo, defensor de comunidades indígenas que denuncian desde hace años los ataques de Los Ardillos, perdió medidas de protección y después fue detenido y enviado al Altiplano, mientras Celso Ortega Jiménez, señalado como líder de ese grupo criminal, sigue libre. Los Ardillos han asesinado indígenas, desplazado comunidades y construido poder territorial y político. Incluso vimos a Norma Otilia Hernández, entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, reunirse con Celso Ortega Jiménez.

Hace unos días, el Ejército y policías locales realizaron operativos contra Los Ardillos y detuvieron a varios presuntos integrantes, bien. Pero no han explicado sobre si lo buscaron o por qué no fue detenido Irving Said Ortega Carballo, hijo de Celso, funcionario del ayuntamiento de Chilapa y reconocido por la comunidad como “jefe de la plaza". La pregunta es inevitable, ¿el Estado se retrae cuando el combate al crimen toca estructuras cercanas al poder?

Sinaloa y Guerrero son historias distintas, pero dejan la misma sensación que el Estado recupera toda su capacidad cuando actúa contra ciudadanos incómodos o discute su protección, mientras se vuelve lento y cauteloso cuando toca a los de casa.

Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos frente al crimen pierde territorio; uno que además les retira protección pierde autoridad moral. Hay que reconocer al Gabinete de Seguridad por las detenciones, decomisos y operativos, pero capturar sicarios y operadores no basta mientras sobrevivan las estructuras que los protegen y le quitan protección a quienes están amenazados.

Sheinbaum tiene razón, México no es piñata de nadie. Sin embargo, tampoco podemos aceptar convertirnos en un archipiélago de territorios gobernados por criminales.

La respuesta a Rubio y el cambio real para las familias sólo llegarán cuando exista la decisión política de llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones que alcanzan a gobernadores, senadores o integrantes de la coalición gobernante. Sólo entonces el Estado podrá demostrar, con hechos, que en México no hay territorios prohibidos ni políticos intocables para la justicia.

Presidenta de Causa en Común

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