Desde principios de 2021 quedaron prácticamente abandonados los poblados de la sierra de Cardos en Jerez, Zacatecas. Un municipio considerado Pueblo Mágico donde los criminales han obligado a las familias a dejar sus bienes para salvaguardar sus vidas.
En febrero de 2022, uno de los pueblos aledaños, Palmas Altas quedó despoblado. Los pocos habitantes que seguían en la localidad fueron despertados por criminales que les advirtieron: “o se van, o dense por muertos”. En unas horas, los habitantes de la comunidad subieron en camionetas lo que pudieron, utensilios agrícolas, domésticos, ropa y documentos; el dolor y el terror tras la desaparición de mujeres, jóvenes forzados a entrar al crimen organizado y homicidios de quienes se opusieron, los obligó a desplazarse.
Ahora, las familias habitan arrimadas con parientes o rentando pequeñas propiedades en otros lugares. Decenas de familias de diferentes comunidades del municipio de Jerez se encuentran en situaciones similares. Ante la violencia en el lugar, los militares instalaron un cuartel provisional, pero esto no les ha solucionado el problema, los criminales siguen al acecho y ninguno de los tres niveles de gobierno se hace responsable, ya son más de dos años y la gente va perdiendo la esperanza. De vez en vez algunos regresan por nostalgia o para llevarse algo que dejaron, pero todo lo encuentran destrozado.
Tristemente, esta situación en Jerez es una constante en México. El desplazamiento forzado como resultado de persecución, conflicto armado o violencia que obliga a las familias a abandonar sus hogares ocurre en varios estados del país. De acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre, de 2008 a 2022 se han documentado 288 mil desplazamientos internos en México, en los cuales 386 mil personas han salido de su lugar de origen a causa de la violencia.
Y este desplazamiento aumentó a partir de 2021 en el número de desplazados y también se ha extendido en distintos territorios. Hay centenas de familias desplazadas en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estima que tan solo de enero a junio de 2023, al menos 7 mil 710 personas abandonaron el lugar que los vio nacer. En promedio hay un evento de desplazamiento por semana y 43 personas desplazadas al día.
Urge una solución. Sabemos que las leyes no resuelven todo, pero al no existir una ley, nadie se hace responsable. En 2020, se aprobó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, pero desde entonces se encuentra estancado en Senadores. Es apremiante desempolvarlo, si es necesario mejorarlo, y aprobarlo a la brevedad.
Además, es indispensable crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para identificar las características, con el fin de generar programas de integración en los lugares de destino, pero también para aquellas personas que busquen regresar a sus lugares de origen y que no sean expuestos de nuevo a ambientes de violencia.
Se aproxima la elección de 2024, esta semana quedó definido que, salvo que ocurra algo extraordinario, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez será la primera presidenta de México. Esperamos que quien gane sea empática con el dolor de las víctimas. Debemos exigirles hagan pública una estrategia integral y de largo aliento para construir paz, que incluya la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado. Se requiere crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención. (Colaboró Estefanía López Mendoza)