Almirante Ojeda Durán, a la vista

Quizá la Fiscalía buscó a Rafael Ojeda en los barcos equivocados. El huachicol fiscal ofrece imágenes irresistibles: buques con diésel disfrazado de lubricante, pedimentos falsos, marinos presos, 10 millones de litros asegurados en Tampico. Pero las pistas que importan no están en el mar. Están en el dinero que acumuló la Marina, en los controles que nunca existieron, en una esposa que movía ascensos desde su casa y en una denuncia que la Presidenta jura que existe y de la que la propia Fiscalía no tiene registro.

Primero, el dinero. Ojeda recibió una institución armada y entregó un emporio. Le dieron puertos, marina mercante, aduanas marítimas, el Tren del Istmo y el AICM. Cada entrega llegó con presupuesto y caja. México Unido Contra la Delincuencia lo documentó en su investigación “El negocio de la militarización. Opacidad, poder y dinero”: 227 funciones civiles transferidas a militares en 12 años, 74 mil millones de pesos, con sobreejercicios y discrecionalidad. En Marina, en 2020, 72% de sus compras fueron adjudicación directa. En 2022, 30% del presupuesto se ejerció en conceptos distintos a los aprobados. Cuando recibió la marina mercante, sus ingresos propios crecieron 400% en un año. No es delito, es poder sin auditoría, porque la militarización se vendió como honestidad. El uniforme era la auditoría.

Segundo, la familia. Sandra Luz Laguna Rivera no es “la esposa de”. Es la tía directa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, el vicealmirante preso en el Altiplano y el contralmirante detenido en Buenos Aires. En Marina lo dicen con coraje: fue ella la que empujó las carreras de sus sobrinos, la que tocaba puertas, la que conseguía las reuniones con el tío secretario. Documentos internos sostienen que Sandra Luz y Manuel Roberto operaron para colocar como subsecretario a José Luis Arellano Ruiz, el almirante que validaba las empresas que los Farías presentaban para dragados y obras. Súmale compraventas de casas entre parientes que ya están en la carpeta. Una casa entre familiares no es delito. Pero cuando tus sobrinos montan una red desde los puestos que tu esposo les dio, lo elemental es dibujar el árbol: ascensos, casas, empresas y quién firmó. Esos ascensos pasaron por Ojeda, Adán Augusto López, Luisa María Alcalde y un Senado que votó a ciegas.

Tercero, la denuncia que no existe. Gertz dijo que Ojeda era un héroe: él mismo denunció irregularidades y pidió no proteger a nadie. Con eso, el jefe de la institución infiltrada se volvió el denunciante. Pero en mayo, la propia FGR aclaró: sí hubo reunión privada entre Ojeda y Gertz, pero nunca hubo denuncia formal. No hay escrito. No hay ratificación. Una charla no es carpeta. Aun así, el 12 de mayo Claudia Sheinbaum dijo que Ojeda no estaba investigado porque “él mismo lo denunció”. ¿Dónde está esa denuncia? ¿Qué fecha tiene? ¿Qué carpeta originó? Si existe, que aparezca.

¿Y por qué la Fiscalía mira hacia otro lado? No es sólo por proteger a Ojeda sino porque saben cuáles serían las implicaciones. Investigarlo como imputado obliga a tres cosas: auditar seis años de militarización; revisar los ascensos que firmó Gobernación; y aclarar si Gertz informó a la Presidenta de una denuncia que no existe. Cuando deciden no localizarlo ocultan todo lo que aparecería si de verdad lo investigan.

@MaiteAzuela

Únete a nuestro canal