Inocular la desconfianza

Uno de los objetivos centrales de los profundos cambios que se hicieron a nuestro sistema electoral durante el proceso de democratización persiguió un objetivo fundamental: inocular la desconfianza que durante las épocas del presidencialismo autoritario se fue acumulando en torno a los comicios, tanto por lo que hace a la actuación de las autoridades encargadas de organizarlos, como en torno a sus resultados.

Todo el entramado de reglas, el diseño y funcionamiento de las instituciones, así como el conjunto de procedimientos que se desarrollan durante un proceso electoral fue pensado para generar la confianza tanto de los actores políticos como de la ciudadanía. No entenderlo es, simplemente, ignorar una historia que nos hizo pasar de comicios no confiables en los que las sospechas de fraude, opacidad y trampa prevalecían, a otros en los que los que existió certeza en torno de la legalidad y rectitud con la que actuaban las autoridades y, por ello, credibilidad en torno a los resultados.

No fue un camino fácil. El proceso de construcción de la confianza es lento, gradual, trabajoso, y los avances se miden en micras. Su pérdida, en cambio, ocurre de improviso, rápidamente y los retrocesos se miden en kilómetros.

Para construir confianza en torno a nuestras elecciones fue necesario construir una serie de blindajes para hacerlas más transparentes, previsibles, ciertas y creíbles.

El resultado muy pronto estuvo a la vista de todos. En poco tiempo, las elecciones terminaron siendo confiables y sus resultados, bien que mal, aceptados por todos los contendientes con lo que las acusaciones de fraude fueron extinguiéndose o volviéndose realmente excepcionales (y más por causa de los malos jugadores, que no son pocos).

A ello contribuyeron, sin duda, los altos niveles de alternancia que demostraron que las puertas de acceso al poder público estaban abiertas para todos. Con ello, el sistema electoral y sus instituciones alcanzaron los índices de respaldo ciudadano más importantes entre las instancias públicas. En 2023 el INE llegó a tener un índice de confianza que rondaba el 74%.

Pero todo eso puede echarse a la basura en un santiamén. No ayuda, en principio, la percepción de parcialidad en favor del oficialismo mostrada, en 2024, tanto el INE como el TEPJF, sea por la permisividad que tuvieron con la ilegal intervención de la Presidencia en las campañas; la tolerancia con la que permitieron actos anticipados de proselitismo y la condescendencia con la que fiscalizaron y sancionaron las faltas.

Mucho menos ayuda que hoy relajen innecesariamente una serie de controles para evitar la manipulación del voto y la comisión de actos ilícitos, como ocurrió hace unos días cuando determinaron: a) que las “boletas planchadas”, es decir, las que no tienen las marcas de los dobleces sin los cuales es imposible que un voto sea depositado en las urnas, puedan ser computadas; b) que ya no se realice, como en 2024, la compulsa de quienes solicitan su inscripción como observadores electorales con el padrón de los servidores de la Nación para evitar que esos funcionarios del gobierno puedan ser registrados; y c) disminuir 10 días la duración de la capacitación electoral, para reducir los tiempos de contratación de los supervisores y capacitadores electorales y, así, ahorrar dinero, lo que podría implicar comprometer la debida integración de un número importante de casillas por no contar con el número óptimo de ciudadanos requeridos.

Ninguna de esas decisiones abre la puerta per se a un fraude, pero sí mandan un pésimo mensaje: los controles, en vez de mantenerse, se debilitan. Lejos de construir confianza, con esas decisiones, abonan a lo contrario. Mala señal, sin duda.

En este INE, tan preocupado por no irritar al gobierno y a su partido, olvidan que no solo hay que ser imparciales, también hay que parecerlo, y preocupa que ni lo sean, ni lo parezcan.

Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav

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