Hace 80 años, el 25 de julio de 1946, el atolón Bikini padeció una explosión nuclear submarina conocida como prueba Baker, que destacó no solo por su espectacularidad, sino por las profundas consecuencias ambientales, sanitarias y humanas que produjo
El atolón Bikini se ubica en las Islas Marshall, donde Estados Unidos realizó la Operación Crossroads, la primera serie de pruebas después de Hiroshima y Nagasaki.
En total fueron 67 ensayos nucleares ejecutados entre 1948 y 1958 que buscaban identificar los efectos de las bombas atómicas sobre buques de guerra, materiales militares y organismos vivos. La prueba Castle Bravo, en 1954, alcanzó una potencia mil veces mayor que la bomba de Hiroshima.
Las detonaciones generaron una lluvia radioactiva que produjo daños en más de 11,000 km2, afectando otros atolones, como Enewetak y, en general, toda la región.
Los habitantes bikinienses fueron evacuados temporalmente antes de las pruebas, pero el traslado se transformó en una experiencia de desarraigo permanente, ante la presencia de sustancias radiactivas en el ambiente.
Ante la devastación, en 1986, Estados Unidos firmó un tratado con el gobierno de las Islas Marshall para convertirlas en “Estado libre asociado” de éste y, en 1988, creó un Tribunal de Reclamaciones Nucleares para resolver las demandas pasadas, presentes y futuras del gobierno y los habitantes de las Islas, relacionadas con las pruebas nucleares. Sus resoluciones contarían con un fondo inicial de 150 millones de dólares para compensar los daños.
El Tribunal dejó de funcionar en 2011, al quedar sin recursos disponibles, pues el Gobierno de Estados Unidos se negó a proporcionarle recursos adicionales.
Se calcula que el Tribunal determinó daños por 2,200 millones de dólares, de los que sólo se pagaron 759 millones, debido a la renuencia persistente a admitir la responsabilidad indemnizatoria que le correspondería. No se tiene conocimiento que alguna instancia internacional haya intervenido para obligar a cubrir los daños.
Se piensa que la prueba Castle Bravo es el caso que ha producido la mayor devastación ambiental. Además de los residentes cercanos al atolón de Bikini, contaminó al personal militar estadunidense y a tripulantes de barcos pesqueros de los alrededores. Sus efectos no sólo impactaron la atmósfera, la salud de los pobladores y la biodiversidad local, sino que sigue dispersando radioactividad en el Océano Pacífico.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se han realizado más de 2,000 pruebas nucleares en el mundo, que incluyeron la detonación de bombas atómicas de fisión y más potentes bombas de hidrógeno, en la atmósfera, bajo el agua y subterráneamente.
Tan sólo Estados Unidos ha realizado 1,054 pruebas entre 1945 y 1992, la mayoría en su propio territorio, afectando principalmente a las poblaciones rurales, indígenas americanas, colonizadas y transfronterizas.
A estas alturas, es irrebatible que el desarrollo de ninguna tecnología militar puede justificar el desplazamiento forzoso, la anexión de un pueblo y su territorio, y la destrucción actual y futura del patrimonio biocultural del mundo. Sin embargo, la dramática ausencia de capacidad internacional que haga prevalecer el desarrollo humano sostenible por encima de cualquier interés económico o político sigue permitiendo la impunidad sobre los daños bélicos, entre los cuales los nucleares mostraron, al parecer inútilmente desde hace más de 80 años, su brutal atrocidad.