Sorprende y escandaliza el caso de Claudia Tacoronte. Pero no debería porque las muertes son la cotidiana en Cuautla.

Aquí, para ser joven hay que aprender muy pronto algunas cosas. Que una balacera puede interrumpir el día. Que hay calles que conviene no caminar, aun si llevan a la universidad. Que algunos negocios cerraron y otros cambiaron horarios. Que salir de noche requiere una logística. Y que la Universidad del Estado no bucaraá proteger a su alumnado.

Aries Aletvia Toriz Apáez, abogada y activista feminista de Morelos, me describe una ciudad en la que los jóvenes han aprendido a reducir sus movimientos, sus horarios y hasta sus expectativas. Los datos acompañan esa descripción. Cuautla pasó de seis carpetas de investigación por extorsión en 2018 a 259 en 2025. Es el municipio de Morelos con mayor incidencia de ese delito. Su alcalde electo, Jesús Corona Damián, fue detenido en mayo y vinculado a proceso por delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No es una metáfora decir que el crimen organizado se metió en Cuautla. Dos meses después, los gobiernos federal y estatal presentaban avances del Plan Cuautla, una estrategia para “recuperar la tranquilidad”. Toriz Apáez dice que el plan carece de un estudio de campo capaz de explicar una crisis que lleva años transformando la ciudad. Habla de extorsión y cobro de piso, pero también de lo que esas cifras producen. Negocios cerrados, menos empleos y jóvenes con cada vez menos opciones.

Y luego está la universidad. Ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos debería ampliar el horizonte. Para algunas estudiantes ocurre lo contrario. Alrededor de los planteles hay calles consideradas inseguras y si las alumnas denuncian acoso o abuso por parte de profesores pueden enfrentar presiones dentro de la propia comunidad universitaria para retirar sus acusaciones. Porque a la Universidad no le interesa exigir protección a las autoridades, le intersa más conservar una buena relación con ellas.

Afuera, las estudiantes piden vigilancia, se organizan, forman colectivas. Adentro, piden que las escuchen. Y entre una cosa y otra transcurre una juventud violentada. En siete meses han sido asesinadas cuatro estudiantes vinculadas a la UAEM: Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera. A Claudia la conocimos estos días más porque Claudia era española.

Su asesinato cruzó el Atlántico. Llegó a los periódicos españoles, a las autoridades de Andalucía y al gobierno mexicano. La Universidad de Granada suspendió su intercambio con la UAEM. Hubo comunicados, diplomacia, preguntas. Lo que resulta difícil explicar es por qué hicieron falta un pasaporte extranjero y una crisis internacional para mirar lo que ya estaba ocurriendo en Morelos.

Porque Claudia llegó a una ciudad que llevaba años dando señales y dando muertos. Cuautla tiene Alerta de Violencia de Género desde 2015. Toriz Apáez señala rezagos en investigaciones de feminicidio y critica que las respuestas gubernamentales sigan concentrándose en atender la violencia después de ocurrida, más que en prevenirla.

¿Que significa tener 18, 20 o 21 años en un lugar donde la violencia decide por ti, cuándo sales, dónde trabajas, qué denuncias y hasta cuánto futuro te atreves a imaginar? Si el caso de Claudia es feminicidio o no, Claudia ya no está. El Estado volvió a fallar.

La violencia no sólo mata. También reduce el territorio. La ciudad obliga a sus jóvenes a organizar la vida alrededor del miedo, la esperanza no desaparece de golpe. Se la van quitando hasta llegar a cero.

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