La naturaleza jurídica y política del INE, va a ser el tema en el debate nacional durante los próximos meses y por los años que le restan al presente régimen presidencial.
Su autonomía, sus atribuciones, el origen de los integrantes del Consejo General y su postura frente a las decisiones del Gobierno Federal y del partido político que lo sostiene, serán los conceptos que estarán en tela de juicio, en el momento en que el Presidente López Obrador, envíe la iniciativa de reforma a la legislación electoral, que ha anunciado, sobre todo después del fracaso de la consulta del pasado 1º de agosto.
Yo aún tengo la esperanza que el Sr. Presidente reconozca que es tanto el titular del Poder Ejecutivo, como el Jefe del Estado Mexicano. Hecho que lo eleva como el representante de todo el país y de todos los mexicanos. Es el líder único, frente a temas como el combate a la pobreza, la educación que es una y para toda la población por igual, la salud pública que va dirigida a quienes menos posibilidades económicas tienen y así hay innumerables funciones que no se pueden aplicar discriminando entre quienes apoyan políticamente o no a su movimiento, hecho partido en el poder, como el propio presidente lo define.
El INE no es un órgano del gobierno. Este instituto es producto de la evolución de un marco normativo, de una cultura por la democracia y de una absoluta necesidad de contar con gobiernos legítimos, que se ha dado a través de varios lustros y construido por varias generaciones de hombres y mujeres, que lucharon por que cada proceso electoral se organizara de manera profesional y confiable.
A partir de 1946, en que surge la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, para pasar después en 1977 a integrarse como Comisión Federal Electoral, se generan procesos cada vez más complejos y seguros. Aunque en esa época, estuvo bajo la coordinación del Gobierno Federal, situación que siempre fue criticada por la oposición. En 1990 pasa a ser considerado como Instituto Federal Electoral. En 1994 se incorpora al instituto, la figura de Consejeros Ciudadanos, con lo cual inicia el camino hacia la independencia. Finalmente, en 1996, se desprende completamente del Poder Ejecutivo y logra tu total autonomía.
Décadas de transformación institucional. Varias legislaturas intervinieron en la elaboración de su cada vez más completo andamiaje jurídico y miles de estudiosos del derecho electoral se han formado en lo que ya es una carrera de vida en el servicio profesional electoral.
Considerarse como aspirante, para ser propuesto hoy en día, como integrante del Consejo General, requiere de conocimiento a fondo en la materia, estar actualizado en lo jurídico y en la práctica. Conocer la realidad del país, en cada Estado y región. Tener la capacidad de emitir resoluciones que den certeza y confianza, sabiendo que cada una puede ser revisada por el Tribunal Federal Electoral, órgano de justicia que ha evolucionado a la par del INE. Pero fundamentalmente ser de origen imparcial. Ya no caben en el México democrático actual, las cuotas de partido ni los intereses particulares. Se requieren Consejeros sumamente confiables y capaces, a los ojos de toda la nación. No puede aquí, prevalecer el criterio que la falta del perfil adecuado, se compensa con la subjetiva calificación, de ser “honesto”.
La sociedad democrática estará atenta de la iniciativa de reforma electoral que envíe la Presidencia de la República al Congreso de la Unión. Para no restarle nada a la autonomía del INE. Los actuales consejeros no son improvisados y han sido probados en procesos densos y complicados. Las personas que sean designadas en el futuro no pueden tener “dueño”. La Cámara de Diputados, será responsable del futuro del Consejo General.
El futuro de la democracia no puede estar sujeto al arbitrio de un gobierno que da preferencia a sus aliados y a su movimiento. El INE, el TRIFE y la legislación que los sostiene, son del interés histórico del pueblo y el mismo pueblo habrá de defender su plena vigencia institucional. La clase media será la principal vigía.
Exgobernador de Hidalgo
