Uber, el IMSS y el registro que no cuadra

Uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum fue formalizar la relación laboral entre las plataformas digitales y sus conductores y repartidores. La idea es una perla de justicia social pues si una persona trabaja mediante una aplicación, también debe tener acceso a seguridad social y a los derechos que corresponden a un trabajador. Hasta ahí, todo sonaba bien.

El problema surge cuando se revisan los números más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante agosto, el IMSS reportó 1 millón 772 mil 296 trabajadores de plataformas. La cifra representa una reducción mensual de 48 mil 446 personas. Con ello, la tasa de formalización pasó de 15.58% en julio a 11.25% en agosto.

Además, de todos los trabajadores registrados, solamente 199 mil 454 superaron el umbral de ingreso neto mensual que permite acceder al conjunto de derechos laborales derivados de este esquema.

De acuerdo con el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, hasta junio había 9.8 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social con acceso a atención médica ante accidentes. Dentro de ese universo, sólo un millón de trabajadores de plataformas habían superado el umbral del salario mínimo. Eso importa porque superar ese nivel abre la puerta a otros derechos, como Infonavit, Afore y guarderías.

Pero aquí viene algo más interesante. Hasta este espacio llegó información de grupos de trabajadores inconformes que cuestionan la manera en que Uber reporta los ingresos de sus conductores ante el IMSS.

Antes de que se empiecen a repartir sentencias en redes sociales, conviene matizar cualquier conclusión. Se trata solo de señalamientos que deben comprobarse y que la empresa niega implícitamente al afirmar que trabaja para cumplir con la regulación.

Sin embargo, los datos que presentan los denunciantes son verosímiles y plantean preguntas que merecen respuesta.

Según esa información basada en recibos de ingresos de un conductor de Uber, entre enero y junio de 2026 habría existido un reporte incorrecto o limitado de los ingresos de los conductores que se conectan a la plataforma. El punto de discusión está en el concepto de “monto bruto”, que aparece en la aplicación y que, según la información recibida, Uber reportaría al IMSS sin incluir determinados incentivos y cuotas.

La acusación sostiene que en ese cálculo quedarían fuera incentivos equivalentes a alrededor de 10% y cuotas de solicitud que pueden representar entre 10% y 15%. Las propinas quedarían fuera porque las entrega directamente el usuario.

Los trabajadores inconformes señalan que el criterio 02/2023/NV/SBC-LSS-27-IV del IMSS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2023, establece que bonos, incentivos, comisiones y gratificaciones vinculados con la prestación del servicio deben integrarse al salario base de cotización.

Según los cálculos compartidos por los denunciantes, excluir estos conceptos podría provocar una diferencia de entre 19% y 20% en la cuota reportada al IMSS. Luego entonces ¿estamos frente a un problema de interpretación de la nueva regulación o ante un subregistro de ingresos?

Los grupos inconformes calculan que la situación podría involucrar alrededor de 77 mil conductores y representar unos 83 millones de pesos mensuales en contribuciones al Seguro Social, equivalentes a cerca de mil millones de pesos anuales.

Ojo, esa cantidad corresponde a una aritmética del reclamo de los denunciantes, no a una cifra determinada por el IMSS ni a una resolución de autoridad. Pero incluso si se toma únicamente como hipótesis, la cantidad resulta suficientemente grande como para no tomarla en serio.

El propio IMSS reportó que en junio había 1 millón 663 mil 147 personas beneficiadas por la reforma laboral para conductores y repartidores, con protección ante accidentes. De ellas, 237 mil 627 habían superado el umbral para ser consideradas dentro del esquema de trabajadores con acceso al resto de derechos.

El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó entonces que el sector de movilidad representaba 52% de esa cifra y el de entrega 48%.

A partir de esas cifras públicas, los denunciantes hacen otra operación. Consideran una participación de mercado de Uber de al menos 40% en movilidad y 25% en entrega. Con esa metodología calculan que alrededor de 545 mil conductores y repartidores de Uber estarían registrados ante el IMSS. Por ello, los inconformes estiman que en junio aproximadamente 77 mil trabajadores de Uber podrían haber superado realmente el salario mínimo, pero tendrían ingresos subreportados ante el Seguro Social.

Por eso, siguiendo la sana doctrina periodística de preguntar antes de publicar, busqué a directivos de Uber para desvirtuar o aclarar la información.

La empresa respondió mediante una tarjeta informativa que “la incorporación de trabajadores de plataformas a la seguridad social representa una oportunidad para que cada vez más personas puedan acceder a estas protecciones en México”. Uber señaló que ha acompañado la política pública desde su construcción normativa hasta su implementación, respaldando la visión planteada por el Gobierno.

Uber también reconoce que “la regulación es nueva y técnicamente compleja” y afirma que ha actualizado sus procesos conforme han surgido mayores elementos para interpretar los criterios de aplicación.

Y, sobre todo, sostiene que está “comprometida con el cumplimiento del marco regulatorio” y con continuar trabajando con el Gobierno y los conductores para atender los retos derivados de un régimen que considera nuevo para México y para el mundo.

La respuesta no confirma el cálculo de los denunciantes, pero tampoco elimina la pregunta central. Obviamente es una regulación nueva y compleja, pero eso no impide que se calcule correctamente cuánto gana una persona que trabaja mediante una aplicación y cuánto debe aportar la empresa al sistema de seguridad social.

Si los ingresos de un conductor incluyen el pago por los viajes, incentivos y otros conceptos relacionados directamente con su actividad, ¿cuál es exactamente la cantidad que debe llegar al IMSS para calcular sus derechos?

Si el número se hace pequeño en la aplicación, también se hace pequeño el salario base de cotización. Y si se hace pequeño el salario base, se reducen las aportaciones.

La cuenta puede parecer muy técnica, pero el resultado puede ser menos dinero para la seguridad social, menos posibilidades de alcanzar determinados derechos y más preguntas para la autoridad.

Y si de verdad hay una diferencia cercana a mil millones de pesos anuales, sería bueno que alguien revisara los recibos y nos dijera dónde está el error. Si de por sí ya tenemos suficientes aplicaciones que se traban, no necesitamos que también se trabe la seguridad social. ¿Tú qué piensas?

Tecnología en la Corte

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Hugo Aguilar Ortiz, parece dispuesta a que los números también hablen por ella. El máximo tribunal estrenó su Portal de Estadística Judicial, una plataforma para consultar indicadores sobre su desempeño a partir de información generada directamente por sus sistemas institucionales. El dato interesante no está solamente en que ahora habrá más estadísticas al alcance del público, sino en lo que encontraron antes de abrir la puerta. Y es que durante un año la Corte revisó y homologó sus mecanismos de información y detectó registros separados, capturas manuales y metodologías distintas entre sus propias áreas, una combinación que generaba dispersión, duplicidades y controles limitados. Así, la apuesta de Aguilar Ortiz es que cada actuación alimente desde su origen los sistemas institucionales y que las cifras puedan rastrearse y verificarse, algo especialmente relevante para una Corte que necesita explicar no sólo qué resuelve, sino cuánto tarda.

*Columnista y comentarista

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