Es difícil escapar de la obviedad de las cosas. Llevo años reflexionando sobre ello y no veo cómo escapar de los discursos, tendencias y acciones que considero por demás obvias respecto al pensamiento moderno y la política, sobre todo. Pero, sin lugar a duda, la obviedad hay que mencionarla porque, al igual que el sentido común, no es tangible y nos desborda. Durante los últimos días, el debate, entre tantas discusiones nacionales y geopolíticas que calificaría de urgentes y torales, gira en torno al control de la información; y sí que es urgente para el Gobierno Mexicano, sobre todo cuando el diputado Ricardo Monreal aceptó que el mote “narcogobierno, narcopresidenta y narcopartido” genera una caída en la simpatía de la población y no es, aclaro, un problema que la llamada “Derecha” haya acentuado de raíz. El enemigo está allende las fronteras, potenciado por nuestra casa.
Lo he escrito en otras ocasiones y reafirmo que el problema tanto de derechas como de izquierdas es que son parecidas, demasiado parecidas en sus extremos. Ambas corrientes desean encumbrarse en el poder, ataviarse de pureza contra quienes no juegan bajo sus reglas puritanas, señalando al otro, al canto del populismo, como enemigo natural de la verdad. Eso está pasando hoy en México. En 1976, uno de los ensayos más discutidos de Jean-François Revel se tituló precisamente así: La tentación totalitaria; la tesis incomodó a la izquierda francesa de su tiempo porque no hablaba de dictaduras lejanas, sino del modo en que las democracias liberales podían enamorarse, en nombre de causas nobles, de los métodos que decían combatir. Revel advertía que el totalitarismo rara vez se presenta con su nombre: se cuela por la puerta de las buenas intenciones, del bien común invocado, de la protección al débil, y avanza mientras sus críticos son descalificados como enemigos del pueblo o cómplices del privilegio. Medio siglo después, la advertencia conserva una vigencia incómoda. Un gobierno que reglamenta la veracidad para proteger a las audiencias no se piensa a sí mismo como autoritario; se piensa como justo. Ese es, exactamente, el punto ciego que Revel señaló: la tentación no llega disfrazada de opresión, sino de virtud.
En este sentido, el 24 de julio del año en curso, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó someter a consulta pública el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La consulta correrá del 27 de julio al 21 de agosto. Su presidenta comisionada, Norma Solano Rodríguez, insiste en que no se crean derechos nuevos ni mecanismos de censura, sino que se reglamenta el ejercicio de derechos reconocidos desde 2014. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum lo resumió con una frase que merece ser examinada palabra por palabra: el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México. La frase suena impecable. El problema está en la pregunta que oculta y, sobre todo, que desvirtúa.
Entendemos que el proyecto obliga a los concesionarios a no difundir información falsa, descontextualizada o presentada como actual cuando corresponde a hechos pasados. Y ahí, en esa formulación aparentemente técnica, se esconde la encrucijada y trampa entera: alguien tiene que decidir qué es falso, qué está descontextualizado, qué es información y qué es opinión. Ese alguien, en última instancia, es el Estado a través de un órgano regulador cuya independencia frente al Ejecutivo es, para decirlo con generosidad, dudosa. Por consiguiente, la pregunta que ninguna cortinilla puede responder es la más antigua de la filosofía política: ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién decide qué es verdadero cuando quien decide es parte interesada en el resultado? El juez y el verdugo, diría Friedrich Dürrenmatt. El foco son, entre otras cosas, las redes sociales… la empresa privada.
Y es, en esta lógica, donde el gobierno quiere que se libre el debate. No se trata de negar que las audiencias tengan derechos. Los tienen: distinguir la publicidad del contenido editorial es sano, y el derecho de réplica efectivo es una deuda democrática legítima. Quien critique estos lineamientos desde la negación absoluta de los derechos de las audiencias entrega, gratis, el argumento al gobierno: permite que la discusión se reduzca a “unos quieren proteger al público y otros quieren proteger sus privilegios”. Esa es la caricatura que conviene al poder. Y por eso hay que negarse a habitarla.
Me atrevo a decir, pues, que el problema real es otro y es más profundo ya que se trata de una arquitectura institucional de entramados y candados, no de intenciones libres y autónomas. A decir, en La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper estableció el principio que debería gobernar todo diseño institucional serio: las instituciones no se piensan para el mejor gobierno posible, sino para el peor. La pregunta correcta ante estos lineamientos no es si la actual comisionada de la CRT es honesta, ni si la presidenta tiene buenas intenciones. La pregunta es qué podría hacer con este instrumento un gobierno malintencionado, dispuesto a usar la maquinaria administrativa contra sus críticos. Una institución que solo funciona bien cuando la ocupan personas buenas no es una institución: es una apuesta. Y las libertades fundamentales no se apuestan. Recordemos que las buenas intenciones, entre comillas, suelen salir mal, provocando problemas, ingratitud y hostilidad.
Así, el defensor de audiencias que propone el gobierno lo designa el concesionario, sí, pero sus determinaciones pueden ser revisadas y modificadas por la CRT, y si no cumple, puede ser sancionado junto con el medio. Es decir: el defensor no defiende a la audiencia frente al medio, ni al medio frente al Estado. Defiende lo que el Estado, en última instancia, considere defendible. Se convierte en lo que la tradición orwelliana nombró con precisión: un comisario del pensamiento con nómina privada y correa administrativa. En este sentido, la independencia que el proyecto proclama se disuelve en el momento en que la última palabra la tiene el órgano regulador y no una instancia judicial imparcial…
Y aquí aparece la contradicción que desarma todo el edificio, la que ningún defensor del proyecto del gobierno de izquierda puede sortear sin caer en el ridículo. El Estado que hoy pretende erigirse en garante de la información veraz es el mismo que ha institucionalizado, en la conferencia matutina, una sección dedicada a descalificar información con el rótulo de mentira sin siempre aportar las pruebas que sostengan la descalificación, y que ha manejado políticamente cifras de seguridad cuestionadas por organizaciones civiles independientes. La pregunta se formula sola: si la desinformación fuera realmente el problema a resolver, ¿por qué el instrumento no contempla ningún mecanismo para sancionar la desinformación proveniente del propio poder? La respuesta es evidente y es demoledora: porque el objetivo no es la verdad. El objetivo es el monopolio sobre su definición.
Ahí reside el error clásico, el que todos los poderes en expansión cometen tarde o temprano: querer que la narrativa oficial sea la única con derecho a existir. Es el impulso que Hannah Arendt, en su tiempo, identificó en el origen de toda deriva autoritaria y que Karl Popper situó como el enemigo permanente de la sociedad abierta. Y lo comete un gobierno que no lo necesita, que conserva capital político suficiente, que podría gobernar sin sumar esta agenda a un posicionamiento ya desgastado por otras batallas. El error no es solo ético: es estratégico. Cada nuevo frente de control confirma la sospecha que el gobierno dice querer desmentir y alimenta la narrativa de que el proyecto ya no busca transformar, sino perpetuarse. Un gobierno seguro de su legitimidad no necesita reglamentar la verdad.
Existe además un problema técnico que agrava el político. El mecanismo de quejas, tal como está diseñado, es un vector de abuso esperando a ser activado. Ninguna queja podrá rechazarse aunque el quejoso no se identifique plenamente. Traducido: cualquier estructura de presión organizada, desde una granja de bots hasta una campaña coordinada, puede saturar administrativamente a un medio incómodo sin necesidad de tener razón jurídica alguna. No se trata de ganar el procedimiento. Se trata de imponer el costo. Un medio que enfrenta decenas de quejas simultáneas, con sus plazos y la amenaza de sanciones que alcanzan el uno por ciento de sus ingresos anuales, tomará la decisión racional que el poder espera de él: publicar menos, arriesgar menos, incomodar menos. No por convicción, sino por supervivencia. El derecho constitucional lo nombró hace décadas con precisión: el llamado chilling effect, el efecto inhibidor. No hace falta prohibir un tema en sí mismo. Basta con encarecerlo hasta volverlo inviable. La censura más eficaz es la que el propio censurado se aplica para evitarse problemas.
Por consiguiente, la historia del periodismo está hecha de información que empezó siendo versión no confirmada, filtración sin verificar, hipótesis incómoda. Watergate comenzó como una nota que el poder calificó de falsa y descontextualizada. Si hubiera existido entonces una autoridad revisando permanentemente la veracidad de lo publicado, con capacidad de sancionar económicamente al medio, esa investigación probablemente no habría sobrevivido a la primera queja. La ambigüedad de conceptos como descontextualizado o información veraz no es un defecto de redacción que pueda pulirse en la consulta pública. Es la característica esencial del instrumento. Su vaguedad es su función: permite que la interpretación la fije quien tiene el poder de interpretar.
Paréntesis: ¿acaso los mexicanos no navegamos hoy en aguas turbias por el comportamiento rasero de la clase política? ¿Cuántas investigaciones clasificadas por cinco o más años tenemos? ¿Cuántos pseudo mártires ha dejado el cambio de régimen? No, la clase política de antaño no sale mejor librada que ésta… pero el pasado no es la herramienta del presente y eso no les ha quedado claro a los actores del presente.
Así pues, la respuesta correcta a la desinformación no es un burócrata con facultad sancionadora: es más información. La respuesta a una opinión equivocada es otra opinión mejor argumentada, y la respuesta a un mal periodista es un mejor periodista, verdadero periodista no palero matutino, no un funcionario que revise su trabajo con plazo de veinte días. En una democracia que se respete existen ya los cauces para lo que el proyecto dice perseguir: el derecho de réplica expedito, la autorregulación genuinamente independiente del poder y la sanción judicial, no administrativa, cuando un juez determine difamación o fraude. Todo lo demás sobra. Y lo que sobra, en materia de libertades, nunca sobra por casualidad.
Empero, el proyecto puede desarmarse jurídicamente. El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libre difusión de ideas. La Corte Interamericana, en su papel, ha sostenido de manera reiterada que la censura no requiere prohibición previa: basta la restricción indirecta mediante controles administrativos desproporcionados. Pero conviene no engañarse: la batalla de fondo no es jurídica. Es sobre quién tiene derecho a decir qué es verdad. Y esa batalla no la gana quien tenga el mejor amparo, sino quien logre que la ciudadanía comprenda lo que está realmente en juego…
Y lo que está en juego es simple de enunciar y difícil de defender cuando el adversario se presenta como protector del público: en una sociedad abierta, la verdad no tiene dueño. No la tiene el gobierno, no la tienen los medios, no la tiene ningún poder. La verdad es el resultado siempre provisional de un debate que nadie clausura. El día en que un Estado, cualquier Estado, de cualquier signo, se arrogue la facultad de certificarla, ese día habremos aceptado que existe una autoridad por encima de la crítica. ¿Quiere el gobierno mexicano ser un ente autoritario? Y una autoridad por encima de la crítica es, exactamente, la definición del poder que ninguna democracia debería tolerar. No importa cuán buenas sean sus intenciones. Importa cuánto poder concentra. Y este concentra demasiado sobre lo único que jamás debió pertenecer al Estado: la definición de lo real.
Postdata: el problema del Estado, nuestro estado mexicano, reside en la chabacanería de sus procederes: cifras mal presentadas, informes mal redactados, todos, programas de gobierno sinsentido que generan desconfianza en todos. Amén de la poca fiabilidad, en muchos casos demostrada, de los actores políticos. Señalar pues esos errores no es mentir, es desnudar la incompetencia. ¿Acaso un informe mal redactado exhibido por el gobierno debe tomarse como verdadero? Más técnica y menos ideología… eso necesita nuestro país… y por otra parte: las redes sociales no son el problema como tampoco lo es la Inteligencia Artificial… el problema somos nosotros y ustedes gobierno… ambos… ese ecosistema no es unilateral… lo saben.
…
Los invito a suscribirse a https://www.electioindex.com/, un nuevo espacio de difusión de la economía y la política.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.