El interrogatorio del FBI a Farías Laguna

La reunión que el excontralmirante Fernando Farías Laguna sostuvo con agentes del FBI tuvo lugar el pasado jueves 20 de agosto.

Comenzó poco antes de las 18:00 horas y se prolongó hasta después de las 20:00.

Se llevó a cabo en un despacho del penal de Ezeiza.

El FBI exigió que el abogado de Farías, Félix Helou, no estuviera presente.

Solo estuvieron en aquel despacho el excontralmirante, el agente del FBI Mike Nader y el representante del buró en la embajada de Estados Unidos en Argentina.

Faltaban solo unas horas para que Farías fuera entregado oficialmente a los agentes de la Secretaría de Marina que habrían de trasladarlo en una aeronave de esta dependencia a territorio mexicano, en donde se le acusa de encabezar una red de tráfico de huachicol operada desde la cúpula de la Semar, en tiempos en que la Secretaría estuvo dirigida por el almirante Rafael Ojeda Durán, su tío político.

Desde su detención el 23 de abril, el excontralmirante estuvo recluido en el penal en condiciones que, según su abogado, solo se destinan a los detenidos de alto riesgo:

Solo tenía luz natural durante cuatro horas al día. Contaba con apenas cinco minutos diarios para hablar por teléfono con familiares o abogados. Helou denunció que no tenía acceso siquiera a un lápiz, tampoco a su expediente.

Alegó que Farías tenía un problema cardiaco y que el penal carecía de las condiciones necesarias para que su estado de salud fuera vigilado de manera adecuada.

El del FBI fue un interrogatorio largo. Según la información que pude obtener, el excontralmirante indicó a los agentes dónde buscar los elementos más relevantes de la red, “principalmente siguiendo la ruta del dinero”. Explicó cómo y quién habría comprado en Texas el combustible que iba a ser introducido en México de manera ilegal; quién habría contratado los barcos, y habló de “otros aspectos que podrían ayudar a reconstruir las operaciones”.

La información que Farías transmitió, según dijo, pudo conocerla a través de quien era entonces su tío político, el almirante Rafael Ojeda, a quien, asegura, denunció primero a través de una serie de mensajes, y luego en conversaciones que sostuvo con este, la existencia de la red de tráfico de huachicol que operaba desde las principales aduanas marítimas.

Sostuvo también que de ningún modo “participó en las operaciones o en las decisiones que son objeto de investigación”.

Alegó en su defensa que fue él quien acercó al contralmirante Fernando Guerrero Alcántar con quien entonces se desempeñaba como secretario de Marina.

El 14 de junio de 2024, Guerrero Alcántar denunció en la oficina del almirante secretario el modo de operar de esa red. Le entregó los nombres de algunos de los mandos involucrados: el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz y el capitán Climaco Aldape Utrera.

Ambos decían actuar en nombre de los sobrinos del almirante: el propio Fernado Farías Laguna y su hermano, el almirante Roberto Manuel Farías.

La reunión fue grabada y provocó un escándalo cuando se oyó a Ojeda proponer: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esa bola de cabrones”.

Guerrero Alcántar salió con la orden de consignar por escrito lo que había denunciado.

Al cambio de administración, al finalizar el sexenio de López Obrador, la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina aceleró las investigaciones. El 8 de noviembre, en el último día de las vacaciones que había solicitado, Guerrero Alcántar fue emboscado y asesinado en Manzanillo.

Había admitido que era parte de la red. Inteligencia Naval advirtió que sabía mucho más de lo que había dicho frente al entonces secretario. Pero entonces lo asesinaron, como parte de una operación de encubrimiento que cobró las vidas de varios marinos involucrados en el escándalo.

Desde el 20 de agosto, todo lo que Farías Laguna podía saber está en poder del gobierno de Estados Unidos y el FBI habría confirmado para dónde corren los hilos de una red que en el gobierno de AMLO saqueó a la nación más de 600 mil millones de pesos.

En una entrevista con MVS, la esposa del excontralmirante lanzó una pregunta: ¿por qué no se ha investigado ni llamado a declarar a ninguna de las grandes figuras que aparecen mencionadas en el expediente?

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