Libertad de expresión en México, garantía que sostiene la democracia

La libertad de expresión no es un privilegio concedido por el poder, sino un derecho que permite a las personas pensar en público, disentir, investigar, denunciar y participar en los asuntos comunes. En México, su protección es indispensable porque de ella dependen otros derechos: el acceso a la información, la participación política, la rendición de cuentas y la posibilidad de exigir justicia.

Salvaguardar esta libertad —junto con la independencia de medios y periodistas— es una condición para que el Estado de Derecho funcione y la sociedad tome decisiones informadas.

Los artículos 6.º y 7.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protegen la manifestación de las ideas, el derecho a buscar, recibir y difundir información, y la libertad de comunicar opiniones por cualquier medio, sin censura ni restricciones indirectas.

En el espacio colectivo reside su valor democrático. La ciudadanía no puede evaluar políticas públicas, elegir representantes o cuestionar abusos si carece de información plural y oportuna. La crítica incómoda, incluso la que irrita a las autoridades o a grupos poderosos, amplía el espacio público y obliga a justificar decisiones. No toda expresión será acertada o responsable, pero la respuesta democrática ante ello debe ser más información, rectificación, debate y vías legales proporcionales, no la intimidación. Proteger únicamente los mensajes aceptables para la mayoría restaría sentido a este derecho, cuya función principal es resguardar el disenso.

Los medios independientes y el periodismo profesional cumplen una función que ninguna oficina gubernamental puede sustituir: verificar hechos, contrastar versiones, investigar redes de corrupción, explicar asuntos complejos y conservar una memoria pública de lo ocurrido. Cuando un periodista documenta desvíos presupuestales, un medio informa sobre violencia o cuestiona una decisión oficial, no actúan sólo en nombre propio; amplían el conocimiento disponible para toda la sociedad. Organismos internacionales han insistido en que los medios de comunicación libres, plurales e independientes son pilares de la democracia porque contribuyen al debate público, vigilan al poder y fortalecen las instituciones.

Hoy, en México, esta función se ejerce bajo riesgos graves. Los diagnósticos recientes describen agresiones físicas, amenazas, acoso judicial, precariedad económica, concentración mediática y presiones mediante la publicidad oficial. En 2024, la organización no gubernamental, Artículo 19 documentó 639 agresiones contra la prensa y cinco periodistas asesinados; para 2025 reportó siete asesinatos, una desaparición y cientos de agresiones. Reporteros Sin Fronteras ubicó a México en el lugar 124 de 180 países en su clasificación de 2025 y señaló que la seguridad constituye uno de los problemas más severos. Estos datos muestran una brecha preocupante entre la protección consignada en la Constitución Mexicana y las condiciones reales para informar.

La violencia contra un periodista produce un daño que rebasa a la víctima. Cada amenaza puede generar autocensura; cada medio de comunicación que cierra deja una comunidad sin vigilancia; cada investigación que no se publica acrecienta la impunidad. De ahí que proteger a la prensa no signifique otorgarle inmunidad ni eximirla de estándares éticos. Significa asegurar que se pueda investigar sin miedo, corregir errores sin coacción, distinguir información de propaganda y responder ante la ley mediante procedimientos independientes y proporcionales.

No salvaguardar la libertad de expresión tendría graves costos para México. El primero sería político: la erosión de los contrapesos. Sin cuestionamientos difíciles ni investigaciones independientes, los gobiernos pueden administrar la realidad mediante propaganda, ocultar fallas y convertir la crítica en deslealtad. El debate público se empobrece y las elecciones pierden calidad porque la ciudadanía decide con información incompleta. A largo plazo, la normalización de la censura —directa o indirecta— abre la puerta al autoritarismo, pues reduce la capacidad social para detectar y frenar abusos.

El segundo costo sería institucional y social. La opacidad facilita la corrupción y la impunidad, mientras que el silenciamiento de voces locales deja sin registro problemas de seguridad, medio ambiente, salud o servicios públicos. Cuando las personas perciben que sólo algunas versiones pueden circular, disminuye la confianza tanto en las autoridades como en los medios. Ese vacío es ocupado por rumores y desinformación, situación que polariza a la sociedad y dificulta construir acuerdos basados en hechos verificables.

El tercer costo sería económico y territorial. La inseguridad para informar desalienta inversiones, encarece la evaluación de riesgos y debilita la certeza jurídica. Además, si los medios locales desaparecen por la violencia o falta de sostenibilidad, surgen “desiertos informativos” donde comunidades enteras carecen de noticias confiables sobre su entorno. Un país con información pobre toma peores decisiones públicas y privadas.

Finalmente, habría un costo humano y cultural. Si informar puede implicar perder el empleo, ser demandado, desplazarse o morir, la sociedad aprende que cuestionar es peligroso. El miedo se vuelve una forma silenciosa de censura y las nuevas generaciones reciben el mensaje de que participar en la vida pública exige obediencia. México perdería testimonios, archivos, investigaciones y voces indispensables para comprenderse a sí mismo. En ese escenario, no sólo callarían los periodistas: también se reduciría la libertad cotidiana de estudiantes, académicos, artistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes.

Salvaguardar la libertad de expresión requiere algo más que declaraciones. El Estado debe prevenir e investigar eficazmente las agresiones, combatir la impunidad, fortalecer mecanismos de protección con recursos suficientes y atender los riesgos particulares del periodismo. También debe evitar discursos estigmatizantes desde el poder, impedir el uso abusivo de procesos judiciales, transparentar la publicidad oficial y garantizar el acceso a información pública. Las empresas mediáticas, deben ofrecer condiciones laborales dignas, protocolos de seguridad y compromisos con la ética y la corrección de errores.

La libertad de expresión es el sine qua non de una sociedad abierta: permite conocer, discutir, corregir y exigir. En México, defenderla implica proteger tanto a quien emite una opinión como a quienes necesitan recibir información para decidir sobre su futuro. Los medios y periodistas libres no son adversarios del Estado, sino aliados de una democracia que debe corregirse antes de que sus fallas se conviertan en crisis. Si el país no garantiza su seguridad e independencia, pagará con más corrupción, menos confianza, instituciones más débiles, peores decisiones económicas y una ciudadanía habituada al silencio. En cambio, si convierte la protección de la palabra pública en una política de Estado, México fortalecerá no sólo una garantía constitucional, sino la posibilidad de vivir en libertad.

Ex Comisionado Nacional de Seguridad y ex Comisionado Nacional Contra las Adicciones

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