INE 2027: presupuesto con inconsistencias y sin perspectiva de género

El pasado martes 18 de agosto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), conoció y aprobó el Proyecto de Presupuesto para el año 2027 y una previsión precautoria por tuviera que organizar una Consulta Popular o la Revocación de Mandato.

Aquí las razones de mi voto en contra en mi calidad de Consejera Electoral. Mi decisión no es un asunto menor ni sencillo. Es, en realidad, un ejercicio de exigencia técnica, congruencia ética y responsabilidad hacendaria. Un presupuesto institucional que supera los 31 mil 431 millones de pesos no puede presentarse con puntos ciegos, contradicciones internas o discursos que se desmoronan frente a la frialdad de sus propios números.

El primer vacío inaceptable de esta propuesta es la ausencia de un rumbo estratégico vigente. Me parece inadmisible cimentar el gasto del año 2027 sobre la base de un Plan Estratégico Institucional 2016-2026 que ya se encuentra vencido. Presupuestar el futuro utilizando herramientas del pasado no es planeación real; es improvisación. Un órgano autónomo de la envergadura y peso social del INE no puede operar en un limbo de planeación estratégica.

El segundo motivo de mi rechazo, y quizás la contradicción discursiva más grave de este documento, es la marginación real de la perspectiva de género. Mientras el anteproyecto se desbordaba en retórica sobre igualdad y transversalidad, los datos revelaban una simulación alarmante: de las 23 Unidades Responsables de gasto que componen nuestro Presupuesto Base, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación recibirá la asignación más baja de todo el INE, con apenas 18 millones 610 mil 116 pesos (un ínfimo 0.13%), muy lejano al 3% de financiamiento público que se exige a los partidos políticos para la capacitación, promoción y liderazgo de mujeres.

Además, estos fondos se diluyen en bolsas conjuntas con "Cultura Democrática" e "Inclusión", imposibilitando una fiscalización exclusiva y transparente del dinero destinado a erradicar la violencia política contras las mujeres en razón de género. La perspectiva de género debe regir para todas nuestras actividades, tal como lo establece expresamente el artículo 30, numeral 2 de la ley electoral. Si el género es prioridad en las palabras, debe serlo también en el dinero. Como reza la máxima popular: “programa sin recurso, es discurso”.

El tercer punto crítico radica en una deficiente planeación financiera ante la volatilidad cambiaria. El proyecto establece un tipo de cambio rígido de $18.60 pesos por dólar. Si bien se prevé qué hacer si la cotización baja de esa cifra, no se contempla ningún mecanismo de mitigación o contingencia si la cotización peso-dólar supera ese umbral. En un mercado financiero global cargado de incertidumbre geopolítica y fluctuaciones en los precios del crudo, ignorar este riesgo expone al Instituto a dificultades inmediatas para cumplir con sus obligaciones cotizadas en divisa extranjera.

Finalmente, el incremento general propuesto carece de un asidero racional o inercial. Excluyendo las prerrogativas de los partidos políticos y el presupuesto precautorio, el cálculo para 2027 implica un incremento desmedido del 60.42% respecto de 2021 (elección intermedia similar, cuyo presupuesto ajustado fue de 19 mil 593 millones de pesos) y un 40.81% respecto de 2024 (elección presidencial y legislativa completa, que contó con un presupuesto ajustado de 22 mil 322 millones de pesos).

No pude acompañar la simulación ni la falta de planeación y alegué que aún tenemos tiempo legal para rectificar. Aunque la Constitución mandata la entrega del Paquete Económico a más tardar el 8 de septiembre, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos otorga un plazo que vence el 29 de agosto para enviar nuestro proyecto ajustado. Eso significa 11 días de margen.

Postulo una verdadera austeridad y garantizar a la ciudadanía el derecho a una buena administración, a la rendición de cuentas, la transparencia, a un entorno libre de corrupción y máxima publicidad particularmente para nuestras adquisiciones: menos adjudicaciones directas y más licitaciones. Por ello, sostengo que este proyecto debía ser devuelto a la Junta General Ejecutiva y a la Comisión Temporal de Presupuesto para ser corregido. Si ofrecemos elecciones impecables a la ciudadanía, impecable debe ser también nuestra programación presupuestal y claro, nuestras adquisiciones.

Consejera Electoral del INE

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