El impacto ambiental de la IA es más profundo de lo que parece. El pasado 3 de junio, el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas alertó sobre la crisis hidro-tecnológica global mediante cifras contundentes: solo ChatGPT procesa alrededor de 2,500 millones de solicitudes diarias. Aunque cada consulta consume apenas 0.42 Wh, la escala masiva transforma este gasto en una carga de infraestructura que alcanza los 383 GWh de electricidad anuales. Para mitigar el carbono generado, se necesitarían 2.6 millones de plántulas de árboles creciendo por una década (el equivalente a reforestar todo Manhattan).
Además, la huella hídrica de esta herramienta iguala el consumo vital mínimo de 500,000 personas en el África subsahariana, y su ocupación de suelo equivale a más de 800 campos de fútbol, evidenciando el severo costo biofísico de la tecnología moderna.
Estas métricas configuran una flagrante contradicción en el orden jurídico internacional. Mientras el capital tecnológico monopoliza recursos vitales, la Organización de las Naciones Unidas ratifica el derecho al agua como un bien inalienable. Específicamente, la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vincula este recurso limitado a la seguridad y la salud pública, lo que obliga jurídicamente a los Estados a priorizar el consumo humano frente a los intereses corporativos.
En el contexto mexicano, la subordinación de los recursos naturales a la soberanía popular se blindó mediante la reforma al artículo 4° constitucional el 8 de febrero de 2012. Este mandato impone al Estado la responsabilidad irrenunciable de garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El texto constitucional no solo delega la rectoría del recurso al aparato estatal, sino que le exige diseñar mecanismos de distribución equitativa y sustentable, ello es así, en virtud de que, el acceso al agua no es una variable de mercado, sino la condición material indispensable para la vida y la dignidad humana.
El objetivo central del presente análisis no consiste en estigmatizar o frenar el progreso tecnológico, particularmente el de la inteligencia artificial, sino en generar conciencia colectiva sobre la importancia de un modelo de desarrollo social sustentable.
Asimismo, busca visibilizar ante los monopolios del sector la imperiosa necesidad de compartir y democratizar la tecnología, toda vez que su evolución y uso práctico son el resultado inequívoco de un esfuerzo comunitario y global.
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) @FFuentesBarrera