La entrega del Paquete Económico 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que México lleva años posponiendo: la necesidad de revisar el diseño del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas, no solo desde una perspectiva recaudatoria, sino también como una herramienta de política fiscal orientada a proteger la salud y reducir desigualdades.

México utiliza actualmente un esquema ad valorem, en el que el IEPS se calcula sobre el precio de la bebida, con tasas diferenciadas según la graduación alcohólica. Esto genera una contradicción desde la perspectiva de salud pública: dos bebidas con la misma cantidad de alcohol puro pueden pagar impuestos muy distintos debido a su diferencia de precio, permitiendo que productos de bajo costo y alta graduación alcohólica mantengan una carga fiscal menor y, con ello, sean más accesibles para el consumidor. El problema cobra relevancia frente a sectores como niñas, niños y adolescentes, y personas que presentan un consumo problemático, por accesibilidad a bebidas de bajo costo y alto contenido alcohólico.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los impuestos al alcohol se encuentran entre las herramientas más efectivas para reducir los daños asociados a su consumo. En este sentido, desde una perspectiva sanitaria, recomienda avanzar hacia esquemas de tributación ad quantum, en los que la carga fiscal se determina en función de la cantidad de etanol contenida en las bebidas, lo que establece una relación más clara entre riesgo sanitario y carga fiscal.

Asimismo, la transición hacia un esquema ad quantum aumentaría significativamente la recaudación. La iniciativa Moderniza IEPS estima que el cambio de esquema representaría miles de millones de pesos adicionales al año, dependiendo de la cuota por litro que establezca la SHCP. Adicionalmente, los recursos provenientes del IEPS al alcohol deberían destinarse a prevenir y atender los daños asociados al consumo nocivo.

La discusión alcanza también una dimensión social. Productores mezcaleros en todo el país han pugnado por una modificación al esquema actual del IEPS, al considerar que este afecta particularmente a la producción artesanal, caracterizada por mayores costos y menores volúmenes de producción. Para ellos, lo que está en juego es subsistir, y con ellos, la continuidad de economías comunitarias, saberes ancestrales y tradiciones transmitidas durante generaciones.

La discusión no puede limitarse al tipo de impuesto. Una política integral requiere controles efectivos sobre la venta a menores, combate al mercado ilegal, regulación, prevención, tratamiento de adicciones y educación sobre los riesgos del consumo. La propia evidencia internacional advierte que la política fiscal funciona mejor cuando forma parte de una estrategia más amplia.

La discusión ya está en marcha. El Grupo de Trabajo sobre Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y Otras Bebidas Alcohólicas, encabezado por el diputado Carol Antonio Altamirano, ha recorrido el país escuchando a productores y comunidades. Desde distintos frentes, la discusión apunta en la misma dirección: México necesita un IEPS que proteja la salud sin castigar a quienes preservan una tradición y sostienen economías comunitarias. El Paquete Económico 2027 ofrece el momento para hacerlo realidad.

@EuniceRendon

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