Incrementos en el costo de distintos productos, la mayoría prescindibles pero algunos de consumo necesario como la leche o los combustibles, es lo que marca el inicio de año en México. Aunque la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) ha descartado una alza generalizada de precios en los próximos días, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advierte que las reformas fiscales adoptadas por el gobierno para 2020 impactarán en el precio de algunos alimentos perecederos como el de las verduras o el de la carne. Si bien en algunos casos las autoridades determinaron alzas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre artículos como golosinas, pan dulce, cigarros y bebidas alcohólicas, como una medida no tanto con carácter recaudatorio sino para desalentar su consumo; en otros casos se han anunciado aumentos en el precio de productos, servicios y trámites que afectan a la totalidad de la población. Y si ciertamente diversiones como los juegos de azar se ven afectados en su costo, otros servicios como la transportación en avión o el hospedaje, por ser considerados suntuarios, sufrirán incrementos que podrían dejarlos fuera del alcance de buena parte de los mexicanos, sin tener en cuenta que en ocasiones, los viajes y estancias pueden obedecer a razones médicas o de trabajo, y no exclusivamente a cuestiones de ocio o asueto.
Como cada año, los cambios y ajustes fiscales sirven para justificar o como pretexto para el incremento de precios, situación que repercute especialmente en el interior de la República, en donde algunos estados han anunciado la aplicación de nuevos impuestos para compensar los recortes presupuestales que, aseguran, les han sido impuestos desde la Federación como parte de la denominada Austeridad Republicana, aun cuando el propio mandatario, Andrés Manuel López Obrador, recalca que las entidades son las que toman ese pretexto, junto con el de que no han recibido recursos, para incrementar las cargas fiscales a la ciudadanía.
Se debe apelar que ante una muy segura escalada de precios, hay que cuidar que las alzas repercutan lo menos posible en los precios de la canasta básica de productos para consumo de las clases populares, y procurar así que queden cubiertas las necesidades más apremiantes de los sectores sociales más desprotegidos y que no se afecte su poder adquisitivo. El Estado debe recordar que los impuestos y otras cargas económicas inciden con mayor fuerza y precisamente en los estratos sociales con menos ingresos a los que se busca proteger.
