2027: lo que está en juego

Hace una semana inició formalmente el proceso electoral 2026-2027. Son los comicios más grandes en la historia: más de 19 mil cargos en disputa, entre los que destacan 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados, con un padrón de más de 102 millones de personas rumbo a la jornada del próximo 6 de junio.

Sin embargo, dicho proceso arrancó marcado por tensiones internas, una nueva disputa por el presupuesto, ajustes de último minuto en áreas cruciales del INE, así como incertidumbre por una cuestión que las autoridades electorales no respondieron satisfactoriamente en 2024.

Para 2027, el INE solicitó un presupuesto de 42 mil 274 millones de pesos, 87% más que este año. La presidenta Sheinbaum lo consideró “exagerado”. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se modificará; pidió al Órgano Interno de Control del instituto que identifique dónde recortar.

La decisión es responsabilidad de la Cámara. Lamentablemente, la discusión presupuestal de los últimos años se ha visto reducida casi exclusivamente a la magnitud de los recortes: las mayorías oficialistas han disminuido sistemáticamente su presupuesto desde 2018, mientras la carga de trabajo no dejaba de crecer. En 2027, deberá instalar más de 176 mil casillas, 6 mil más que en 2024. Después de tantas reducciones, cualquier cifra puede parecer exagerada, aunque el instituto lleva años haciendo un esfuerzo por preservar sus capacidades con muchos menos recursos.

Días antes del arranque, Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva, uno de los puestos operativos más importantes del INE. En ese contexto, el consejero Arturo Castillo Loza advirtió que el instituto parece haber dejado de cumplir con sus funciones de vigilancia a los partidos políticos, poniendo en riesgo la equidad de la contienda. También recordó que este año se despidió a 836 personas sin que las consejerías tuvieran información completa sobre quién ocupó esos puestos. De hecho, algunos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, que debieron haber sido nombrados en forma colegiada, fueron designados por la presidencia del Consejo General. Es un INE muy distinto al de 2018, 2021 y 2024.

El sistema de partidos también cambió, con dos nuevos integrantes. “PAZ”, cercano al oficialismo, es el tercer intento —antes Encuentro Social y Encuentro Solidario— del mismo grupo político por mantener el registro nacional. Por su parte, el opositor “Somos” tuvo que renunciar a su identidad gráfica para poder estar en la boleta. En total, competirán ocho fuerzas políticas.

Con todo, quizá lo que más sombra proyecta sobre las elecciones del próximo año es la interpretación constitucional sobre los límites a la sobrerrepresentación. Desde 1996, el artículo 54 de la Norma Suprema establece que ningún partido puede tener en la Cámara de Diputados una representación que rebase en más de ocho puntos porcentuales su votación. El límite obliga a las mayorías a construir consensos con las minorías.

En 2024, la coalición oficial obtuvo 54.72% de los votos y terminó con 72.8% de las curules —18 puntos por encima de lo permitido, más del doble del tope constitucional—. De ahí la mayoría calificada que les permitió reformar la Constitución sin los votos de las oposiciones. Esa diferencia, no obstante, abrió una discusión que sigue sin resolverse de fondo: si el límite debe aplicarse exclusivamente a cada partido o si debe interpretarse de manera que impida que una coalición, en conjunto, obtenga una representación muy superior a la votación que recibió. Esta vez, el INE y el Tribunal Electoral tienen la oportunidad y la responsabilidad de rectificar.

Así, el balance de los comicios en curso sólo podrá hacerse con justicia cuando el Consejo General asigne las diputaciones de representación proporcional y defina cuántas recibe cada partido. Hasta entonces será posible evaluar si las reglas permitieron reflejar con suficiente fidelidad la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En 2027 se eligen miles de cargos. Al mismo tiempo, está en juego la capacidad; y, sobre todo, la credibilidad de nuestras instituciones electorales.

Diputada federal

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