La elección que la IA puede cambiar

El pasado 10 de septiembre comenzó formalmente el proceso electoral 2026-2027. México se prepara para renovar las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Pero esta elección tendrá un desafío que hace apenas unos años parecía ciencia ficción, distinguir entre lo que ocurrió y lo que una máquina puede hacernos creer que ocurrió.

Un juez cita fallos que nunca existieron. Un abogado presenta un escrito armado por un chatbot. Un expresidente inhabilitado aparece clonado por inteligencia artificial pidiendo el voto para su hijo. No son escenarios imaginarios. Son ejemplos de una realidad que ya alcanzó al derecho y a la democracia.

Ni los procesos judiciales ni las contiendas electorales se entienden ya sin la inteligencia artificial. Hay jueces que la han utilizado sin suficiente responsabilidad y abogados que han presentado escritos con sentencias inexistentes. La tecnología puede agilizar tareas, procesar enormes cantidades de información y facilitar el acceso al conocimiento jurídico. El problema comienza cuando dejamos de saber dónde termina la herramienta y dónde empieza la decisión humana.

En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrarios al derecho comunitario ciertos usos de instrumentos automatizados de detección predictiva de amenazas (asunto C-817/19), al advertir los riesgos que la opacidad tecnológica puede representar para el derecho a un recurso judicial efectivo.

La Corte Constitucional de Colombia enfrentó después una pregunta todavía más cercana. Analizó si un juez había vulnerado el debido proceso al incorporar en una sentencia un texto producido con ChatGPT (T-323/2024). Su respuesta fue relevante. La inteligencia artificial puede apoyar determinadas tareas judiciales, pero nunca sustituir el razonamiento, la responsabilidad ni el juicio humano.

En materia electoral el problema puede ser todavía mayor.

La inteligencia artificial ya permite reproducir con enorme precisión el rostro, la voz y hasta los gestos de una persona. Eso significa que también puede fabricar declaraciones, respaldos políticos, ataques o acontecimientos que jamás sucedieron. El problema democrático deja entonces de ser únicamente qué se dice durante una campaña. Ahora también debemos preguntarnos quién lo dijo y, más inquietante todavía, si realmente lo dijo.

Estados Unidos ya ha enfrentado la tensión entre combatir los deepfakes electorales y proteger la libertad de expresión. El caso Kohls vs. Bonta planteó en 2024 precisamente esa discusión. Una corte federal de California suspendió la Ley AB 2839 al considerar que restringía desproporcionadamente el humor, la sátira y la crítica política.

Brasil optó por establecer reglas específicas. Su Tribunal Superior Electoral exige identificar contenidos generados con inteligencia artificial y prohíbe deepfakes que alteren la imagen o la voz de candidaturas para difundir información falsa.

Ahí mismo apareció un caso que muestra hasta dónde puede llegar el fenómeno. Durante una convención del Partido Liberal se difundió un video generado con inteligencia artificial en el que Jair Bolsonaro aparecía respaldando la candidatura de su hijo Flávio. El expresidente estaba inhabilitado políticamente. La pregunta para la justicia electoral brasileña es extraordinaria: ¿puede participar artificialmente en una campaña quien jurídicamente no puede hacerlo?

México debería mirar con atención estas experiencias.

El proceso electoral ya comenzó y nuestra regulación todavía no ofrece respuestas suficientes frente a esta realidad. Podemos encontrarnos con imágenes, voces o videos de actores públicos que tienen prohibido intervenir en una contienda o que jamás autorizaron el uso de su identidad. También con avatares capaces de reproducir mensajes calumniosos, fabricar acontecimientos o atribuir declaraciones falsas a una candidatura horas antes de una elección.

Y aquí está quizá el problema más profundo. Las elecciones democráticas descansan en que la ciudadanía pueda identificar quién propone, quién acusa, quién responde y quién debe hacerse responsable de lo que dice. La inteligencia artificial puede romper esa cadena de responsabilidad.

Por eso regularla no significa censurarla ni prohibir la innovación. Significa establecer reglas mínimas de transparencia, identificación y responsabilidad que permitan saber cuándo estamos frente a contenido generado o manipulado artificialmente y quién responde por su difusión.

La llamada “micro” reforma electoral de 2026 dejó fuera este tema. Ahora la responsabilidad inmediata está en las autoridades electorales y, en particular, en la necesidad de construir reglas antes de que los conflictos lleguen a los tribunales.

Porque la pregunta ya no es si la inteligencia artificial entrará a nuestras elecciones. Ya entró.

La pregunta es si el derecho llegará a tiempo para proteger algo elemental en cualquier democracia, que cuando una persona decida su voto pueda saber si aquello que está viendo ocurrió realmente, si quien aparece frente a ella verdaderamente habló y si el candidato que le pide su voto existe fuera de una pantalla.

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