Carlos García Fernández | 29-08-26 | 01:54 |

La opción preferencial por los pobres fue el argumento que, de niño, escuché para explicar -mas nunca justificar- el cierre de nuestro colegio. Suscribo con plena convicción dicho argumento, en lo general, sobre todo en un país como México, tan lacerado por una estructural injusticia social, de muy larga data; sin embargo, en ningún documento del Magisterio el adjetivo calificativo que se utiliza es el de una opción que resulte única, exclusiva ni mucho menos excluyente o polarizadora, sobre todo frente al sagrado deber de educar, constitutivo e identitario de la Compañía de Jesús, habida cuenta de su universalidad.

Repasemos dicho argumento, comenzando por analizar, brevemente, la premisa subyacente que es, a la vez, principio de la Doctrina Social de la Iglesia (cuyo pionero fue el Papa León XIII, a través de su encíclica “Rerum Novarum”, 1891): el destino universal de los bienes. La Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II (1965) señala: “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y la compañía de la caridad” (No. 69). Este principio lo desarrolla el “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia” (capítulo IV.3), ligándolo a la opción preferencial por los pobres, en el sentido de que aquél: “… exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situación de marginación y, en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado” (No. 182).

Por su parte, el “Catecismo de la Iglesia Católica” retoma del Concilio el principio en cuestión cuando afirma que “el destino universal de los bienes continúa siendo primordial...” (No. 2403), subrayando -en el marco de las obras de misericordia- que, frente a la miseria humana en sus múltiples formas: “indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas y, por último, la muerte…, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencial…” (No. 2448).

En lo tocante a América Latina y el Caribe, a la fecha se han llevado a cabo cinco Conferencias Generales del Episcopado: Río (1955), Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007). En la de Puebla, por ejemplo, a la par de la opción preferencial por los pobres (Cuarta parte, Cap. I), se destaca la opción preferencial por los jóvenes (Cuarta parte, Cap. II), en tanto que la de Aparecida subraya que “la Iglesia…ruega, pues, encarecidamente, a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la educación, procurar que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho” (Cap. 10, No. 482).

Y, habida cuenta del deber moral de hacer del bien común el más común de los bienes, ¿qué bien debe ser más universal que el de la educación, como vehículo de transformación de la vida individual y social? ¿Qué bien más nivelador de la injusticia social estructural que nos ha aquejado por siglos que la educación de calidad? A la luz del principio de Subsidiariedad, la Compañía podía haber encontrado fórmulas que le permitieran seguir al frente del Patria -tal como ha sucedido en la Ibero- apoyándose en los laicos, y generando un esquema de becas para alumnos de escasos recursos.