México frente al espejo: reclutamiento forzado, epidemia de la violencia

Es tentador y cómodo insistir en que la tragedia de la violencia es un asunto exclusivo del gobierno. Señalar a las instituciones, a los cuerpos policiales o al político en turno nos otorga una coartada perfecta para eludir nuestra responsabilidad y observar la crisis desde la distancia. Pero esa narrativa es una trampa de impunidad social.

El reclutamiento y la cooptación de miles de adolescentes y jóvenes en México no responden únicamente a una falla del gobierno, es una falla de Estado y ahí cabemos todas y todos; son la consecuencia de una sociedad global que consume, convalida y se beneficia de lo que las economías ilegales producen.

El primer gran engaño con el que nos hemos adormecido es la mentira del sicario. Reducir el reclutamiento a la figura del joven armado en una camioneta conviene a todos: al gobierno porque achica el problema a una simple métrica de contención policial, y a la sociedad porque le permite imaginar que la violencia ocurre en un planeta lejano. La realidad del territorio es más compleja.

La criminalidad organizada opera desde una tríada inseparable —política, empresarial y criminal— que cruza toda la estructura social.

Si analizamos la leva bajo la luz de los 23 delitos que señala la Convención de Palermo, el reclutamiento se revela como lo que realmente es: la explotación de adolescentes y jóvenes en todas las etapas productivas de las economías ilegales.

Los jóvenes no solo son reclutados para apretar un gatillo. En el despojo de inmuebles, se utiliza a adolescentes para ubicar predios y amedrentar a las familias, integrándolos a redes donde participan abogados, notarios y jueces.

En el tráfico de cigarros y mercancías de contrabando, se les emplea para almacenar, distribuir y cobrar en la vía pública. En el mercado de las sustancias, participan en la producción, clasificación, traslado y venta al menudeo. En el robo de vehículos, en la identificación, traslado y desmantelamiento. Y en la trata de personas o la explotación de migrantes, en el enganche, vigilancia y sometimiento.

En cada uno de estos eslabones, la juventud es utilizada como mano de obra sustituible para operar la logística, el cobro y la seguridad de negocios multimillonarios.

Ahí es donde la sociedad pierde toda autoridad moral para declararse víctima inocente. La cadena de producción ilegal solo existe porque hay un mercado formal que la consume y la demanda.

Como un ejemplo, cada vez que un consumidor de clase media o alta en las Lomas, Polanco, la Condesa o la Roma abre su teléfono, pide por mensajería el menú del mes y paga su dosis, no está realizando un acto individual ni inofensivo: está pagando la nómina del halcón, el combustible de la camioneta, la logística de enganche, o la bala con la que otro joven muere y que mantiene la leva activa en las periferias de la Ciudad de México y en los municipios del país.

La sociedad exige seguridad en sus colonias mientras financia con sus hábitos de consumo el reclutamiento en los barrios populares, piensen el impacto del consumo desde ciudades como Washington o Nueva York.

Nos hemos acostumbrado a tratar a las y los jóvenes de entre 14 y 28 años atrapados en este engranaje como material desechable. Se omite deliberadamente que desde el año 2002 México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y el Convenio 182 de la OIT. De acuerdo con la Ley Suprema de nuestro país, el Estado y la sociedad están obligados a reconocer a los menores de 18 años reclutados como víctimas de violencia armada y de las peores formas de trabajo infantil, y no como delincuentes primarios a los que se procesa penalmente para calmar la exigencia pública de castigo.

Si lo que más nos ocupa es el extremo de las y los adolescentes reclutados como combatientes o sicarios, utilicemos entonces los campos agrícolas decomisados a los propios criminales para la edificación de aldeas juveniles en programas de externación territorial.

Espacios donde puedan aprender a vivir en comunidad y donde un entorno productivo digno les devuelva el sentido de futuro. Si el golpe en la mesa para romper las complicidades políticas ya comenzó con casos como el de Rubén Rocha Moya, es indispensable, si así se demuestra el desmantelamiento de su patrimonio, usar sus ranchos y continuar con el rescate integral de los miles de adolescentes y jóvenes sinaloenses atrapados en la tríada empresarial, política y criminal del crimen organizado.

Desde la experiencia acumulada de 26 años en el trabajo de campo con Cauce Ciudadano A.C. y la implementación del Programa Retoño, sabemos que la contención de la violencia no solo se logra mediante el despliegue de inteligencia policial ni con la entrega de apoyos económicos. Además de desmantelar financieramente la triada mafiosa. Se requiere con urgencia la articulación de un Sistema Nacional de Desmovilización, Desvinculación y Reintegración para Adolescentes y Jóvenes (SNDDR)..

Este sistema debe vincular a la totalidad de los actores sociales: a las familias en la restitución del cuidado; a las escuelas en la garantía de permanencia; al sector privado en el desmontaje de sus complicidades y la apertura de empleo protegido; a las fiscalías en la aplicación de mecanismos de inmunidad, colaboración con la ley y protección para quienes buscan desvincularse; y a las comunidades y colectivos de víctimas y madres buscadoras en el desarrollo de procesos de verdad y justicia restaurativa en el territorio.

Mientras la ciudadanía continúe evadiendo su responsabilidad, consumiendo lo que la violencia produce y delegando la protección de la vida únicamente en la respuesta punitiva del Estado, no habrá estrategia de seguridad que resulte suficiente. El reclutamiento no se detendrá mientras sigamos siendo una sociedad que financia, juzga y descarta a sus propios jóvenes.

Presidente fundador de Cauce Ciudadano A.C.

@carloscauce

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