El mensaje de Robert Alexy a la SCJN

El pasado fin de semana falleció el profesor Robert Alexy a tan sólo cuatro días de cumplir 81 años de edad. El filósofo del Derecho, que nació el 9 de septiembre de 1945 en Oldemburgo, Alemania, escribió La Teoría de la Argumentación Jurídica en 1978, la Teoría de los Derechos Fundamentales en 1985, El Concepto y la Validez del Derecho en 1992, entre otras obras que trasformaron el modelo de justicia en los Estados democráticos de Derecho, donde los jueces no deben ejercer actos de poder, sino sentencias racionales bien argumentadas.

El académico explicó que los Tribunales Constitucionales no son libres de declarar cualquier argumento como si fuera en representación del pueblo, pues si lo hicieran no habría límites ni control. El control de constitucionalidad como argumento no permite todo, sólo argumentación racional y objetiva. Únicamente las personas racionales son capaces de aceptar argumentos sobre la base de su corrección o sensatez. El maestro concluye que existen dos condiciones fundamentales para una verdadera representación argumentativa: la existencia de argumentos correctos o razonables y la existencia de personas racionales que estén dispuestas y sean capaces de aceptar argumentos correctos y razonables, por la mera razón de que son correctos y razonables.

Contrario a lo anterior en la “nueva” Suprema Corte hemos escuchado argumentos de otra naturaleza: “Los bebés in vitro no forman parte de la familia”, “All inclusive significa que no dejan entrar mexicanos”, “La persecución política, porque también se da en nuestro país, ¿no? Ni modo, así es”.

Argumentos de contenido político en el máximo tribunal del país representan el fracaso del método de elección popular como mecanismo para la designación de los jueces constitucionales. El control de constitucionalidad sólo puede tener éxito si los argumentos presentados por el tribunal constitucional son razonables y si un número suficiente de miembros de la comunidad son capaces de ejercitar sus capacidades racionales y desean hacerlo.

A un año de la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sus nueve integrantes fueron designados mediante una elección popular, cuyo proceso fue cuestionado por el “acordeón” y por el alto abstencionismo, habría que preguntar a la comunidad jurídica nacional e internacional, respecto a los casos en los que se cuestiona el abuso de poder del Estado Mexicano, si las decisiones se toman con argumentos constitucionalmente aceptados o son simples deliberaciones en la que es posible legitimar cualquier cosa.

La validación de la facultad de la Secretaría de Hacienda, para bloquear, sin control judicial previo, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la validación de la reforma que eliminó el fondo mínimo obligatorio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que garantizaba un presupuesto irreductible para ayuda y reparación integral; o la decisión de la Suprema Corte que validó la desaparición de 109 fideicomisos, que concentraban alrededor de 68 mil millones de pesos, sin control y trasparencia de ejercicio de ese recurso público, enmarcan la tendencia de decisiones cuya razonabilidad es cuestionable y en donde la polémica de las ideologías sirve como armas semánticas.

El filósofo Robert Alexy se fue, no sin antes mandar un mensaje a los Tribunales Constitucionales del mundo.

Académico de la UNAM

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