Hay una frase que se repite desde hace años en las conferencias matutinas: quien cuestiona al poder no informa, conspira; quien señala una irregularidad no hace su trabajo, se presta a una campaña; quien hace preguntas incómodas no es periodista, es “prensa vendida”, “chayotero”, “conservador”. El vocabulario cambia según el día y el humor de quien habla desde el atril, pero el mensaje de fondo es el mismo: la crítica no se discute, se denuncia como traición.
Ese giro retórico no es un detalle de estilo. Es una forma de gobernar la conversación pública que, sostenida durante los últimos sexenios de Morena, ha ido erosionando algo que costó mucho construir en México: la idea de que un periodista incómodo no es un enemigo del país, sino parte de su sistema inmunológico democrático.
Nadie exige a un gobierno que aplauda a la prensa que lo cuestiona. La tensión entre poder y periodismo es sana y hasta necesaria. El problema aparece cuando esa tensión se convierte en señalamiento personal, sistemático y desde el micrófono más amplificado del país. Cuando un presidente o una presidenta dedica minutos de una conferencia diaria a exhibir por nombre a un reportero, a calificar su trabajo de mentira orquestada o a sugerir motivaciones oscuras detrás de una nota, no está ejerciendo su derecho a réplica: está usando el aparato del Estado para moldear a la opinión pública en contra de una persona concreta, con nombre y apellido, que después tiene que salir a la calle.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras colocan reiteradamente a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y el propio relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de un entorno adverso marcado por asesinatos, desapariciones, amenazas y, subrayó, “estigmatización desde el poder público”.
¿En qué clima se ejerce el periodismo cuando la máxima tribuna del país normaliza, día tras día, la idea de que ciertos comunicadores son adversarios a vencer y no voces a escuchar? Un entorno donde el poder estigmatiza no crea, por sí solo, a los sicarios que aprietan el gatillo. Pero sí puede bajar el costo social de agredir, difamar o acosar a quien ya fue señalado desde arriba como enemigo. El linchamiento público —las redes movilizadas, los mensajes coordinados, la sospecha instalada sobre un gremio entero— no necesita una orden explícita para funcionar; le basta con la autorización implícita de saber que, desde el poder, ya se dijo algo parecido.
El periodismo que incomoda a un gobierno no es, por definición, un periodismo al servicio de otro interés. Preguntar por un contrato, por un familiar en la nómina pública, por una cifra que no cuadra, es el ejercicio más elemental del oficio. Tratar cada pregunta incómoda como una agresión política, y responder a ella no con datos sino con el señalamiento público de quien la hizo, invierte la lógica de una democracia: convierte al fiscalizador en sospechoso y al fiscalizado en víctima.
México no necesita gobiernos que amen a la prensa. Necesita gobiernos que entiendan que la prensa crítica —incluso la injusta, incluso la que se equivoca— es parte del precio y del privilegio de vivir en un país que se dice democrático. Cuando esa distinción se pierde, cuando criticar empieza a sonar a traicionar, lo que se debilita no es la reputación de un gobierno en turno. Es la posibilidad misma de que alguien, mañana, se anime a preguntar.
Presidente Nacional del PRI