“Yo desaparezco, salí a comprar agua y me acorralaron; tú desapareces, regresabas del establo cuando te llevaron; él desaparece, viajó para dar una charla antisecuestros y no llegó a la cita; ella desaparece, la sacaron de su cama, frente a su hija; nosotros desaparecemos, recorríamos el país vendiendo pinturas hasta que nos interceptaron”. Desaparecer en nuestro país es tan fácil como conjugarlo desde hace al menos una década en México, pues no existe un perfil de víctima ni de sujeto activo. Aunado a ello, debe considerarse que otro factor que hace aún más factible la desaparición de una persona, es que por parte de nuestras autoridades existe una clara reticencia de reconocer siquiera la existencia de este fenómeno. Esta evasiva oficial no implica una mera cuestión nominativa, sino que conlleva ineludiblemente la generación de obstáculos para el registro y búsqueda de las personas desaparecidas, así como para el acceso tanto a la justicia como a la verdad en torno a estos casos.

Ante este contexto nacional es fundamental preguntarse cómo estamos desapareciendo y pensarlo desde una perspectiva más profunda, que trascienda los patrones cualitativos del modus operandi. Ello nos permitirá plantear de manera más clara el instante desde que inicia la potencial desaparición de una persona en México. Este podría considerarse que es el momento desde que se identifica un claro deterioro de las condiciones de seguridad como resultado de la operación de grupos delincuenciales en una determinada demarcación, el cual es claramente ignorado o minimizado por las autoridades. Considero que desde dicho instante puede iniciar nuestra potencial desaparición, porque parece que la reacción y postura de los funcionarios revela cierta concepción de que la vida de cada uno de nosotros puede extinguirse y ser fácilmente sustituida o bien que el vacío que deje nuestra ausencia no tiene ningún impacto o significado en el ámbito político. Por lo tanto, desde esta perspectiva no se concibe necesario actuar para evitar que las personas sean privadas ilegalmente de la libertad, asesinadas o desaparecidas.

En este sentido, considero conveniente traer a colación como ejemplo, lo que ha sucedido con la ley especifica en materia de desaparición de personas, cuya creación y publicación ha sido una de las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de la Naciones Unidas desde hace tiempo. Esto se debe a que, pese a la presión internacional y a que la desaparición no solo es una probabilidad sino una realidad en la mayor parte del país, han transcurrido muchos años y continuamos sin dicho marco jurídico en México. Es cierto que durante los últimos meses hemos avanzado unos cuantos pasos para contar con esta normativa y la prueba irrefutable es la aprobación del dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares por parte del Senado, que tuvo lugar el pasado 27 de abril. Sin embargo, como parte del proceso legislativo, aún está pendiente la aprobación de dicha ley por parte de la Cámara de Diputados.

Ante esta circunstancia, tanto organismos internacionales como organizaciones de la sociedad civil han emprendido diversas estrategias de comunicación estratégica para que se priorice la discusión de este proyecto de ley en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones. Respecto a los esfuerzos llevados a cabo por la sociedad civil, destaca lo realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, ya que en los documentos gráficos que han difundido a través de sus redes sociales se lee el siguiente enunciado: “Mírame y dime que te importa”. Este mensaje que aparentemente es muy sencillo, revela la compleja realidad que enfrentan cotidianamente las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada o involuntaria, su invisibilidad y el trato indiferente e inclusive revictimizante por parte de las autoridades y un porcentaje importante de la población.

Esta mirada opaca y desinteresada que priva socialmente alrededor de este fenómeno revela otro modo a partir del cual desaparecemos en nuestro país. Si analizamos el efecto de dicha mirada en el ámbito institucional podríamos identificar la desaparición de una persona desde la falta de su registro estadístico correspondiente. Al respecto, considero pertinente mencionar que en nuestro estudio El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia? consideramos los registros estadísticos desde una perspectiva amplia que abarca los siguientes casos:

  • Toda aquella evidencia documental asociada al funcionamiento del sistema de justicia penal por la ocurrencia de desapariciones forzadas e involuntarias.
  • Todo aquel registro de las características de una persona desaparecida.
  • Todos aquellos datos de restos humanos no identificados.
  • Toda aquella información de sitios, depósitos y puntos de entierro que pudieran contener los restos de personas desaparecidas.
  • Toda aquella información relativa a expedientes y quejas del conocimiento de organismos públicos de derechos humanos en materia de desapariciones forzadas.
  • Toda aquella información relativa a eventos en los que se presume ocurrieron desapariciones forzadas e involuntarias.
  • Todas aquellas acciones de búsqueda, procesamiento de evidencia e investigación de casos ligadas a desapariciones.

Uno de los hallazgos del estudio del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) es que, dado el estatus de los distintos registros oficiales en la materia, no es posible determinar la cantidad de personas desaparecidas en México debido a: un alto grado de dispersión de la información, a la falta de claridad conceptual, a registros no validados con fines de difusión y a información limitada. Esto significa que hay una importante cantidad de personas desaparecidas que no solo no son contabilizadas, sino que se les excluye de la posibilidad de ser hallados y de que se les administre justicia.

Mientras que si se analiza el efecto de dicha mirada en el ámbito social, lo que se puede encontrar es que se opta por la comodidad de no ver ni identificarse con las desapariciones, es decir, resulta conveniente borrar del imaginario a las personas desaparecidas. Esto puede deberse porque este delito les resulta completamente ajeno pues quizás presuponen cierta culpabilidad de la víctima que no comparten o bien porque sentir cerca el sufrimiento que conlleva haría ensordecedora su vida cotidiana. Respecto a esto último, no debe olvidarse que:

El desaparecido deja otro tipo de vacío que el asesinado, es un vacío que carcome día con día como un gusano. No hay descanso para los familiares que se pasan la vida esperando una llamada, una entrada súbita por la puerta, cualquier información. El desaparecido no está ni vivo ni muerto, vive en un limbo impreciso donde la identidad se desvanece y donde sólo es real la angustia. El desaparecido no deja rastro alguno pues su cuerpo es escindido de su territorio, de su nombre y de su historia.

Estas son algunas de las formas en que han desaparecido las personas en México y, frente a ellas, los familiares han generado mecanismos para que los seres queridos que les hacen falta dejen de ser invisibles tanto para las autoridades como para la sociedad. Como resultado de ello, ya no es extraño encontrarnos con lonas, volantes o bien imágenes en redes sociales con los datos de media filiación de una persona desaparecida en nuestro país. Ya no es extraño caminar por Reforma cerca la Estela de Luz y encontrarnos con algunas placas con nombres de personas desaparecidas. Ya no es extraño saber que es muy probable encontrarnos en nuestro camino con alguien que tiene un ser querido desaparecido y que lo está buscando incansablemente en cualquier tipo de paraje. No obstante, pese a que nada de esto es extraño en México, difícilmente la mayoría de la población recordará cotidianamente los miles de rostros de las víctimas de desapariciones y, por ende, les será indiferente que el 30 de agosto se conmemore el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas.

Es más que evidente que dada la crisis de seguridad es muy fácil desaparecer en México, no solo en el imaginario social sino en las responsabilidades de las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno. Sin embargo, es un hecho que no es normal que en un país sea tan fácil desaparecer y no debemos aceptarlo, pues hacerlo implicaría estar de acuerdo con nuestra propia desaparición. Debido a ello, no solo urge que la Cámara de Diputados apruebe la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, sino también que las instituciones de procuración de justicia implementen un sistema de gestión de información sobre personas desaparecidas, que facilite y posibilite tanto su búsqueda efectiva como la investigación de los hechos para sancionar a los responsables. Urge que cada uno de nosotros mire directamente los rostros de los desaparecidos y de sus familiares para decirles que nos importan, que nos importan profundamente.

DORIA VÉLEZ

Directora de Investigación

@Dorsvel @ObsNalCiudadano

Turati, Marcela. “La república de los desaparecidos” (2012), en Fuego cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco. México, Grijalbo, p. 192.

Vélez, Doria. Alejandro Vélez. “Tenemos nada” (2013), en Spleen Journal.  Núm.3, México.

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