El presidente de México ha tomado posesión al cargo en el marco de un momento histórico para nuestro país, especialmente el día mismo de su toma de protesta. Lleno de simbolismos y cargado con fuerte reclamos históricos que, si bien, viniendo desde la sociedad, no son nuevos, su reconocimiento desde la institución presidencial sí.

En especial, la estrategia de seguridad interior para nuestro país planteada primero desde la campaña y ahora al tomar posesión, se ha encontrado con particular resistencia entre el sector académico y de la sociedad civil. El presidente López Obrador prometió crear un “ejército de paz” par combatir los altos índices de inseguridad y violencia en México, y su propuesta parece avanzar.

Con la creación de la Guardia Nacional, han venido una oleada de declaraciones y aclaraciones para delimitar los alcances y detalles de su estrategia de seguridad que parece, mantendrá la militarización de la seguridad pública a través de la Ley de seguridad interior.

Pero hay un componente en la estrategia que poco se ha discutido, y es la posesión y uso de las armas. México es uno de los pocos países en el mundo que garantiza en su Constitución el derecho a portar y poseer armas de fuego y poco se ha propuesto al respecto.

Regular la posesión es un problema, pero la impunidad con la que se usan es otro más grande. Los homicidios dolosos cometidos por armas de fuego pasaron de representar en 2012 cerca del 52%, a superar el 67% en lo que va del 2018. Las armas de fuego para cometer homicidios dolosos en 1997 eran responsables de menos del 15%.

En 2017, el Senado de la república aprobó modificaciones a la Ley de Armas y Explosivos para tipificar como grave la portación de armas de fuego no exclusivas del ejército, pero quedó en la congeladora en la Cámara de Diputados y hoy la portación de armas de fuego de este tipo en las calles, en el transporte público o en las escuelas se limita a una multa. Las legislaturas que perpetúan marcos jurídicos laxos van y vienen, y el problema sigue existiendo sin que llamemos a rendir cuentas a nadie.

Con una mayoría en el Congreso, López Obrador tiene una oportunidad de realizar los cambios necesarios para combatir no sólo la portación, sino el tráfico ilegal de armas que se estima se cuenta en cientos de miles y son responsable de la gran mayoría de los delitos con armas de fuego.

Pero para el nuevo presidente de nuestro país los reclamos de impunidad y corrupción que según él son los causantes de la violencia en México pueden volverse en su contra si no comienza a explicar mejor y generar consensos sobre cómo pretende realizar los cambios en temas de seguridad y paz que prometió durante su campaña y hasta el día en que tomó posesión.

Las autoridades de nuestro país, de los tres órdenes de gobierno nos deben mucho para garantizar nuestra seguridad, y la cuarta transformación que tanto se ha anunciado se espera empiece a dar resultados pronto, porque las víctimas se cuentan por miles.

Eduardo Flores.
Observatorio Ciudadano- Chiapas.
@laloflores @ObsNalCiudadano

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