El Consejo Universitario de la UNAM modificó la legislación de la Defensoría de los Derechos Universitarios para ampliar sus capacidades y revisar asuntos sobre la violencia de género.

Por esto, la antigua Defensoría de los Derechos Universitarios tendrá el nombre de Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

La nueva institución podrá recibir quejas del alumnado, personal académico y administrativo por actos u omisiones que afecten los derechos establecidos en las normas universitarias, así como por los que constituyan violencia de género.

También coadyuvará con las autoridades para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia.

Tendrá la capacidad de emitir recomendaciones para prevenir violaciones a los derechos y serán vinculantes, ya que de no cumplirse se impondrán sanciones conforme a la legislación.

Ayer, en una sesión celebrada vía remota, el Consejo Universitario también avaló la creación de un Consejo Consultivo, el cual será integrado por los titulares del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue), entre otros.

Durante la sesión, la consejera Claudia Georgina Luna Zavala aplaudió las modificaciones que se hicieron, además de pedir a los directores poner en acción las nuevas medidas.

“No olvidemos que el descontento por parte de las mujeres universitarias sigue (...) y seguirá a menos que tomemos cartas en el asunto y llevemos todo esto a la práctica”, dijo.

La consejera Martha Roselia Villavicencio consideró que la modificación es producto de un esfuerzo que se inició desde hace años, cuando se trazó una estrategia para proteger derechos.

“Con estas modificaciones la máxima casa de estudios avanza de manera decisiva en su política para erradicar la violencia de género (...) Es un referente para el resto de las instituciones de educación superior”, expresó.

Además de aprobar el nacimiento de este organismo, el consejo avaló adicionar la fracción III al artículo 98 del Estatuto General, relacionado con las sanciones a aplicarse para los casos de violencia de género.

Las sanciones al personal son el extrañamiento escrito, la suspensión y la destitución, mientras que a los alumnos se aplicará la amonestación y negación de créditos, entre otros.

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