El subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía , Francisco Quiroga Fernández, reconoció que en lo que va de la actual administración, de Andrés Manuel López Obrador , han ocurrido 37 accidentes en minas del país.

En una reunión con diputados de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el funcionario afirmó que a cada una de ellas se le da seguimiento para que no vuelvan a pasar una desgracia. “No hemos encontrado un solo accidente fatal que no pudo haber sido razonablemente evitado con políticas y equipo de seguridad”.

Mencionó que, para el sector minero, lo acontecido hace 14 años en es una herida que no ha sanado y que pasa por el rescate de los restos de los 63 mineros. En ello “se está colaborando con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social”, manifestó.

Quiroga Fernández expresó que el Fondo Minero no es para resarcir impactos por esta actividad. Eso lo tienen que hacer las empresas, cada una de ellas debe remediar al cien por ciento de cualquier huella que cause. “Es para el desarrollo de las capacidades productivas y sociales de las comunidades que conviven con la minería”.

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En este contexto, el presidente de la Comisión, diputado Fernando Galindo Favela, señaló que esta reunión se desprende de la inquietud de los grupos parlamentarios para conocer cómo ha evolucionado el Fondo Minero, qué ha pasado con los recursos recaudados y en virtud de la anterior situación normativa, cómo se distribuyeron los recursos.

La idea, argumentó, es conocer la evolución del fondo, ver cuáles son los proyectos que se pretenden financiar con estos recursos en 2020 y qué pasó con los del 2019.

Mencionó que la realidad jurídica es que se tienen recursos pendientes de ejercer de lo recaudado hasta 2018; mientras que de los de 2019 hay una controversia que no ha permitido su aplicación, y en 2020 desapareció.

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Solicitó se informe en qué municipios hay recursos pendientes; esperar la resolución de la controversia para determinar una inmediata acción; evaluar si las políticas públicas han sido las adecuadas en este ejercicio fiscal 2020 y, desde el Legislativo, tratar de impulsar la reintegración del Fondo Minero.

El subsecretario Francisco Quiroga Fernández expresó que el cambio en el Fondo tiene que ver con las bondades del nuevo enfoque más que con las deficiencias del anterior. Tiene la opción de ejercer recursos de forma rápida y aplicarlos en uno de los programas centrales como es el de infraestructura educativa.

Asimismo, dijo que hay tres etapas del Fondo: lo que se recaudó en 2018. Lo respectivo a la ley anterior, que se distribuyó a los estados y a los municipios, y que algunos de éstos recursos no han sido ejercidos, ya sea por falta de proyectos o porque están en curso. Por lo que se ha tenido que asegurar que los montos se ejerzan de una manera transparente y rendición de cuentas.

También se tienen los de 2019, aunque estos cambios a la ley fueron controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Sigue en esa etapa y esperamos que una vez que la Suprema Corte nos dé luz verde sobre este asunto; es decir, si efectivamente los puede ejercer el gobierno federal directamente o si tienen que entregarse a los gobiernos municipales y estatales; ya procederemos conforme se nos indique”.

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La nueva etapa va a ser la de 2020; son recursos que todavía no han sido recaudados. Se recopilarán en abril, y una vez que éstos sean recolectados, el destino del fondo tiene que ver con infraestructura pública. “En un futuro, el mismo lo va a manejar la Secretaría de Educación Pública; aún no hay reglas”.

La directora general del Fondo Minero, María del Socorro Gómez Leyja, detalló que los recursos que les fueron transferidos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) al nuevo fideicomiso o fondo son los recaudados de 2015 al 2017, que equivalen a dos mil 700 millones de pesos.

En el Fideicomiso Fondo Minero, dijo, también están los montos que fueron recolectados; el 80% de la recaudación del 2019, que actualmente ascienden a tres mil 500 millones de pesos.

jabf

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