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Expertos en seguridad y derechos humanos coincidieron en la necesidad de replantear la política de seguridad en México puesto que no se tienen resultados.

En el primer día de la conferencia internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, los participantes subrayaron que las Fuerzas Armadas deben regresar a sus actividades constitucionales, pero de manera paulatina.

Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que las Fuerzas Armadas deben regresar a sus funciones gradualmente.

Indicó que la política del propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, “es reducir las violaciones de derechos humanos a su mínima expresión”.

Al intervenir en las mesas organizadas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el funcionario insistió en que el regreso de las Fuerzas Armadas a sus funciones será “cuando las condiciones estén dadas para ello”.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), afirmó que no hay duda de que México presenta índices de violencia e inseguridad muy altos favorecidos por la impunidad.

“La política de seguridad implementada en los últimos años, a pesar de los esfuerzos realizados, no ha logrado revertir una situación de inseguridad que impacta una plena vigencia de los derechos humanos”, mencionó.

Mario Patrón, director del Centro ProDH, comentó que pensar en que las Fuerzas Armadas dejen de realizar súbitamente las labores que hoy desempeñan “es a todas luces inviable, pero también es inviable perpetuar indefinidamente esa intervención extraordinaria”.

Resaltó que la presencia militar en distintos territorios de la nación ha generado un incentivo político perverso para las autoridades municipales y estatales que no han apostado por profesionalizar sus instituciones de seguridad, sino que han apostado porque las Fuerzas Armadas resuelvan el problema.

David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, expuso que se debe incrementar la capacidad de investigación y procuración de justicia y no el despliegue territorial de la fuerza.

“Adicionalmente se debe contemplar el retorno gradual de las Fuerzas Armadas a sus responsabilidades constitucionales, dado que su actual participación carece de un marco institucional democrático para su involucramiento en el combate a la delincuencia”, dijo.

Ernesto López Portillo, consultor en seguridad ciudadana, comentó que se requiere construir alternativas para reducir la violencia y dichos foros abonan a eso.

Luis González Plascencia, secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, dijo que no es la vía tratar de combatir la violencia con más violencia, ya que el resultado ha sido que lo que era una crisis de seguridad se convirtió en una crisis de derechos humanos.

Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, enfatizó que retirar a las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana de la lucha contra la delincuencia sería algo trágico para México.

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