Estancias operarán con reglas de 2018

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A partir del 10 de junio todos los jueces del país estarán obligados a conceder suspensiones para que las estancias infantiles operen conforme a las reglas de operación de 2018 y vuelvan a recibir recursos federales cancelados por esta administración.

La jurisprudencia se generó gracias al criterio emitido por tribunales federales de todo el país.

Esta medida establece que todas las responsables de estancias infantiles y padres de familia que hayan promovido un amparo lograrán que se suspenda la aplicación de las nuevas reglas del programa, así como la reducción presupuestal del mismo.

Según lo publicado en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia, de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, tiene efectos restitutorios, es decir, permitirá que las estancias infantiles sigan recibiendo recursos económicos y funcionen bajo las reglas de operación del año pasado.

Anteriormente, las guarderías de la Secretaría de Bienestar eran subsidiadas con el erario, pero la actual administración cambió ese mecanismo y ahora se pretendía que los recursos fueran entregados directamente a las madres, padres y tutores responsables de los menores.

Sin embargo, se consideró que las antiguas reglas de operación habían generado muchos beneficios para menores de edad y padres de familia, y por eso será posible que puedan quedar vigentes durante este año.

“Es evidente que con la implementación del [Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras], se han obtenido beneficios multidimensionales en favor de los menores, así como de las madres trabajadoras a partir de la exigencia de la calidad en la prestación del servicio de las estancias infantiles”.

De igual forma, en el Semanario Judicial se lee que durante 10 años las estancias infantiles funcionaron bajo reglas de operación que les permitieron no sólo ser subsidiadas, sino también especializar a su personal.

En consecuencia, las suspensiones otorgadas prevalecerán hasta que los jueces federales resuelvan si concederán o no los amparos solicitados.

De igual forma, la jurisprudencia aplicará para las estancias infantiles que tienen amparos en trámite y para las que en un futuro pudieran tramitarlo.

Como lo documentó EL UNIVERSAL desde principios de febrero, responsables de guarderías y padres de familia denunciaron la cancelación de este programa por parte del gobierno federal, el cual decidió ya no entregar recursos económicos a estos centros.

Sin embargo, en el país se tramitaron cientos de amparos promovidos por organismos de la sociedad civil y partidos de oposición.

El principal argumento que el gobierno federal presentó para la cancelación del programa fue la supuesta corrupción en la que existía atención para niños que recibían recursos pero que no estaban inscritos en las estancias infantiles.