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La autonomía es necesaria para que las universidades cumplan con su compromiso social, dijo Hugo Casanova Cardiel, titular del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.

Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemora el 90 aniversario de haber obtenido el reconocimiento oficial de su autonomía, plasmado por vez primera en su Ley Orgánica, expedida el 22 de julio de 1929.

Entrevistado en el marco del reconocimiento jurídico de la autonomía universitaria, Casanova Cardiel dijo a EL UNIVERSAL que si bien ésta forma parte de la vida de la institución, al inicio de un nuevo gobierno se tiene que remarcar y refrendar su vigencia para “que los actores políticos del país la conozcan”.

Espera que “de ninguna manera los poderes externos intenten intervenir en la vida de las universidades”, y considera que éstas no pueden abrir el acceso a más estudiantes “siguiendo una política gubernamental”, pues afectaría la calidad de los programas académicos.

¿Qué regula la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México?

—Las atribuciones de los diferentes actores que tienen que ver con la Universidad: quién decide qué y en qué medida los actores externos pueden intervenir en la vida universitaria. Hoy tenemos claro que la Universidad compete a toda la sociedad y al poder: no podemos reclamar que [haga] lo que se le ocurra, sino lo que requieren la sociedad y la nación.

¿Cómo está la autonomía de la UNAM en estos momentos?

—En permanente movimiento. Forma parte de la vida de la institución. Al inicio de un nuevo gobierno se tienen que remarcar los márgenes de decisión de los diferentes autores en torno a la Universidad. Esto no quiere decir que haya espíritu de confrontación o suspicacias, sino la necesaria toma de posición de los diferentes actores en cuanto a las grandes definiciones universitarias.

¿Afectan a la autonomía los recortes presupuestales y los intentos que se han dado de algunos congresos locales por intervenir en las universidades?

—Hubo errores de diseño que fueron corregidos en el presupuesto. En el caso de la UNAM fueron [resueltos] de manera adecuada. En cuanto a los amagos de algunos gobiernos locales, es una señal riesgosa y equivocada en injerencia en la vida institucional. Sin querer cargar la tinta hacia el partido mayoritario, quisiera pensar que se trata de errores de pericia política. Esperamos que de ninguna manera los poderes externos intenten intervenir en la vida de las universidades.

¿Se está cuestionando la autonomía de las universidades?

—La autonomía se desplaza y ese proceso de desplazamiento puede dar lugar a tensiones en la relación con los órganos de gobierno e incluso con el Estado. No estamos en momento de cuestionamiento, pero eso no implica que haya una garantía de que esto no se va a mover.

¿Qué opina de la política de ampliación de la matrícula que propone el gobierno federal?

—Todo eso estaría en el ámbito de la autonomía. Las instituciones tienen límites operativos, de acción y de espacio. No podríamos abrir el acceso de manera irrestricta siguiendo una política gubernamental. No proponemos oponernos de manera radical, pero necesitamos generar acuerdos y llegar a construcciones razonables entre las dos partes. La autonomía sirve para decirle al poder externo [que se tienen] posibilidades limitadas.

¿Qué representan esta exigencia y al mismo tiempo la restricción presupuestal?

—Existen retos para las universidades, y ese es uno muy grande. ¿Qué vamos a hacer si nos piden que abramos más lugares? Eso tiene que ver con la autonomía. No podríamos oponernos de una manera radical, pero tendríamos que plantear las razones para seguir o no los lineamientos del poder.

¿Es un tema de recursos?

—También uno multifactorial y de política. ¿Cómo podemos dar acceso, a cuántos más, desde políticas de crecimiento y atención? Es un tema de cumplimiento de criterios de calidad académica.

Si se abre de manera indiscriminada la UNAM, ¿se reduciría la calidad académica?

—La atención de los profesores a los alumnos podría decrecer: no tenemos todos los que se necesitan para un crecimiento exponencial. Podríamos permitir un crecimiento de 10%, que nos apretaría, pero no nos ahogaría; sin embargo, uno que fuera más allá no se podría, por los profesores y los esquemas físicos de la Universidad.

¿Cree que esta exigencia es una afrenta contra la autonomía de las universidades?

—No quisiera abonar en el sentido de que este gobierno nos está acosando. Si las universidades tienen riesgos, hay que reconocer que este gobierno nos está respetando.

¿Hay que contarle al gobierno de qué trata la autonomía para que este acoso no ocurra?

—A todos hay que decírselo cada vez que se pueda. Muchos hombres del gobierno federal son egresados de las universidades públicas, pero no son estudiosos de éstas ni están tan metidos en ese ambiente. Por ello es relevante que desde las instituciones recordemos a la sociedad y a quienes ejercen en el poder la importancia de la autonomía.

¿Se utilizan los problemas de las universidades para cuestionar la autonomía?

—No encuentro ese vínculo. Hay problemas importantes que debemos atender, como la inseguridad, que no es de las universidades, sino del país. Cuando se los achacamos a una institución o funcionarios, estamos contribuyendo a la mala apreciación de las universidades. Esto no tiene que ver con que la autonomía sea vulnerada. Hace tiempo la autonomía era vista como extraterritorialidad, pero hemos ido abandonando esta idea estrecha y primitiva. Los campus universitarios no son ajenos al espacio público del país y no tendríamos que mezclar la autonomía. El tema de los recursos sí tiene que ver con la autonomía, de que la institución puede disponer o no de ellos.

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