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Senadores de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a solicitar licencia al cargo luego de que revelaran las conversaciones telefónicas presuntamente sostenidas con funcionarios de Estados Unidos.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado de la República, dijo que hay que entender cuál es la gravedad de lo que ha sucedido. “Primero, ella ya reconoció la autenticidad de esos audios, en los que se confirma, uno, que le quitaron la visa, y a ningún gobernador se le retira la visa si no hay elementos de altísima gravedad.
“Segundo, hay un audio en donde ella está ofreciendo entregar información confidencial del Estado mexicano obtenida en las mesas de seguridad a cambio de obtener impunidad”, dijo en entrevista el legislador albiazul.
Lamentó que desde la conferencia mañanera en una misma frase, por un lado, se diga que no está claro con quién habla, pero en la misma frase se le exonere.
“Esta es una absoluta contradicción. Nosotros lo que exigimos es, primero, que pida licencia de inmediato y, segundo, que se abra una carpeta de investigación por traición a la patria”, apuntó.
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, señaló que la gobernadora de Baja California debe comparecer ante la FGR y rendir cuentas.
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“Morena ya no puede ocultar la crisis que vive. Cuando sus propios funcionarios empiezan a buscar cómo salvarse es porque el barco se está hundiendo”, explicó.
La senadora del PRI Claudia Anaya destacó el posible incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. Citó el artículo 70 de esa legislación, que obliga a los servidores públicos que sostengan reuniones con agentes extranjeros a notificar previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitir la presencia de un representante de esa dependencia y rendir un informe detallado al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Expuso que, de acuerdo con el contenido de la llamada, la gobernadora habría sostenido diversos encuentros con agentes extranjeros, por lo que debe verificarse si cumplió con esos requisitos legales. Aunque evitó exigir directamente su renuncia, insistió en que es indispensable abrir una investigación formal y criticó que el secretario de Seguridad federal descartara irregularidades sin revisar el marco jurídico aplicable.
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Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que en el gobierno federal en el caso de la gobernadora de Baja California existe “un doble rasero” respecto al caso de Maru Campos, a quien se le trató de acusar de traición a la patria.
En rueda de prensa, expuso que en el caso de la mandataria bajacaliforniana “hay, digamos, una violación a la ley, como fue el caso de la Ley de Seguridad Nacional”, pero aquí no se habla de renuncia ni de traición a la patria.
“Me parece gravísimo lo que se ha ventilado en el caso de la gobernadora de Baja California. No podemos hacer como que no pasa absolutamente nada, por lo que le exigimos una puntual explicación, no de la llamada telefónica, sino de la situación en la que está. Y estaría obligada a comunicar oficialmente cualquier tipo de entendimiento o encuentro con autoridades extranjeras”, dijo.
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