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El Senado de la República aprobó un dictamen con la intención de establecer que las autoridades educativas y las instituciones públicas o particulares que formen parte del Sistema Educativo Nacional no puedan emplear, difundir o distribuir la imagen, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales, en cualquier medio físico o digital.
Lo anterior, expone el documento, sólo podrá exceptuarse cuando se cuente con la autorización previa, expresa, informada y por escrito de madres, padres, personas tutoras o de quienes ejerzan la patria potestad.
Este dictamen, que adiciona el artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, se aprobó con 101 votos. Plantea que dicho consentimiento podrá ser revocado de forma libre en cualquier momento, sin que ello implique afectación alguna a los derechos o a la situación escolar de quien se trate.
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Prevé que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita el instrumento jurídico necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo.
Esta última reforma, señala el dictamen, prioriza la dignidad humana y la seguridad de niñas, niños y adolescentes sobre cualquier interés mercantil, y armoniza nuestra legislación con los más altos estándares internacionales de protección a la infancia.
Al elevar la prohibición a rango de ley en materia educativa, subraya, se dota de certeza jurídica a las familias y se establecen límites claros para las autoridades escolares, garantizando que ninguna normativa interna o reglamento escolar pueda estar por encima del interés superior de la niñez.
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Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación, indicó que muchas instituciones educativas, principalmente del sector privado, usan la imagen de sus estudiantes como herramientas de marketing y publicidad para atraer matrícula, sin un consentimiento informado de madres, padres o tutores.
Señaló que las escuelas son espacios de aprendizaje, desarrollo y convivencia, no son agencias de publicidad y los estudiantes no son insumos para el posicionamiento comercial de una marca.
El uso lucrativo de su imagen, sin regulaciones estrictas, implica una cosificación de la infancia, situación que el Senado no puede ignorar, subrayó.
El dictamen pasa a la Cámara de Diputados.
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dft/bmc
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