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Debido a la falta de acuerdos en la bancada de Morena, así como de las observaciones que llegaron de las secretarías de Gobernación (Segob) y Salud (Ssa), y de las organizaciones civiles, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado decidió cancelar el debate de la regulación de cannabis en comisiones.

Los temas que atoraron el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, específicamente por su presidente, el senador Julio Menchaca (Morena), son los relacionados a la plantación, producción, distribución, portación, comercialización, concesiones y riesgos a la salud.

La Comisión de Salud ya trabaja en un dictamen paralelo que recoja las observaciones de Gobernación y Salud, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), puesto que desde el Palacio de Cobián hay señalamientos de que no se contempló en el dictamen de Menchaca Salazar la iniciativa de la exsenadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Eso, sumado a que las organizaciones sociales y civiles como México Unido contra la Delincuencia, La Discapacidad no une, y #RegulaciónporlaPaz, entre otras, han acusado de que el dictamen de la Comisión de Justicia beneficia a las transnacionales canadienses, al hablar de que los campesinos mexicanos deberán cultivar semillas del extranjero y no nativas, lo que impide el desarrollo de sus comunidades y que sigan sujetos a la delincuencia organizada.

Además de que el dictamen no contiene la necesaria armonización de la Ley General de la Salud y el Código Penal, señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recomendaciones que calificaron de cruciales y determinantes para vislumbrar los efectos legales de la norma propuesta, pues no especifica cómo se materializará la descriminalización de los usuarios, ni menciona la capacitación de los cuerpos policiales y del sistema de procuración de justicia para cesar la persecución, acoso y extorsión con el pretexto de investigar la posesión de marihuana, dijo la organización #RegulaciónporlaPaz.

Mientras que La Discapacidad no une consideró como discriminatorio sujetar el derecho al aprovechamiento de la planta y sus derivados a la capacidad jurídica, con base en criterios descontextualizados y no convencionales, ya que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido el derecho a la capacidad jurídica (de goce y ejercicio) de las personas con discapacidad, que en el Código Civil y legislación no actualizada se les sigue nombrando “incapaces”.

“El presente dictamen restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación, a elegir su tratamiento terapéutico y a ser parte de manera legal del mercado de cannabis”, se lee en la carta del colectivo nacional.

México Unido Contra la Delincuencia, por su parte, presentó seis cambios al dictamen: eliminar el requisito de registro para las personas usuarias, las disposiciones para la adquisición de semillas; remover las pruebas de testado y trazabilidad, por crear barreras a los campesinos al mercado lícito; adecuar los requisitos de empaquetado; eliminar contar con licencia para realizar autocultivo y las verificaciones; quitar las alusiones a la ilicitud y una despenalización efectiva al modificar el artículo 198 del Código Penal Federal.

“No sólo es necesario cumplir con los plazos que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es indispensable aprobar una regulación adecuada para México, completa, balanceada, cuidadosa, inclusiva y evaluable. Exhortamos al Senado de la República a no perder la oportunidad histórica de corregir los errores del pasado y regular bien”, refirió la organización.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que se aplazará subir el dictamen al pleno esta semana, debido a que no se logran los consensos que hagan posible su aprobación, por lo que seguirá la discusión en el interior de las comisiones y de las bancadas.

“Marihuana es un tema que vamos a esperar a serenar los ánimos. Es importante darle un compás de serenidad para revisar bien la ley, los estándares internacionales y no aceptar ningún tipo de presiones ni influencias indebidas. [El dictamen] sí funciona, pero puede mejorarse, por lo que no es el definitivo”, dijo.

Monreal Ávila afirmó que confía en la honestidad de los senadores involucrados, por lo que pese a las presiones la Cámara Alta definirá de manera libre y autónoma, “así ha caminado y no será la excepción”.

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