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Además de evaluar el crecimiento económico y manejo de variables financieras, las calificadoras han señalado a la corrupción y violencia como los factores que limitan el desempeño de México.
El 31 de octubre pasado, a unos días del inicio de la nueva administración, Fitch Ratings cambió a negativa la perspectiva de la nota crediticia de México, consecuencia de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
En el ajuste, en el que la calificadora ratificó en BBB+ la calificación del país, argumentó que las calificaciones se apoyan en una económica diversificada y su historial de políticas económicas disciplinadas.
El mismo día, Standard and Poor’s advirtió sobre riesgos para el país por cambios abruptos en las políticas del nuevo gobierno; pero, mantuvo sin cambios su calificación crediticia.
“Sin embargo, una tasa de criminalidad persistentemente alta [incluyendo delitos violentos] y una frustración generalizada sobre corrupción en todos los niveles del gobierno ha generado un costo económico y político”, indicó la agencia.
Por su parte, Moody’s, calificadora con la nota más alta para México, ubicada en A3 con perspectiva estable, señaló a la inseguridad y corrupción como grandes retos para el país. Destacó la estrategia por combatir el huachicoleo y explicó que de ser positiva la medida, podría reducir la presión financiera sobre Pemex.
Sin embargo, la calificadora ha puntualizado los efectos en grandes empresas en México por factores como corrupción e inseguridad.
“En 2017, las tasas de delincuencia récord se hicieron sentir en empresas como Grupo México, que sufrieron interrupciones operativas o gastaron más en seguridad”, señaló.
