Tijuana: “Aquí se puede matar y desaparecer, y no pasa nada”

Nación 15/02/2020 00:01 Tijuana Gabriela Martínez Actualizada 21:15
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TIJUANA.- Luis Guillermo cava. Empuña con todas sus fuerzas la pala y recorre las colonias de Tijuana cada semana, aprendió a conocerlas como si fueran las venas de su brazo y lo hace porque no tiene otra opción: de él y su esfuerzo depende encontrar a sus dos hijos desaparecidos, de los tres que son su familia.

Para él cada cuerpo que localiza semienterrado en algún cerro abandonado, de esos que abundan desperdigados en medio de la ciudad o a sus orillas, es un rezo para encontrar a su sangre.

La muerte se esconde donde “empieza la Patria”, como reza el lema oficial del escudo del municipio, esta es la ciudad con más homicidios con arma de fuego de todo el país: 1,031 asesinatos de enero a agosto de 2019, refiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Cerros de Tijuana, lugar de búsqueda de José Antonio y muchos familiares de desaparecidos.

Y son los que alcanzan a ser encontrados porque hay otros de los que no se sabe nada, que están enterrados en algún cerro, bajo los escombros, envueltos entre cobijas o harapos; o los que jamás serán hallados porque terminaron en algún tambo bañados en ácido, como explica José Fernando Ortigoza, secretario de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California.

Han pasado dos años desde que desapareció Eskarlet, la hija de Luis Guillermo, y un año desde que se llevaron a su hijo Inri. Ese tiempo ha sido de ir y venir entre las comandancias de la Policía local y los pasillos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJEBC), un edificio blanco, de remodelaciones que nunca terminan, con cajas y archivos viejos, empolvados, arrumbados en pasillos que parecen serpientes de concreto y loseta.

Guillermo es padre buscador, un sabueso que busca rastros que lo lleven a sus hijos y los responsables de su desaparición.

Un patrimonio perverso

Luis Guillermo dice que su error fue creer que Delicias era un lugar para construir su patrimonio, un fraccionamiento al sureste de la ciudad, enclavado entre cerros de la periferia de Tijuana. Hace 20 años la zona se encontraba despoblada, parecía ideal para una vida tranquila, y así fue por un tiempo. Pero las promesas de edificios departamentales con calles privadas y escuelas cercanas nunca se cumplieron.

Ahora, este fraccionamiento es más bien un hoyo negro en las ciudades más importantes del país, dónde los crímenes tienen lugar a plena luz día y parece más fácil comprar una dosis de crystal que un kilo de tortillas. “Un foco rojo por el consumo y distribución de droga”, reconoce el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría estatal en entrevista para este trabajo. Al negocio del narcomenudeo,  reconoce, le siguen los asesinatos y los robos, y cada uno de esos delitos queda impune.

Expulsados de su casa por amenazas cumplidas.
 
Luis Guillermo y su familia se mudaron a un departamento justo a dos calles de una escuela y frente a una tienda de autoservicio. Una pequeña banca asentada en la parte trasera de su casa, sobre tierra seca, se convirtió en un punto de venta para comprar droga. A diario y a cualquier hora.

Una madrugada a él y su esposa los despertaron los ruidos que atravesaban su ventana. Con sigilo se acercaron a la ventana para ver, primero un ojo y luego el otro, apenas con medio rostro para despistar. Presenciaron cómo hombres desconocidos se pasaban pequeños paquetes, de mano en mano, desde un carro estacionado hasta dentro de unas casas.

Así fue como sus hijos, sin querer, se fueron relacionando con este ambiente del que no pudieron escapar, dice Guillermo.

Difícilmente podrían evitarlo en Tijuana, una de las tres ciudades donde más droga corre por las calles, según los fríos número del SNSP, que refiere 3 mil 970 investigaciones por narcomenudeo, de enero a agosto de 2019, guardadas en las viejas cajas que hacen la “serpiente” de concreto en la Procuraduría.

Sólo Ciudad Juárez, en Chihuahua, y León, en Guanajuato, le superan con 4 mil 611 y 4 mil 239 investigaciones, respectivamente.

Y si hay vendedores en las calles es porque hay consumidores:  Baja California es el estado donde más personas consumen anfetaminas, es decir drogas sintéticas, de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Drogas.

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Las Delicias iban a ser un patrimonio pero terminó siendo un centro de narcomenudeo.

Siendo menor de edad, Eskarlet inició una relación con un joven que vivía en ese fraccionamiento. Sus padres lo conocían pero no sospecharon que estuviera involucrado en actividades ilícitas. Ambos salieron a pasear un día de febrero de 2017 y ya no regresaron.

Reportaron la desaparición, pero no hubo respuesta de las autoridades. Luis Guillermo inició su propia investigación y descubrió que su yerno se había involucrado en la venta de droga y que ella, su sangre, “estuvo en un mal momento, un mal lugar. Tuvo un golpe de mala suerte”.

Toda la familia se involucró en la búsqueda, pero un año más tarde desapareció su hijo Inri, de 19 años, en octubre de 2018. Dijo que iba al supermercado por cigarros. Llegó, compró y se fue, pero nunca regresó a casa.

Fraccionamiento Delicias, bajo control de los criminales.

En la Procuraduría estatal, de enero a agosto de 2019 fueron reportadas mil 166 personas desaparecidas, revela el subprocurador Guerrero Castro. Según esta autoridad 60% resultaron ser ausencias voluntarias, “como cuando la novia se va con el novio”, ejemplifica el funcionario. Del resto se desconoce su paradero.
Quienes continúan ausentes, se sospecha, podrían estar abandonados en alguna fosa clandestina o en el panteón municipal, a donde llevan los cuerpos de las personas que no fueron identificadas. En los últimos cinco años la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California ha reportado a la Procuraduría estatal el hallazgo de 73 predios con enterramientos clandestinos.

Por eso las familias de quienes no aparecen se adueñan de las calles y recorren cualquier rincón para investigar los casos y encontrar a sus hijos, a sus padres, esposos o hermanos, afirma el activista José Fernando Ortigoza, portavoz de la asociación.

De 500 casos documentados, 80 por ciento están en la procuraduría local y el resto en la Fiscalía General de la República (FGR), pero apenas el 1% de las investigaciones han sido resueltas.

“La impunidad es lo que duele”, dice José Fernando Ortigoza, quien también busca a su hijo desaparecido desde enero de 2014. “No sabemos dónde están ni qué les pasó, pero lo que haya sido es porque no hay ley, porque aquí se puede matar y desaparecer a una persona y no pasa nada”.

Según el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, que realiza el World Justice Project (WJP), Baja California ocupó el lugar número 19, de las 32 entidades, con 0.41 puntos, en una escala del 0 al 1, donde 1 representa un mayor apego al Estado de Derecho. En uno de los ocho factores que componen el Índice, Orden y Seguridad, la entidad pasó de un puntaje de 0.25 en 2018 a 0.19 en 2019-2020, lo que explicaría su caída del lugar 7 que ocupó en 2018, al sitio 19 de la edición más reciente. Este indicador incluye cifras de homicidios, de prevalencia e incidencia delictivas y de percepción de seguridad de los ciudadanos.

El subprocurador Miguel Ángel Guerrero Castro explica que en el caso de Eskarlet e Inri la línea de investigación apunta hacia el narcomenudeo y durante los últimos meses obtuvieron información que les hace pensar que podrían estar enterrados en las inmediaciones del fraccionamiento donde vivían: Delicias.

En julio de 2019 desenterraron seis cuerpos en esa área y uno de los cadáveres pertenecía a una mujer, sin embargo, la prueba de genética descartó que se tratara de Eskarlet.

Para el funcionario, la única manera de alcanzar un Estado de Derecho y evitar delitos de alto impacto -como la desaparición- es a través de una política de prevención que termine con el consumo de drogas, un trabajo de salud y un sistema que ataque a la industria de las drogas.

“Más que pensar en detener a un vendedor de drogas, que a las 72 horas sale porque la Ley así lo dice… porque lo que hacemos es ir y meter (a la cárcel) a 20 o 30 vendedores, pero siguen los homicidios, desaparecidos y la venta de droga. Es como un reciclaje, no salimos de ahí, no cambiamos la forma de hacer las cosas”, reconoce el funcionario.

Luis y su esposa aún buscan a sus dos hijos, al tercero lo mandaron lejos para protegerlo y “verlo crecer”. Han dejado el departamento que sería su patrimonio en Delicias y su inversión de 700 mil pesos.

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Sueños destruidos en Delicias. Foto: Iván Gallardo.

La violencia terminó por desplazarlos, ahora viven del otro lado de la ciudad, en un espacio prestado y amenazados por los grupos criminales que les han jurado que si regresan, “podrían sufrir un accidente”.

“No piensas que estas cosas le puedan pasar a tu familia. Mi idea era vivir con mi esposa y mis hijos en el lugar que compré. Ahí los miré crecer, jugar y sonreír”, dice con desconsuelo Luis Guillermo.

A la fecha, no hay ningún detenido por la desaparición de sus hijos y Baja California tiene cuatro de los 50 municipios más violentos del país: Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Ensenada.

 



Acerca del autor:
Gabriela Martínez Estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Se especializa en temas de seguridad, justicia, derechos humanos y migraciones. Es corresponsal en Baja California del periódico El Universal y productora de campo para medios locales e internacionales. @MissJournalist

 
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