Ante militarización de seguridad pública, Judicatura pide más recursos

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) advirtió que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, las reformas penal, fiscal y anticorrupción de esta administración, han generado un incremento en la carga de trabajo de sus juzgadores, razón por la que solicitó un presupuesto 3.7% mayor al aprobado el año pasado.

En total el Consejo de la Juducatura Federal (CJF) solictió 64 mil 44 millones 622 mil 895 pesos de los 72 mil 429 millones 339 mil 460 pesos propuestos para todo el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Debido a la aprobación por parte de esa Soberanía de diversas reformas transformadoras, a la nueva estrategia de combate a la delincuencia organizada, con el funcionamiento de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y prisión preventiva, y de la implementación del nuevo sistema de justicia para adolescentes, se estima que la carga de trabajo aumentará significativamente para el 2021”, señala el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 .

En su proyecto, el CJF indicó que el incremento en su presupuesto se debe a que prevé destinar 657.7 millones de pesos para atender este incremento en su carga de trabajo mismo que, explicó, derivó de la presencia del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública.

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Pues con su integración a la Guardia Nacional , se judicializan más asuntos derivados de los operativos, detenciones y puestas a disposición de la autoridad ministerial que los elementos castrenses y marinos realizan, por lo que prevé destinar 117.1 millones de pesos a este rubro.

Añadió que la reforma constitucional, impulsada por la presente administración, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, implica un aumento significativo en los asuntos que atienden los Centros Federales de Justicia Penal, por ello, para 2021 prevé la instalación de 19 Centros para lo que requerirá destinar 339 millones de pesos.

“La estrategia de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de solicitar más órdenes judiciales para mejorar la integración de los casos que eventualmente someterán a sede jurisdiccional, ha hecho indispensable el fortalecimiento del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, cuya operación implica un costo anual de 201.6 millones de pesos”, detalló.

Añadió que la aprobación de la Ley de Amnistía y el aumento de solicitudes de beneficios preliberacionales derivados de la pandemia del Covid-19 , cuyos efectos se proyectarán el próximo año, han evidenciado la necesidad de contar con más jueces de ejecución para los procesos penales iniciados antes de la implementación del nuevo sistema.

Por ello, prevé crear 43 nuevas plazas de Juez de Distrito entre las cuales se asignarán algunas a esta materia, como parte del Programa de Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

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