Preocupa a CIDH y ONU ley para Ejército

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, que regula la actividad del Ejército.

La CIDH explicó en un comunicado que su “preocupación” por el proyecto se debe a que “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, por lo que instó a que se modifique para “evitar la militarización” de la seguridad pública.

Según el organismo, la medida de normalizar la presencia del Ejército como garante de la seguridad por lo regular “viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

Reiteró su determinación de que es “fundamental la separación clara y precisa entre seguridad interior”, que debe estar en manos de la policía, y “seguridad nacional”, función que corresponde al Ejército.

“La distinción entre las funciones que les competen a las Fuerzas Armadas resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”, aseguran desde la comisión.

La CIDH recordó que recomendó al gobierno mexicano que desarrollara un “plan concreto” para retirar al Ejército de las calles y de la tarea de seguridad pública, con un programa que a su vez fortaleciera las capacidades de la policía en ese ámbito.

Relacionó la actividad militar en la vida civil con el auge de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y altos niveles de impunidad.

Por separado, Jan Jarab, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, envió una carta al Senado en la que expresó su “profunda preocupación” ante lo que considera una iniciativa en detrimento de esas garantías.

Pidió a los legisladores debatir a profundidad la ley, debido a que no incluye un esquema para fortalecer a las policías, controles al poder militar ni medidas de transparencia para que las Fuerzas Armadas rindan cuentas sobre su labor en las calles.

Señaló que esa minuta “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos” y no aportaría soluciones reales para retos en seguridad.

Planteó 14 “puntos de preocupación”, los cuales insta a los senadores a debatir, y ofreció su asesoría.