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Cinco mil migrantes centroamericanos se han acercado en los últimos tres años a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para solicitar apoyo médico, sicológico y asesoría jurídica en su trayecto por México hacia Estados Unidos.

De ellos, precisó el titular del organismo Jaime Rochín, sólo 300 fueron inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), debido a agresiones del crimen organizado y violaciones a sus derechos humanos.

Rochín del Rincón alertó que los delitos y abusos contra los migrantes, en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, siguen ocurriendo a “niveles alarmantes”, pero muchos de ellos no denuncian por temor a ser deportados por el Instituto Nacional de Migración.

“No confían en acercarse a las autoridades mexicanas y quedar inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, porque muchas veces no tienen papeles y les da miedo que a través de este registro puedan ser detectados, por decirlo de alguna manera, por lo que nosotros les respetamos ese derecho a los migrantes”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rochín aseguró que los albergues del sureste han observado un “grado más intenso de violencia” en los casos que documentan durante su estancia.

“Hay muchos casos en los que se detecta que determinadas autoridades, ya sea locales o federales, privan de la libertad a los migrantes de manera ilegal. Son los mayores casos que tenemos”, subrayó.

El comisionado precisó que a la fecha la CEAV ha atendido 64 casos de privación ilegal de la libertad de migrantes originarios de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Colombia.

También, 56 casos de ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Brasil víctimas de la delincuencia organizada y 25 de El Salvador, Guatemala y Honduras víctimas de trata de personas.

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