Las redes muestran el rostro del feminicidio

Lesvy, Valeria, Jessica, Anayetzin y Mara son mujeres menores de 30 años y estudiantes que murieron, presumiblemente en su mayoría a manos de sus parejas sentimentales; en otros casos fueron hombres quienes abusaron de la cercanía con ellas y que en su conjunto despertaron la indignación de la sociedad por el incremento de la violencia contra ellas y la impunidad con la que son tratados estos temas, lo que los ha convertido en casos paradigmáticos, expuestos en las redes sociales, como caja de resonancia para ejercer presión y se haga justicia, advirtieron especialistas.

Las cuatro mujeres y la niña que murieron en los últimos meses tenían en común ser alumnas o haber concluido sus estudios recientemente, haber tomado un transporte, haber sido violentadas y ser asesinadas ante la presencia o a manos de sus parejas.

Según el Inegi, 47 de cada 100 mexicanas de 15 años y más que ha tenido al menos una relación de matrimonio o noviazgo ha sido agredida por su actual o última pareja. Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

Para Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), los casos como los de Valeria, Lesvy o Mara han sido muy visibles por la cobertura mediática que se les ha dado, así como por la empatía que despertaron entre la sociedad por la forma en la que fallecieron.

“Han despertado la indignación de la sociedad por las condiciones en las que fueron asesinadas, por lo cercanas que fueron sus muertes, se trataba de estudiantes y eso indignó a grupos universitarios, lo cual se replicó a otros sectores de la sociedad”, dijo.

Destacó que la violencia en contra de ellas se ha incrementado en los últimos años, puesto que de enero de 2015 a diciembre de 2016 se han registrado 2 mil 83 homicidios contra ellas en 15 entidades del país y sólo 25% se investigan como feminicidio; en la Ciudad de México en 2016 se registraron 152 casos, en lo que va de 2017 se han contabilizado 87.

Explicó que la falta de información desagregada impide dimensionar la proporción del problema y establecer si existe un perfil sobre las víctimas, así como una tendencia; señaló que hay estados que no proporcionan datos, puesto que ni siquiera los clasifican como feminicidios. Consideró que la impunidad es un factor que está detonando la ejecución de estos ilícitos, puesto que los casos no han sido esclarecidos; advirtió que el gran reto es trasladar la indignación que ha manifestado la sociedad a las instituciones y exigir a las autoridades garantizar la seguridad de las mujeres.

Fallas la protección

Eruviel Tirado, investigador de la Unidad de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, argumentó que el Estado falla en garantizar la seguridad hacia las mujeres y en implementar políticas de prevención de la violencia. “Mecanismos como la alerta de género parecen quedarse en el papel porque no están funcionando, debido a que las medidas preventivas no se están tomando, puesto que el personal de las instituciones como ministerios públicos o procuradurías estatales no están capacitados para no revictimizar a las que acuden a denunciar un delito.

“Se ha tenido un avance al establecer mecanismos como la alerta de género, pero de poco sirve tener en el papel la prevención y protección de las mujeres, cuando todo este conjunto no está funcionando, los casos de feminicidios que nos hemos enterado en los últimos meses revelan la incapacidad del aparato de justicia”, subrayó.

Felipe Gaytán, investigador de la Universidad La Salle, comentó que las redes sociales han jugado un papel muy importante en la visibilización de los casos registrados en los últimos meses, al ser “cajas de resonancia” mediante las cuales se ha difundido la información y donde la población ha vertido su indignación, así como el “clamor de justicia”, puesto que en hechos como el de Mara prevalece una percepción en la que parece que “se castiga la libertad de ellas y que ejerzan sus derechos”. Destacó: “Como cualquier otra joven Mara salió de noche a una fiesta, subió a un taxi para llegar de forma segura a su casa, lo cual nunca ocurrió. El caso de Mara hizo a los estudiantes a la población en general movilizarse porque esa situación le pudo suceder a cualquiera”. Advirtió que el feminicidio es el punto extremo al que llega la violencia contra las mujeres, puesto que este sector de la población se encuentra cotidianamente expuesto a las agresiones en todos los ámbitos de la sociedad en el que pareciera que “se castiga la libertad”. Refirió que 43% de las mujeres han sufrido violencia emocional; 14 de cada mil 100 ha padecido alguna forma de violencia física y siete de cada 100 sexual.

Alerta de género insuficiente

Hasta julio de este año, la alerta de violencia de género se ha declarado en municipios de 12 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. Para Sandy Muñoz Miranda, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres no han tenido impacto en la población.

Indicó que falta sensibilizar a las autoridades en derechos humanos y en perspectiva de género; resaltó que la falta de una investigación adecuada de los asesinatos culmina en impunidad y no se sancionan a los delincuentes. “La alerta de género no tiene un gran impacto en los estados donde se ha declarado, es un mecanismo muy noble, porque busca impulsar políticas públicas en favor de las mujeres, pero la realidad es que los servidores públicos no atienden la alerta de género, no se ve ninguna mejora”, indicó.

Jorge Alberto Lara Rivera, experto en temas de seguridad de la Universidad Panamericana, consideró como un “punto ciego” la falta de información sobre los feminicidios. Dijo que se debe en gran parte a que el Ministerio Público no clasifica los homicidios bajo este concepto debido a que no logran recabar los suficientes elementos. Indicó que las muertes en ese marco ocurridas en los últimos meses se presentan en un contexto de “recrudecimiento de la violencia, lo que dificulta establecer con las cifras oficiales el incremento de la violencia contra las mujeres”.