Frenan juicio político de ex gobernador de Nayarit

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Un juzgado federal frenó la resolución del juicio político seguido por el Congreso de Nayarit en contra del ex gobernador, Roberto Sandoval.

Mediante una suspensión provisional decretada el 15 de mayo pasado, un juez de Distrito en materia Administrativa en el estado de Jalisco ordenó a los diputados no emitir resolución alguna en el juicio político iniciado contra el ex gobernador desde febrero de 2018 por abuso de autoridad, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

La medida no paraliza el proceso del juicio político, únicamente evita que los diputados locales emitan una sentencia hasta que se pronuncie sobre la suspensión definitiva.

“En caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa (…) se concede a Roberto Sandoval Castañeda la suspensión provisional de los actos reclamados, para el único efecto de que sin suspender el procedimiento, no se dicte la resolución definitiva.

“Las autoridades responsables tendrán plenitud de jurisdicción, así como sus facultades expeditas para desahogar todas y cada una de las etapas previas a los procedimientos relativos hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

El amparo, presentado por el abogado Juan Carlos Soto, establece que el ex gobernador es víctima de una persecución con tintes político-electorales en su contra.

El juez que concedió la suspensión provisional otorgó la medida a favor de dos ex colaboradores de Sandoval, quienes fueron sujetos a juicio político, Héctor Parra, quien fue director general del Fondo de Pensiones del estado de Nayarit y Roy Rubio Salazar, quien se desempeñó como titular de la Auditoría Superior local.

Incluso en el amparo promovido por Rubio Salazar el juez ordenó que se le otorgue el pago de 30% de su sueldo, aproximadamente 28 mil pesos mensuales, hasta que se resuelva el fondo de la demanda.

Esto, debido a que el ex auditor de Nayarit fue separado del cargo en octubre pasado al considerar que su nombramiento fue ilegal y favorecido por una notaría pública.