La Secretaría de Gobernación alista la iniciativa sobre desplazamiento forzado en el interior del país, la cual busca crear una ley general en la materia y el apoyo de los gobiernos locales.

La propuesta que prepara Gobernación junto con organizaciones civiles, que lleva un avance de entre 80% o 90%, va encaminada a dar visibilidad al desplazamiento interno y al crecimiento que ha tenido en el país en las últimas décadas.

Entre los temas que toca la iniciativa se ubican: que el Estado mexicano debe atender el desplazamiento forzado, particularmente de aquellos que lo hacen por la violencia provocada por grupos delincuenciales; las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno; establecer un trato humanitario, y la restitución y condiciones del retorno a sus comunidades de origen.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL que aun cuando no tienen definido si la propuesta saldrá del Ejecutivo, del Legislativo, a través de las bancadas de Morena, o bien de las organizaciones civiles e instituciones académicas, prevén que ésta quede lista antes de que termine el año, a fin de que inicie su discusión en el Congreso.

“Espero que a finales de este mes [octubre] tengamos una versión platicada con muchos sectores de la sociedad para que tenga soporte”, refirió a este diario.

Encinas Rodríguez indicó que la versión de la iniciativa está respaldada por las organizaciones civiles con la intención de que tenga un gran soporte, con la confianza de que los gobiernos de los estados también la acompañen, ya que es ahí, dijo, donde se tiene que enfrentar este problema de manera radical.

“La idea es que no sólo se presente con un respaldo importante, sino que se abra la discusión en el Congreso para que esta ley tenga un enorme respaldo social. Una vez que tengamos la propuesta la trabajaremos con las comisiones de Gobernación, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados”, agregó.

El pasado lunes 28 de octubre, el Observatorio de Desplazamiento Interno, una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, señalaba que el año pasado se registraron en México 11 mil nuevos desplazamientos masivos internos, la mayoría por la violencia generada por la delincuencia organizada.

Vicente Anzellini, coordinador del Informe global sobre desplazamiento interno del observatorio, explicó que los 11 mil casos se refieren a desplazamientos masivos, por lo que es preocupante que México no cuente con información oficial y desagregada.

“Evidentemente es una situación grave, por ser una figura incompleta con la cual contamos ahora mismo, especialmente porque si uno compara las cifras de un año a otro, a veces faltan para ciertos estados, en donde se sabe que hay eventos de violencia y, sin embargo, no podemos obtener desgraciadamente una cifra desagregada en cuanto al desplazamiento como tal”, indicó.

El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno refirió que en 2018 se registraron 338 mil desplazamientos, de los cuales 20 mil son por desastres naturales, y 11 mil por conflicto y violencia; además de que 72 es el número de desplazados internos que han progresado parcialmente hacia una solución duradera, y que mil 800 es el número de desplazados cuyo progreso hacia una resolución no puede verificarse.

Legislativo

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, en los últimos 10 años se han presentado 30 iniciativas referentes al desplazamiento interno en el país, entre las cuales se ubican propuestas para la creación de una ley general y facultar al Congreso para legislar en la materia.

De las 30 iniciativas, 17 están en estatutos de pendiente y 13 han sido desechadas. De las pendientes, cinco son de PRD; PAN y Morena suman cuatro cada uno; PRI les sigue, con tres, y el PT junto con Movimiento Ciudadano (MC), una.

Por el PRD se ubica la de Angélica de la Peña, en la que se busca reconocer los derechos y libertades de las personas víctimas de desplazamiento, misma que es muy similar a la presentada por Clemente Castañeda, de MC.

Entre las iniciativas del PAN, Morena y PT se ubican la de la senadora Kenia López, la del senador Salvador Jara y la de la diputada Maricruz Roblero, que tiene por objeto facultar al Congreso expedir leyes generales en la materia.

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