La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si el Estado debe pagar lo que un integrante del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo —que resultó lesionado durante el ataque a los normalistas de Ayotzinapa ocurrido en Iguala, Guerrero, en 2014— y su familia dejaron de ganar en todos estos años como producto del delito del que fueron víctimas.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá prevé presentar su proyecto mañana miércoles 18 de noviembre, el cual aún no es público, a sus compañeros en la Primera Sala.

Con su resolución, la Corte deberá aclarar si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está obligada a entregar el pago de un concepto conocido como lucro cesante a un integrante de Los Avispones de Chilpancingo y cinco de sus familiares que fueron reconocidos como víctimas directas e indirectas de los hechos de Iguala que dejaron como saldo la desaparición de 43 estudiantes normalistas.

El lucro cesante se refiere al pago que realiza el Estado o los responsables del delito a las víctimas directas e indirectas de los salarios o percepciones que dejaron de recibir cuando se genere alguna incapacidad para trabajar como consecuencia del delito o violación a los derechos humanos que sufrieron.

El pleno de la CEAV decidió asignarle a las víctimas un asesor jurídico para dar seguimiento al caso, ordenar que les otorguen atención médica, sicológica o siquiátrica a todos hasta que estén rehabilitados, la entrega de un reconocimiento en las instalaciones del Polideportivo Chilpancingo tanto a los jugadores como al equipo técnico de Los Avispones y el pago a cada una de las víctimas directas e indirectas de una compensación por el daño físico ocasionado en 2014.

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