Propone PRI facultar al INEE ante la Corte

Diputada busca que el instituto presente acciones contra leyes; también prevé dar esa potestad a minorías en los Congresos

En la Cámara de Diputados, la fracción priísta impulsa que el INEE pueda promover acciones contra leyes que vulneren la educación en México. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Nación 03/11/2018 02:44 Alejandra Canchola y Horacio Jiménez Actualizada 02:55
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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados alista facultar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para que presente acciones de inconstitucionalidad contra leyes del próximo gobierno que “vulneren” la educación en México.

En una iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política, los priístas proponen que el INEE tenga la oportunidad de presentar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), partiendo de que otros órganos autónomos también pueden hacerlo.

En la iniciativa señalan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) son organismos autónomos que pueden interponer la acción de inconstitucionalidad con respecto a leyes federales o locales.

“A pesar de eso, actualmente existen algunos que, si bien pueden tener interés en interponer acciones de inconstitucionalidad, no se encuentran facultados. Tal es el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, precisan.

De aprobarse la reforma, quedaría añadido el inciso E a la primera fracción del artículo 105 constitucional, para que el INEE interponga recursos contra leyes de carácter federal, local o tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, “que vulneren los principios que rijan la educación en México”.

En la misma iniciativa, los priístas prevén dar esa facultad también a las minorías del Congreso de la Unión, a través de la reducción del porcentaje requerido de representación en ambas Cámaras federales y las locales. Tal como está la legislación, se necesita 33% de la representación de la Cámara de Diputados, del Senado de la República o alguno de los Congresos locales para que la Corte admita el recurso de echar atrás alguna legislación o acuerdo internacional que se contraponga con la Constitución.

En la iniciativa que impulsa la diputada Claudia Pastor Badilla, recuerdan que la reforma impulsada en 1994 tuvo como objetivo que se le diera esa facultad a las minorías del Congreso; sin embargo, con la creación de nuevos partidos políticos, el número de representación ha disminuido.

“Los porcentajes (...) oscilan entre 10%, 15% y 20%, porque se advierte que en un Congreso plural las minorías deben tener la suficiente posibilidad de impugnar leyes que se consideran inconstitucionales. Eso no ocurre en México”, señalan.

Con la propuesta, el PRI plantea que se reduzca de 33% a 15% en la Cámara de Diputados, y a 20% en el Senado y los Congresos locales, lo que daría a la fracción del PAN en San Lázaro la posibilidad de aplicar la herramienta contra alguna legislación aprobada por la mayoría —que estará en manos de Morena—, sin necesidad de establecer alianza con otras expresiones políticas.

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