La bancada del en el Senado presentó una iniciativa que busca blindar los recursos y programas de salud, como las vacunas, tratamientos y medicamentos para no ser utilizados con fines políticos, electorales o la promoción personalizada de funcionarios.

Argumentaron que la asignación adecuada de recursos presupuestales a educación, salud e infraestructura contribuye a reducir las disparidades sociales y económicas, promoviendo la igualdad de oportunidades para las y los mexicanos, señalan senadores del Grupo Parlamentario del PRI.

En una iniciativa de reformas a los artículos 19, 58 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los legisladores del PRI aseguran que la asignación y gestión responsable de recursos a estos rubros son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana, y su desvío o devolución a la federación representa un desperdicio de oportunidades y una amenaza para la estabilidad y crecimiento del país.

“Devolver recursos no utilizados a la federación implica un desperdicio de fondos que podrían destinarse a proyectos y programas en beneficio de la sociedad. Los recursos devueltos no están disponibles para hacer frente a contingencias o emergencias futuras, lo que pone en riesgo la capacidad del Estado para responder a crisis inesperadas, como la pandemia de COVID-19”, sostienen en su iniciativa.

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Expusieron que la opacidad en la gestión de recursos permite desvíos y malversaciones, socavando la confianza de la sociedad en las instituciones gubernamentales.

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En este sentido, los priistas sostienen que el gobierno federal debe garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, permitiendo a la sociedad seguir de cerca cómo se asignan y utilizan los fondos en educación, salud e infraestructura.

Por ello proponen en su iniciativa rechazar adecuaciones presupuestarias en los ramos de educación, salud e infraestructura, comunicaciones y transportes, cuando tengan por objeto destinar recursos a programas o dependencias distintos a las metas de cada sector y por ningún motivo podrán transferirse o destinarse recursos al cumplimiento de objetivos o programas de otras dependencias.

La promulgación de esta iniciativa de ley -añaden- ayudará también a prevenir y combatir prácticas corruptas, asegurando que los recursos sean utilizados para los fines aprobados y no desviados para intereses personales o políticos.

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