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El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para castigar con una pena de hasta 9 de años de prisión al servidor público que difunda imágenes de cadáveres de mujeres, mayores o menores de edad.
Las reformas al Código Penal Federal prevén sancionar este delito también con una multa de mil Unidades de Medida de Actualización , equivalentes a 96,220 pesos.
En la Gaceta Parlamentaria se destaca el objetivo es sancionar a la persona servidora pública que de forma indebida, difunda, entregue, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delitos.
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Mancera argumentó que en fechas recientes se ha dado cuenta de muertes en las que se han visto involucradas niñas, adolescentes y mujeres y que, lamentablemente, desde los primeros momentos de los hallazgos, ya circulan en redes sociales o medios de comunicación contenido sensible o relacionado con estos crímenes.
Indicó que desafortunadamente la difusión de este contenido como imágenes o videos va acompañada de encabezados que se encargan de llamar la atención de las o los espectadores, con el fin de narrar con lujo de detalle alguna situación violenta suscitada en el país.
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El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, dije que este tipo de contenido sensible se presentó en febrero de 2020, cuando se divulgó en redes sociales y medios de comunicación el cuerpo de una persona del sexo femenino víctima de feminicidio en la Ciudad de México.
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Expuso que en la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está establecido que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituye una lesión a la dignidad de la persona y la memoria de la víctima.
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Agregó que al sancionar y evitar las filtraciones y la exposición masiva ante los medios y redes sociales se busca:
Preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean revictimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra las mujeres, niñas o adolescentes y sancionar a las personas servidoras públicas involucradas en las filtraciones.
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Las modificaciones propuestas establecen que se impondrá de tres a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delitos.
La pena aumentará en una tercera parte, sí la información que se difunda se trataré de cadáveres de mujeres, mayores o menores de edad.
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